LA HABANA, Cuba. – El Tribunal Municipal de Habana Vieja negó el acta de sentencia del rapero Denís Solís, solicitada por Vladimir Lázaro González Scull, su tío. De esta forma, las autoridades violaron la Instrucción 212 de 2011 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, la cual establece el derecho de todas las personas a obtener el documento legal donde se establece una sanción en su contra.
Recientemente, González Scull había presentado la solicitud de copia del acta del juicio oral de la Causa 170 de 2020, por la que resultó sancionado Denis Solís a ocho meses de privación de libertad, supuestamente por el delito de desacato.
Sin embargo, la presidenta del Tribunal Municipal de Habana Vieja le comunicó que “en los juicios sumarios todo es oral, nada es escrito”, a lo que Gónzalez Scull respondió con una nueva pregunta: “¿Eso es legal?”. Aprovechándose de su desconocimiento sobre leyes, las autoridades le respondieron que “sí, que eso estaba tipificado en la Ley”.
Ante las dudas, unos de los abogados del grupo de asesoría legal Cubalex, Julio Ferrer Tamayo, explicó a CubaNet en qué consiste la norma legal aludida en este caso.
“En el artículo 375 de la Ley de Procedimiento Penal queda establecido que hay que redactar un acta de sentencia y se explica todo lo que hay que consignar en ella”, señala el especialista. La ley también “precisa todo lo que debe ser llevado de manera escrita a esa Acta”, añade Ferrer.
El abogado de Cubalex aclara que se trata del mismo documento que debió ser enviado a la prisión. Si no, “¿cómo la prisión sabe la sanción y el delito?”, se pregunta.
La negativa que recibió el tío de Denis Solís es parte de las irregularidades legales de las que ha sido víctima el artista miembro del Movimiento San Isidro. Debido a la solidaridad que ha despertado, el rapero está siendo objeto de campañas de difamación en los medios oficiales, los cuales se empeñan en criminalizar su activismo vinculándolo incluso con acciones terroristas, aunque no cuenten con pruebas concretas.
El último reportaje televisivo sobre el caso Solís exponía la negativa del rapero a asistir a una citación oficial ―que tampoco contaba con los requisitos establecidos por la ley― como una prueba de su supuesto desacato. Sin embargo, los medios oficiales no mencionan que al rapero le han sido negadas todas las posibilidades de defensa.
Por el carácter sumarísimo de su juicio, el artista no tuvo acceso a un abogado. Luego, por permanecer incomunicado y por estar en situación de desaparición forzada, tampoco pudo apelar a su sentencia. Además, los habeas corpus presentados a su favor señalan irregularidades sobre su traslado a prisión, el cual ocurrió sin que un juez hubiese sido notificado del delito que había cometido.
Por último, ahora le es negada la posibilidad de tener acceso a los documentos que podrían esclarecer su situación y dejar zanjado el asunto.
Ferrer Tamayo clasifica el actuar del tribunal como “una falta de respeto a los ciudadanos, una falta de transparencia, porque valerse del desconocimiento jurídico de una persona para engañarlo no puede tener otro calificativo”.
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