CIUDAD DE MÉXICO.- A Edel Carrero le dijeron que no era “confiable” para trabajar como informático por haber ido a una manifestación. A Elvisley González le preguntaron en un interrogatorio “¿tú eres revolucionario o no eres revolucionario?”, y luego lo despidieron. Al profesor David Alejandro Martínez le dijeron que ya no podría dar clases “por pérdida de la ejemplaridad, prestigio y requisitos para el cargo como profesor universitario”. Él era uno de los moderadores de la plataforma Archipiélago.
Con el fin de silenciar a todo aquel que disiente públicamente, el gobierno cubano usa la discriminación política en centros laborales como una herramienta de represión más. No importa cuán satisfactorio sea tu desempeño, si eres un ciudadano crítico con el gobierno puedes ser despedido en Cuba.
Así no solo ha sucedido con Edel, Elvisley y David. Esta ha sido una práctica recurrente desde los mismos años 60 y que en los últimos tiempos, con el acceso a Internet, han comenzado a visibilizarse muchos casos. Solo en la educación superior una investigación publicada en 2019 documentó 30 casos de profesores y estudiantes que por motivos políticos fueron sancionados, despedidos o se les negó su derecho al estudio en la isla.
Aclaremos que un despido de esta índole es un estigma que acompaña al trabajador y que obstaculiza que sea contratado en otra institución, que en definitiva responde al mismo empleador, el estado. Una vez que un médico es separado del sector por sus opiniones políticas, no podrá trabajar nuevamente en esta rama, que es controlada en su totalidad por el gobierno. Lo mismo ocurre con los profesores, juristas, científicos y otras profesiones que emplea únicamente el régimen.
Cuando la expulsión del centro laboral es eminentemente política se violan dos derechos básicos: el de no discriminación y el del trabajo, explica la abogada de Cubalex Giselle Morfi. “Los derechos son interdependientes y cuando se viola uno, se afectan otros. No pueden verse de modo aislado. Por ejemplo si te expulsan del trabajo, afectan tu derecho a la alimentación, a la salud”.
Si miramos la legislación interna, dichos despidos también violan enunciados del Código de Trabajo cubano. En el artículo 2 del texto se plantea: “El trabajo es un derecho y un deber social del ciudadano y los ingresos que por él se obtienen son la vía fundamental para contribuir al desarrollo de la sociedad y a la satisfacción de sus necesidades personales y familiares”.
En el inciso b), en cuanto a la igualdad en el trabajo, el Código explica que “todo ciudadano en condiciones de trabajar tiene derecho a obtener un empleo atendiendo a las exigencias de la economía y a su elección, tanto en el sector estatal como no estatal; sin discriminación por el color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial, discapacidad y cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana”.
Cuba es uno de los pocos países del mundo con un único sindicato, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la cual toma partido activamente por la institución y no el empleado, incluso en casos administrativos. Cuando estos son políticos el ciudadano no puede esperar defensa alguna de la CTC. Recordemos que en 2011, cuando ocurrió en Cuba una ola de despidos masivos, no hubo protesta alguna del sindicato. Incluso el semanario “Trabajadores”, órgano de la CTC, acompañó el proceso con odas y sin cuestionamientos, a pesar de que más de 500 mil familias se afectarían solo en ese primer año de despidos.
Acudir a los tribunales tampoco es una opción en la práctica. No hay independencia entre los poderes en Cuba. El caso de René Fidel González, un profesor de Derecho de la Universidad de Oriente y exfiscal que recurrió a todos los procedimientos legales sin respuestas favorables, es un ejemplo de ello.
Tales prácticas han sido denunciadas por organismos internacionales. En 2017, Aminsitía Internacional publicó un informe informe titulado “En una prisión mental”. En el texto la organización destacó que el férreo control sobre el mercado de trabajo ha permitido al gobierno cubano recurrir a “despidos discriminatorios e indebidos” en el sector estatal y al acoso en el sector privado para sofocar cualquier crítica.
Solo durante el año pasado, CubaNet pudo constatar nueve despidos de trabajadores por motivos políticos en Cuba. Incluso en sectores imprescindibles para el desarrollo del país como salud y educación fueron expulsados profesionales con satisfactorios desempeños, pero que no eran “idóneos” políticamente. Te invitamos a que consultes cada uno de los casos en la siguiente línea del tiempo.
Si deseas compartir otros casos de discriminación política en los centros laborales cubanos contáctanos a [email protected].
