LA HABANA, Cuba. – “La felicidad en casa del pobre dura poco”, dice un popular refrán. Eso mismo pensaron los cubanos cuando el presidente Donald Trump puso en retroceso los cambios impulsados por su predecesor, Barack Obama, en lo relativo a la política hacia Cuba. El deshielo que hiciera renacer grandes esperanzas tanto en los ciudadanos de a pie como en los militares de alto rango, dueños de los sectores más rentables de la economía cubana, sufrió un brusco descenso que no ha dejado de agravarse desde que el mandatario tomara posesión de su cargo, el 20 de enero de 2017.
La nueva política, orientada fundamentalmente a eliminar el flujo de caudales hacia el emporio militar GAESA y fortalecer los nexos con el sector privado cubano, ha ido incorporando sanciones para limitar la capacidad de movimiento de las empresas controladas por la casta verde olivo. Ello ha comprendido desde las transacciones comerciales a gran escala, pasando por las restricciones a turistas estadounidenses para viajar a Cuba y la activación, por primera vez, de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton; hasta la limitación de remesas y visas de turismo, la supresión de vuelos regulares procedentes del país norteño y la eliminación de vuelos chárter hacia cualquier provincia, excepto La Habana, reduciendo drásticamente la entrada de divisas y bienes a la Isla.
Con la implementación del Título III de la Ley Helms-Burton, que permitiría a los antiguos dueños de propiedades confiscadas por el régimen demandar a empresas extranjeras que obtengan beneficios económicos por operar en o a través de las mismas, los proyectos de inversión extranjera se han visto seriamente afectados. A pesar del fallo de un tribunal norteamericano a favor de la cadena hotelera Meliá, y el repunte del turismo en la actual temporada alta, los números permanecen muy distantes de lo calculado por el régimen en su enjundiosa cartera de inversiones, donde se incluyen los lujosos hoteles inaugurados en fechas recientes, que continúan aguardando el tsunami de turistas estadounidenses.
El alud de sanciones ha frenado los intereses de empresas norteamericanas que durante años han estudiado con interés las posibilidades que ofrece el mercado cubano. Las aerolíneas, operadoras de cruceros y empresas de telecomunicaciones se han retirado del horizonte inmediato, hecho que ha obligado al régimen a manejar opciones mucho menos lucrativas con socios afines desde el punto de vista ideológico.
La política exterior de Washington hacia La Habana también se ha caracterizado por presentar fuertes denuncias contra las misiones médicas cubanas, tipificadas como trabajo esclavo ante Naciones Unidas, además de disfrazar el oscuro propósito de influir ideológicamente en la opinión ciudadana de países cuyos gobiernos simpatizan con el régimen comunista de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Los testimonios de médicos que han abandonado misiones y que desde Cuba son tachados de “desertores”, han revelado las segundas intenciones de la supuesta solidaridad desinteresada. En consecuencia, gobiernos como Brasil y Bolivia han dado por terminada la colaboración de los galenos cubanos, privando al régimen de miles de millones de dólares y limitando su influencia en la región.
Durante el gobierno de Obama, y después de la apertura promovida por el demócrata, la exportación de productos agrícolas norteamericanos a Cuba alcanzó la cifra de USD 700 millones; el turismo norteamericano llegó a representar, en 2016, casi el 50% del total que visitó la Isla; y según el Havana Consulting Group, Cuba recibió entre 2008 y 2018 alrededor de 30 mil millones de dólares por concepto de remesas familiares, una cifra impresionante, en su mayoría procedente de cubanos radicados en Estados Unidos. Es fácil colegir que las medidas de Trump han golpeado los puntos neurálgicos de una economía ya debilitada por seis décadas de mala administración y voluntarismo político.
La relación “pueblo a pueblo” llegó a tener su máxima expresión en el intercambio cultural y educativo, que si bien significó una fuente de ingresos para el sector privado, también operaba como una vía para diseminar, desde el oficialismo, falsas nociones sobre Cuba. Por otro lado, dicho intercambio se producía de forma desigual, pues mientras Estados Unidos concedía visas a los artistas del patio sin importar su grado de simpatía con el gobierno comunista, las autoridades cubanas se reservaban el derecho de admisión, refrendando que el deshielo se verificaría a su ritmo y bajo sus condiciones.
Para muchos, Trump ha equilibrado la balanza, impidiendo que cifras multimillonarias terminen en las arcas del régimen con el único fin de enriquecer a unos pocos, coartar los derechos civiles del pueblo cubano y exportar represión a otras naciones de América Latina. El respaldo a las dictaduras de Nicolás Maduro y Daniel Ortega por parte de La Habana ha provocado que las sanciones emitidas por la Casa Blanca se extiendan a la importación de petróleo venezolano, acción que ha colocado a la economía cubana al borde del colapso, obligando a un severo sistema de racionamiento del combustible para evitar afectaciones en los servicios básicos y el sector residencial.
Podría decirse que las nuevas políticas han afectado la actividad económica del conglomerado militar cubano; pero también han causado daños colaterales. El sector privado se ha visto severamente dañado, porque la economía se halla de tal modo subordinada al esquema político-ideológico que no hay manera de perjudicar a uno y ayudar a otro aplicando idénticas normas punitivas, razonables contra un régimen totalitario; pero nocivas para las micro empresas y negocios particulares que no pueden operar al margen del poder centralizado.
En materia de Derechos Humanos los sucesos se han conducido en línea opuesta a las aspiraciones de la Casa Blanca. En la medida que se ha recrudecido el cerco económico, ha aumentado la represión contra la disidencia interna, el activismo civil y la prensa independiente. La persecución se ha salido de sus círculos habituales para caer sobre cualquiera que critique duramente al régimen. El mensaje es claro: “si me aprietas, aprieto más”, y son los cubanos entonces quienes deben decidir si aceptan o no el garrote vil; pues resulta evidente que los dueños de Cuba no abrigan el menor interés en mejorar las condiciones de vida del pueblo, incluyendo la promoción del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
Ante la presión de Estados Unidos el régimen ha cometido lamentables errores, denigrando públicamente tanto a sus propios ciudadanos como a los emigrados, y criticando en otros la misma actitud que ha mantenido por décadas. De todo están enterados los cubanos que se sumergen en las redes sociales a la caza de ilusiones; pero en ese devaneo aparentemente apolítico han aprendido a conocer a su gobierno mucho mejor que a través de los noticieros, mesas redondas y declaraciones del MINREX.
Donald Trump no goza de la popularidad que despertó Obama; pero tampoco es tan rechazado como el régimen quisiera. Si algo quedó claro luego de la visita del demócrata en 2016 y su conciliador discurso ante la sociedad civil, fue la reticencia de la cúpula a aceptar un nuevo comienzo.
Para algunos expertos y buena parte de los cubanos, la mano abierta de Obama representó el jaque más efectivo al totalitarismo de Raúl Castro, que respondió con la retórica estúpida y hostil de siempre. El desprecio manifestado por el régimen en aquel momento de ilusión para los cubanos ha contribuido a socavar la imagen de ogro que hoy procuran endosarle a Trump, y el argumento de que Estados Unidos es el único culpable del actual estado de cosas.
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