MADRID, España. – Marino Murillo ha vuelto a justificar el absoluto fracaso de su Tarea Ordenamiento trasladando responsabilidad a otros. El diario oficial Granma ha dado amplia difusión con una nota titulada ¿Qué va a hablar de precios quien te quiere estafar?. En ella, Murillo reconoce que una devaluación implica un “determinado crecimiento de los precios, por encarecerse las importaciones” y añade entonces “hay que combatir a quienes incurren en precios especulativos y abusivos”. Nada dice del aumento de salarios sin correspondencia con la productividad. Tendrá sus razones para ello.
Luego añaden, y cito textualmente, “no puede ser que una minoría que genera el 10% de todo lo que se vende en el país, trace la pauta de los precios” ¿Quién ha dicho tal cosa? ¿Es que acaso el peso de los monopolios y la concentración de poder económico en la economía socialista cubana es capaz de hacer tal cosa? Pensar solo en esta posibilidad, dice poco de quien lo cree, y, sobre todo, de la forma de combatir un problema que, al menos de momento, no tiene solución.
En tal caso ¿no será mejor combatir a aquellos que toman la decisión de devaluar de forma técnicamente incorrecta, en el peor momento y sin medidas de salvaguarda asociadas al funcionamiento de los precios en los mercados? Quizás es por ahí por donde conviene empezar.
Lo más grave de todo esto es que, de nuevo, se reproducen los mismos calificativos despectivos hacia quienes no hacen otra cosa que dar un servicio a la población, en un país en el que intermediar entre la oferta y la demanda es una auténtica aventura de alto riesgo. De nuevo: hay que insistir que los precios suben porque la oferta es inexistente, y ante una demanda que necesita comer todos los días, no hay alternativa, por mucho control, centralización, precios topados y subsidios que establezca el ministerio.
Si nueve tomaticos (dos libras) cuestan 50 pesos es porque ese es su precio. Es como el tipo de cambio del peso cubano, que oficialmente sigue en 1×24 con respecto al dólar en las CADECAS (donde no hay dólares). De modo que, si se necesita urgentemente la moneda de EE. UU. para salir al exterior, el mercado informal pide 1×52. Se recuerda a los dirigentes comunistas que el tipo de cambio es un precio más, el de la moneda nacional.
Claro que se puede hablar de precios en Cuba. Es una prioridad nacional porque la inflación erosiona las rentas salariales y pensiones, creando notables injusticias sociales, que ninguna constitución comunista o socialista consigue frenar. Existen políticas económicas para afrontar la inflación que nada tienen que ver con lo que se está haciendo en Cuba en este momento, por lo que estas tensiones de precios se irán arraigando en las expectativas de los agentes económicos. Cuanto más se tarde en acometer el ajuste, peor será.
Es lo que está ocurriendo en Cuba, aunque les pese a las autoridades, Murillo incluido. Por eso hay que hablar de por qué un racimo de plátano cuesta 120 pesos en el Crucero de Quesada, al lado de la Empresa Agropecuaria La Cuba y la Integral de Ciego de Ávila, “emporios plataneros” según Granma. O por qué una libra de guayaba vale 15 pesos, lo mismo que un mazo de lechugas, o de berenjena.
Lo peor de todo es que Granma no pierde la ocasión para atacar a quienes el régimen considera los principales culpables de la situación, y cito: “algunos revendedores ponen cara de lástima, como para que les creas el cuento de la buena pipa, que casi siempre comienza en el campo”. El diario sitúa la culpa en los “guajiros”, la parte más débil de la cadena de suministro, y denuncia que los precios se encarecen varias veces, “como por arte de birlibirloque; más claro: con la habilidad de birlar, estafar y revender”. Si esto no es enfrentar a amplios sectores de la población entre sí, que venga alguien y lo vea. Desde luego, en Granma no hay ni una mínima referencia a la responsabilidad de las autoridades en la implementación del proceso. Que nadie espere nada de ello.
En cambio, los improperios contra los vendedores continúan. Se les califica como “gente irrespetuosa, que saca provecho de la estafa”. Incluso, los acusan de forma velada de ser “quienes, como cualquier cubano, no paga por el servicio de un hospital, o porque alguno de sus hijos forme parte de ese 95 % de la población (infantil y adulta) vacunada contra 13 enfermedades, gracias al Programa Nacional de Inmunización”, como si todo esto fuera gratis y no se pagara ─y de sobra─ con el trabajo de los cubanos y la rentabilidad de las empresas.
Incluso, se permiten afirmar que “esos mismos niños, que no tienen culpa del oportunismo de sus padres, vayan a los círculos infantiles, las escuelas, las universidades, y lleguen tan lejos en la cadena del saber cómo se lo propongan”. Demagogia trasnochada e inoportuna que, lejos de arreglar el problema, lo aumenta con una grave percepción de inseguridad jurídica por parte de aquellos que se dedican a una actividad tan digna y relevante como es el comercio. No quisiera estar en la posición de los vendedores cubanos. Lo deben estar pasando muy mal.
Ese combate contra quienes incurren en precios especulativos y abusivos, incluidos los establecimientos estatales, algunos de los cuales no interpretaron bien toda la materia, como dice Murillo, tiene que seguir hacia arriba hasta llegar a la cúspide del poder político comunista que diseñó el ordenamiento.
Cuesta creer que estos equipos de burócratas planificadores estatales de la economía no supieran que se iban a producir estos problemas con los precios en un entorno caracterizado por el déficit de ofertas y el incremento de costos y de ingresos. En una economía, todos los precios de los bienes se encuentran relacionados entre sí. Los comunistas posiblemente no lo entiendan, pero al cambiar un precio, el resto, de forma inmediata, reacciona.
Lo que está ocurriendo en Cuba es explicable porque esa mínima parte del mercado minorista está trazando de forma precisa las pautas del aumento general de los precios que actúa sobre las expectativas de los agentes económicos, se arraiga y presiona más aun al alza todos los precios. Por eso, Murillo, antes de “declarar una guerra sin cuartel contra quienes tanto irritan a la población con su actitud egoísta”, debería mirarse lo suyo, porque tal vez no necesite pólvora para matar moscas a tanto cañonazo.
De una vez y por todas, el “Zar de las reformas” tiene que entender que enfrentar las indisciplinas con multas, ordenamientos de precios e inspecciones masivas, sin corregir los actuales problemas de déficit de ofertas, no hará más que aumentar la escala de los problemas y avivar el fuego de la inflación que ya está prendido en la economía cubana por el fracaso de la Tarea Ordenamiento. Dar marcha atrás ahora es imposible, y habrá que tomar medidas restrictivas y de ajuste que crearán más problemas a la población. Tiempo al tiempo.
Lo mejor de todo esto que está ocurriendo es que los cubanos desconfían de las medidas tradicionales, como topar los precios, o establecer desde arriba nueva cotizaciones para los disímiles productos. Mucha gente es consciente de que el problema tiene su origen en que los precios se deciden por las autoridades de un ministerio irreal, inexistente en todos los países del mundo, y que, ante la fuerza transformadora de una devaluación, se ha visto incompetente para establecer de forma adecuada y eficiente todos los precios de la economía.
El modelo social comunista cubano carece de respuesta, capacidades e instrumentos para afrontar un escenario como el descrito. Las autoridades saben lo que tienen que hacer, pero se niegan a adoptar las reformas estructurales que sitúen a la economía cubana en línea con otras del resto del mundo. Es muy sencillo, se trata de devolver a los cubanos la libre elección como principio fundamental de su comportamiento como consumidores, y dejar que los precios se encarguen del resto, sin necesidad de subsidios remolones y distorsionadores de la realidad.
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