LA HABANA, Cuba. – Las instituciones de Vivienda y Salud en el municipio de Habana del Este, junto con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), componen el triángulo nefasto que ha complicado durante décadas las vidas de Jennifer Larrea Méndez, una joven autista de 22 años, y de su familia.
Kety Méndez Molina, la madre de Jennifer, cuenta que su hija era “una niña normal” hasta que, después de los tres meses de vida, mostró las primeras señales de su padecimiento: “Su cara estaba diferente, el cuellito lo tumbaba, pero para los médicos todo seguía siendo muy normal”.
De acuerdo con el testimonio de la madre, a los seis meses se notaba a simple vista que las condiciones médicas se habían agravado pero, aun así, la doctora que las atendió descartó nuevamente la posibilidad de que algo estuviera mal.
Dos meses después, Jennifer fue diagnosticada por otros especialistas con “tortícolis congénita” más una “asimetría cráneo-facial”. Más adelante un neurocirujano del Hospital Naval, al Este de la capital, detectó “una lesión estática en el sistema nervioso central, con retraso mental severo”.
No fue hasta que cumplió los 14 meses que comenzaron las convulsiones, lo que llevó a los médicos a diagnosticarle epilepsia. A partir de este momento, el desarrollo psicomotor comenzó a atrasarse y, con dos años y medio, Jennifer finalmente fue declarada con autismo severo.
A pesar de tratarse de una niña con características especiales, en la escuela Dora Alonso, de la actual Ciudad Libertad, en la capital, determinaron sacarla poco tiempo después de admitida porque, de acuerdo con el testimonio de la madre, los profesores dijeron que la niña “no cooperaba”.
Aunque en la escuela prometieron continuar asistiendo a Jennifer en el proceso educativo de manera personalizada enviando un maestro a la casa, nunca cumplieron la promesa y los padres debieron asumir esa tarea como pudieron, incluso en medio de otros acontecimientos que empeorarían la situación familiar, como fue la pérdida de la vivienda.
Había cumplido diez años cuando la niña y sus otros dos hermanos menores terminaron en la calle junto con la madre.
Aunque en aquel momento en la oficina correspondiente de Seguridad Social fue registrado el caso, y los funcionarios dieron cuenta al Gobierno municipal de Habana del Este, y hasta prometieron una solución, ninguna de las instancias volvió a pronunciarse sobre el asunto.
Abandonada a su suerte, en medio de la desesperación, Kety supo de la existencia de un apartamento que se encontraba cerrado porque sus antiguos dueños habían emigrado. Sin pensarlo demasiado, cansada de ver a sus hijos durmiendo a la intemperie y viviendo de la caridad de amigos y familiares, la madre de Jennifer decidió ocupar la vivienda de manera ilegal.
“Supe que no regresaban y fue cuando me colé, simplemente me colé en este apartamento, por mis hijos”, reconoce la mujer.
Desde que entró al apartamento abandonado, Kety inició una nueva y más difícil batalla por sobrevivir que la condenaba a permanecer encerrada en el lugar. Si ponía un pie fuera del apartamento, vendría el desalojo. Para colmo de males, la policía impedía que Sandy, el esposo de Kety y padrastro de Jennifer, se acercara a la vivienda, ni siquiera para llevarles alimentos a la esposa e hijos.
“Estuve seis meses sin poder verlos”, nos cuenta Sandy. “La policía me tenía amenazado. Hasta que un día me llené de coraje, vine y hablé con él (Jefe de Vigilancia del CDR, Comité de Defensa de la Revolución) y, para sorpresa mía, me dijo que no había problemas y comencé a vivir con ellos con el miedo de que en cualquier momento nos desalojaran a la fuerza”.
Han transcurrido quince años y la batalla por evitar el desalojo continúa. Las autoridades que pudieran remediar la situación de esta familia persisten en negarles la propiedad de la vivienda, a pesar de que no existe una reclamación por parte de quienes la abandonaron. Aunque Jennifer ha alcanzado la mayoría de edad, continúa requiriendo la atención especializada que le prometieran, pero que jamás recibió.
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