[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=iWywmk48u98[/youtube]
LA HABANA, Cuba.- A tres meses de iniciada en Cuba la convocatoria a las “elecciones” para elegir a los delegados a las asambleas municipales, son más las evidencias de represión para impedir la nominación de candidatos independientes en las 12 515 circunscripciones a lo largo del país.
La plataforma #Otro18 es uno de los proyectos civiles que exige el derecho al respeto de Ley No. 72. Legislación que abre las puertas del proceso electoral a todos los ciudadanos de la isla.
CubaNet entrevistó a los gestores del proyecto para conocer los avances y obstáculos que enfrenta #Otro18, en la nominación de los 182 candidatos asociados a la plataforma. Al respecto el historiador Boris González Arena dijo:
“El gobierno ha desplegado un grupo de acciones encaminadas a violentar la participación de los ciudadanos independientes en el proceso de “elección”. Una es la extensión del periodo del proceso de nominación producida de pronto, argumentando el problema del ciclón Irma. Le han dado un mes más al proceso y los medios no se han dado a la tarea de clarificar el nuevo cronograma. Decir en qué consiste ese cambio, cuáles son las provincias donde se realizarán. Nos han sometido a los aspirantes a una incertidumbre”.
El programa inicial convocó a los electores para el 22 de octubre en primera vuelta, y el 29 de octubre, en segunda vuelta, en el caso de que las circunscripciones donde los candidatos no hayan obtenido el cincuenta por ciento de los votos.
El ejemplo más reciente de la estrategia represiva se evidenció en Santi Spíritus, donde la candidata independiente Aimara Peña González fue detenida y amenazada antes de efectuarse la reunión de nominación de candidatos. Sin embargo, la joven obtuvo ocho votos de los vecinos de la circunscripción luego que, en la asamblea, los miembros de la policía política y el Partido Comunista de Cuba (PCC) la acusaran públicamente de mercenaria.
González Arena también citó el caso de Confesor Verdecía, en Holguín, quien manifestó públicamente su deseo de postularse a las municipales.
“A este candidato se le presentó en su casa una supuesta comisión médica, le dijeron que no podía salir de la casa por una conjuntivitis que tenía, pero ya estaba curada. El día la reunión frente a su casa pusieron dos oficiales vestidos de médico que lo amenazaron con llevárselo preso, si salía de su casa.”
Según los testimonios de los activistas de #Otro18 son variadas las acciones policiales que se suman a la represión oficial, dirigida a impedir la participación independiente en la etapa inicial de las elecciones.
Juan Antonio Madrazo, activista de #Otro 18 explicó detalles de algunas de ellas.
“Lo más común es situar a la policía en la casa de la casa de los candidatos independientes para impedir que vayan a la reunión, y la presencia de miembros del PCC y oficiales de la policía política en las asambleas de las circunscripciones. Otra es, no entregar la citación previa a para la asamblea (…) Violando su propia legalidad se han convocado a las asambleas en un espacio menor a las 72 horas. Actúan según las circunstancias”.
La opaca transparencia
Otro de los frenos que el gobierno impone a la democracia participativa en las “elecciones”, es la ausencia de observadores independientes. Los integrantes de #Otro18 proponen la inserción de observadores mediante los miembros de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales (COPE), víctimas también de acciones represivas.
Manuel Cuesta Morúa, gestor de la plataforma, explicó a CubaNet: “Hemos preparado líderes comunitarios asociados a nuestra plataforma en el estudio de los sistemas electorales y leyes de partido. Nuestro propósito es que exista una red de esos líderes que se encarguen de la observación de los procesos de quienes sean electos”.
Para contrarrestar a estos observadores el gobierno aprobó, por primera vez, la inserción en el proceso eleccionario de la figura del “observador”. Modalidad aprobada bajo la base de las “Reglas Complementarias de las Elecciones”. La medida está encaminada a justificar la “ilegalidad” de los miembros de COPE.
La categoría de “proyecto contrarrevolucionario” que la prensa oficial otorga a #Otro18, eleva los riesgos del desafío para ubicar delegados y observadores independientes en el proceso de elecciones.
Mientras los asociados a la plataforma de la sociedad civil llevan a cabo su desafío, describen la falta de democracia y genuina participación popular, así como la inconstitucionalidad, y el dominio del Partido Único (PCC) en la selección de los candidatos a la Asamblea Nacional, que “elegirá” en 2018 al futuro gobernante de Cuba.