LA HABANA, Cuba.- “No se trata de una reforma salarial sino de un alza de las remuneraciones”, un trabalenguas difícil de comprender pero es lo que han repetido los medios de prensa oficialistas después de la segunda intervención de Miguel Díaz-Canel acerca del tema “salario”, donde además agregó que es “a lo que podemos llegar ahora”.
Las consecuencias de poco decir sin concretar es que aún hay trabajadores estatales y pensionados que no se han enterado si ingresarán esta vez al club de “afortunados”, mientras a muchos otros el anuncio les parece en la línea de ese populismo que más tarde pudiera pasar factura a las próximas generaciones de cubanos, cuando los cerca de 7 mil 50 millones de pesos anuales que se extraigan del presupuesto estatal para cumplir con los pagos salariales prometidos no puedan ser respaldados por la producción de bienes y servicios en las empresas estatales, debido al cúmulo de problemas de funcionamiento que conocemos todos.
La cosa es que, a partir de este verano, las estadísticas oficiales sobre salario promedio mensual lucirán un poco menos aterradoras a los organismos internacionales que velan por estos asuntos, aunque al interior de los hogares cubanos las cuentas del mes continúen al rojo vivo.
Llama fuertemente la atención el contexto en que han sido anunciadas las “buenas nuevas”: la aplicación total de la Ley Helms-Burton, el crecimiento del malestar en la población debido al aumento de la miseria, las quejas en sectores como el de la prensa y la cultura, este último de los peores remunerados (y con un congreso donde hubo fuertes críticas respecto a los pagos en las instituciones, aunque no se divulgaron), el desabastecimiento crónico, los temores a un posible retorno a la peor etapa del Período Especial, el cierre de las vías tradicionales a la emigración y la posibilidad de que todo esto derive en estallidos violentos se han unido a la constante y creciente fuga de fuerza de trabajo no solo hacia el sector no estatal sino hacia la conformación de esa considerable masa de desocupados que, en buena parte, está integrada por hombres y mujeres que, aún en edad laboral, hace mucho tiempo perdieron la confianza no solo en el sistema económico socialista sino en quienes lo proyectan y dirigen.
Los “desocupados” son hoy una verdadera multitud que, en menos de una década, sin rebeliones ni intereses políticos, tan solo con la actitud indiferente de “salirse del sistema” y buscar otras formas de sobrevivir “al margen”, pudieran echar abajo una estructura política que se sustenta sobre la base del control total de cada uno de los ciudadanos, de ahí la insistencia del Partido Comunista de Cuba en mantener esa “unidad” u “homogeneidad” que para nada se refiere a un consenso general como sociedad sino a la consolidación de un esquema de dominio y supresión de aquellas individualidades digamos que “más ambiguas”.
Tengamos en cuenta que de esa población laboral que ronda los 7,1 millones de personas, apenas 4 millones 482 mil 700 están vinculados al trabajo, ya sea en lo estatal o en lo privado, de modo que existen hoy en Cuba 2 millones 617 mil 300 personas que desarrollan su vida prácticamente fuera de los radares del gobierno y su sistema de instituciones, una cantidad que los estudios de proyección hacia el 2030 considera irá en aumento y de manera alarmante para lo económico y lo político, al conjugarse el fenómeno con otros factores como el envejecimiento de la población y la extinción definitiva de la llamada “generación histórica”.
Aunque el aumento anunciado por el gobernante cubano apenas beneficiará a menos del 20 % de la población económicamente activa y aun así no alcanzará a ser lo suficiente para enfrentar la escalada de precios que registra el mercado interno cubano, los medios oficialistas lo divulgan con gran regocijo, sin pensar que bajo la reiterada advertencia del gobierno sobre “vigilar y evitar el alza de los precios”, lejos de evidenciarse una garantía de que todo saldrá bien, se pudiera estar ocultando la certeza de un desenlace inevitable, es decir, procesos inflacionarios sin precedentes, una maratón por colocar los precios cada vez más altos, debido no solo a que el crecimiento salarial no fue respaldado por una producción saludable sino porque el alza constante de los precios ha sido uno de los métodos favoritos usado por las instituciones estatales para frenar el crecimiento de la demanda interna.
En la calle hay quienes han dicho, con sabiduría y suspicacia popular, que no vendrá un aumento inmediato de los precios de los productos en el mercado puesto que este ya se hizo semanas atrás, disimuladamente, antes que anunciaran los salarios al sector presupuestado.
Así, ponen como evidencias más palpables la venta reciente de jurel congelado a 20 pesos la libra (un dólar equivale aproximadamente 25 pesos), así como los paquetes de salchicha de pollo a 24 pesos, aun cuando se ofertan de modo “liberado pero regulado”, otro de los tantos trabalenguas o eufemismos que se han puesto de moda cuando no se les quiere llamar a las cosas por su nombre, ni poner en evidencia cuán ridícula es la realidad cotidiana que nos rodea.
Basados en lo sucedido en el pasado más reciente, se puede predecir lo que habrá de suceder en unos meses cuando el aumento salarial de hoy sea la pesadilla inflacionaria de mañana.
Hace apenas un año, a raíz de la devastación provocada por el huracán Irma, los gobiernos locales en varios territorios del país decretaron un tope de los precios para los productos agropecuarios. Luego de un período breve de control estatal sobre los precios, basado en multas y amonestaciones a los infractores, todo retornó a como era antes e incluso empeoró la situación, de acuerdo con las quejas de la población aparecidas en la prensa oficial entre septiembre y diciembre de 2018.
En una provincia como Villa Clara, donde el control de los precios topados fue mucho más riguroso que en otras, de acuerdo con lo publicado por la prensa local, la libra de bistec de cerdo estuvo a 45 pesos antes del paso de Irma, luego de las regulaciones logró bajar a 23, pero dos meses más tarde, a finales de 2018, volvió a alcanzar los 45 pesos, mientras que ahora se encuentra rondando los 60 pesos.
En otros casos, las tarifas lejos de conseguir disminuir los precios, provocaron que los campesinos se negaran a cultivar aquellos productos que no les resultaban rentables por su bajo precio de venta y las ofertas disminuyeron considerablemente.
En otras provincias como Cienfuegos, una medida similar en 2017 provocó que muchos vendedores se retiraran, lo cual elevó aún más los precios en el mercado negro, provocando un efecto dominó en toda la cadena de comercio.
Indudablemente, la medida de topar los precios es tan efectista y peligrosa como la de subir salarios sin respaldo en la producción. Es una ecuación económica que no admite improvisaciones. No se puede distribuir lo que no se produce. De modo que incrementar la demanda general de los bienes, sin que el sector productivo y de servicios pueda respaldar los pedidos, aumentará los precios sin que nadie lo pueda evitar.
Lo que habrá de venir en los próximos días será una lluvia de multas y escarmientos sobre el sector privado para dar la sensación de que todo está bajo control, mientras el sector estatal apenas recibirá tibias amonestaciones para que la vida siga igual.
En igual sentido, en el sector empresarial, no beneficiado con las nuevas reformas salariales y perjudicado en el cumplimiento de los planes de producción por el déficit de materias primas y otras cuestiones más, aumentarán las insatisfacciones, los desvíos de recursos, la manipulación de las plantillas y contratos, así como los trabajadores continuarán acogiéndose al sistema de certificados médicos porque de ese modo suelen cobrar un poco más, sobre todo en los meses de verano cuando la producción desciende y con esta los salarios base, así hasta obtener al retiro por vejez o peritaje médico, ahora que pueden aspirar a 500 pesos de jubilación (20 dólares) sin demasiado “queme”, como se dice en Cuba.
No obstante, la resignación se impone y muchos en las calles de la isla concluyen, de modo lastimoso, que “algo es algo”. El aumento salarial no les resolverá la situación de manera definitiva pero será mucho más que ese suplicio de Tántalo a que se saben condenados.
