LA HABANA, Cuba. – Disminución de la actividad aeroportuaria, reducción del transporte público urbano, incremento de los pesquisajes, suspensión de la actividad docente, cuarentena obligatoria diferenciada para todos los viajeros que arriben a la Isla, multas severas por uso incorrecto del nasobuco, municipalización del comercio y toque de queda a partir de las 7:00 de la noche, son algunas de las medidas implementadas por el gobierno de La Habana para intentar contener el rebrote de la COVID-19. Desde el mes de enero el número de casos positivos ha subido de modo preocupante, una situación que los nacionales achacan a la entrada masiva de turistas y cubanos que regresaron al país a partir del 15 de noviembre, fecha en que reabrió el aeropuerto de la capital.
La violación del aislamiento por parte de los recién llegados, fundamentalmente cubanoamericanos, pero también provenientes de otras naciones, contribuyó a propagar la epidemia, a la par que se intensificaba la aguda crisis económica que para muchos está resultando peor que el Período Especial. La inoportuna Tarea Ordenamiento y sus topes de precios en medio de una alta demanda de productos de primera necesidad imposible de satisfacer con la exigua producción nacional y un número reducido de importaciones, ha provocado una monstruosa inflación, que a diario se traduce en malestar popular.
En medio del auge de la COVID-19, las políticas de racionamiento mantienen a los cubanos en la disyuntiva de salir a hacer colas o quedarse en casa a merced del hambre, pero los centenares de positivos reportados cada día, así como los pacientes fallecidos, han obligado a tomar conciencia en esta segunda oleada de contagios, que se le ha ido de las manos al régimen. Para muchos ciudadanos las medidas de contención son adecuadas, pero insuficientes; en primer lugar porque no se aplican con el debido rigor, no afectan lo que para todos constituye la raíz del problema ―entrada de turistas―, y se concentran específicamente en el control sanitario, obviando otras condicionantes de carácter socioeconómico, agravadas con la puesta en vigor de la Tarea Ordenamiento.
Durante un recorrido por el municipio de Centro Habana, que registra un número bastante elevado de casos positivos a la COVID-19, CubaNet conversó con residentes que apuntan a la irresponsabilidad ciudadana como una de las causas fundamentales del aumento de enfermos. Muchos critican la pésima gestión del gobierno en la protección a los ancianos, obligados a hacer colas para asegurarse un magro sustento, además de exponerse innecesariamente al contagio por culpa de la burocracia y el mal trabajo de las instancias estatales.
La negligencia por parte de los ciudadanos, los agentes del orden e incluso el personal de salud pública es tal que para algunos entrevistados lo ideal sería un cierre total y “mano dura”. A casi un año del arribo de la pandemia a la Isla, el agotamiento de los galenos y la falta casi total de recursos es una realidad. La pesquisa de los pacientes de COVID-19 que han recibido el alta clínica y deben permanecer en su casa durante otros 15 días para obtener el alta epidemiológica, o sobre los sospechosos que aguardan el resultado del examen PCR, no se está realizando con la prontitud y responsabilidad requeridas.
Por cansancio físico, falta de voluntad o escasez de personal, la vigilancia es apenas una impresión para ciudadanos acostumbrados a que el Estado les diga qué deben hacer y cuándo hacerlo; de modo que si el médico no aparece en su casa, el paciente se da por sano y retoma su vida con normalidad, pues nada es más urgente que marcar desde temprano en las diversas colas con la esperanza de comprar lo que haya.
Tal como ocurrió durante las cuarentenas de 2020, la municipalización del comercio no resuelve el problema de las aglomeraciones, el acaparamiento y la reventa a precios escandalosos. La corrupción del personal que organiza las colas permite el acceso a residentes de cualquier municipio siempre que pague por el privilegio, según lo atractivo de la oferta.
Varios de los entrevistados consideran que los productos más demandados ―alimentos y aseo― deberían ser distribuidos en las bodegas, a precio de tienda, para asegurar mayor organización y equidad, pensando sobre todo en los adultos mayores. Lo mismo fue sugerido el año pasado y al menos en La Habana no fue posible aplicar ese sistema de distribución. La oferta continúa y se mantendrá muy por debajo de la demanda, haciendo imposible la eliminación de las colas, donde sanos y asintomáticos se confunden, arremolinados en la sombra, cansados por tantas horas de pie, el aire viciado dentro de la mascarilla y la lucha interminable para comer, revender y luego comprar lo que revende otro.
Ochocientos pacientes positivos reportados casi a diario es una cifra muy seria. Basta ver la expresión del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP, para entender hasta qué punto se han complicado las cosas, con los candidatos vacunales todavía en fase experimental, el sistema de salud al borde de la saturación y una presión económica interna que se conjuga peligrosamente con el desgaste psicológico causado por la COVID-19.
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