LA HABANA, Cuba. – “A mi hijo lo asesinaron en la cárcel, él no se suicidó”, asegura Bárbara Rosabal Fernández, la madre de Joaquín Martínez, un recluso de 32 años encontrado muerto en una celda del Hospital Nacional de Reclusos, en la prisión del Combinado del Este, en La Habana.
Desde que conoció la noticia, la mujer no ha parado de exigir a las autoridades competentes una investigación sobre la muerte de su hijo. Al tercer día de enterrado, solicitó la exhumación del cadáver para comprobar si la muerte del joven se debió a un homicidio o a un suicidio.
Joaquín Martínez Fernández cumplía su sanción en la cárcel para pacientes de VIH, ubicada en Güines, provincia de Mayabeque. En octubre de 2019, al ser diagnosticado con tuberculosis fue trasladado al hospital, donde se desencadenaron los eventos que culminaron con su muerte.
“La última vez que lo visité me dijo llorando que lo habían aislado porque lo acusaban de posesión de pastillas. Estaba muy deprimido por esa situación, no sabía cómo iba a salir de eso”, contó Bárbara a CubaNet.
Los funcionarios del penal habían encontrado entre las pertenencias del joven más de la cantidad permitida de medicamentos (difenhidramina) recetados a los reclusos ingresados en el hospital. Como medida disciplinaria, Joaquín fue aislado en una celda donde se autoagredió.
“Ofrecimos los nombres de quienes le pusieron las pastillas entre sus pertenencias, pero nunca fueron investigados, ni siquiera por las amenazas de muerte que nos hicieron”, denuncia su madre.
Homicidio negligente
Ante el agobio en el que encontró a su hijo durante la última visita a la cárcel, Bárbara intentó hablar con el encargado del orden interno del hospital, un oficial con grado de teniente coronel nombrado Juan Carlos.
“Cuando fui hablar con el teniente coronel sobre la situación en la que se encontraba mi hijo, ni siquiera respondió al saludo. No me miró (…). Le rogué que lo vigilaran porque estaba deprimido y había atentado contra su vida. Le pedí que le quitaran todo con lo que pudiera hacerse daño, (hasta) la ropa si era necesario. Ellos eran los responsables de la vida de mi hijo”.
Incluso, si nunca se llegara a esclarecer las causas de la muerte de Joaquín, la responsabilidad de su fallecimiento recae sobre las autoridades penitenciarias. La mala evaluación y manejo de la conducta suicida del recluso califica como homicidio por negligencia, una figura contemplada en la legislación cubana.
El sistema penitenciario tiene el deber de proteger y velar por la vida de los internos mientras estos cumplan sanción en sus instalaciones, de acuerdo con normas carcelarias coherentes con los derechos reconocidos en la Constitución cubana.
La autoagresión infringida por el joven fue la primera señal, reforzada por la alerta de la madre. Antes tales advertencias, la muerte del reo convierte en responsable a la administración del penal, que debió haber tomado medidas para evitar que se repitiera la conducta suicida.
Las reglas del sistema de salud establecidas en las cárceles cubanas para estos casos norman la vigilancia y la restricción de los medios para atentar contra la vida, entre otras medidas.
Sin embargo, en este caso no se llevó a cabo ningún procedimiento preventivo, sino todo lo contrario: el recluso fue abandonado en la celda de aislamiento, sin el monitoreo recomendado para prevenir su muerte.
La exhumación del cadáver
El 13 de diciembre fue la última vez que Bárbara vio a su hijo con vida.
“Le dije que lo quería como fuera, que no se hiciera nada; él me aseguró que estaba tranquilo porque en unos días los presos que le habían amenazado y puesto las pastillas, ya se iban, y a él lo sacaban de la celda de aislamiento”.
El 16 de diciembre a las 10:00 de la noche una llamada telefónica desde la prisión dejó sin consuelo a Bárbara. Le comunicaron que, entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana habían encontrado a su hijo muerto, ahorcado con la sábana atada a la reja de la celda.
“Murió en la mañana, pero no me llamaron hasta la noche, y me entregaron el cuerpo al día siguiente en la funeraria (…). Cuando vestía el cadáver me di cuenta de los moretones que tenía en la espalda y las manos; además la marca del cuello no parece hecha por una sábana”, señala.
La exhumación del cadáver para examinar las causas de la muerte se quedó en promesa dilatada hasta el día de hoy. Bárbara recibió el mismo resultado de las reclamaciones enviadas al gobernante Miguel Díaz-Canel y la Fiscalía General de la República.
En la Dirección de Establecimientos Penitenciarios le comunicaron que la investigación en la cárcel se había cerrado. El caso concluyó otorgando la razón al jefe de la instalación, quien alega haber atendido el reclamo de la madre del recluso.
En las cartas de reclamación, Bárbara afirma que dos enfermeras del hospital, nombradas Sibel y Mildre, comentaron haber escuchado los gritos de auxilio de Joaquín.
“Ellas oyeron a mi hijo gritar que lo estaban ahorcando; algo pasó esa noche que ellos ocultan. Hasta que no se investigue el cadáver, yo afirmaré que a mi hijo le cayeron a golpes y lo mataron. Esa marca del cuello se la hicieron después de muerto, durante todo ese día que tuvieron el cadáver retenido sin justificación. Si no fue así por qué no hacen la exhumación y me dicen ya de qué murió. Eso no me deja tranquila; lloro a mi hijo todos los días”, termina, convencida de no parar hasta conseguir justicia.
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