LA HABANA, Cuba.- Como esclavos en el cepo, recibiendo azotes constantes, nos han mantenido a los cubanos durante más de sesenta y un años. Ese látigo ha logrado silenciar, aterrorizar y subyugar a muchos, pero no a todos; ha logrado demorar la rebelión, pero no impedirla. Por mucha piel que laceren, siempre hubo ‒y habrá‒ en Cuba cimarrones que enfrentan el peligro, porque la libertad es un llamado de la naturaleza; la libertad de opinión y expresión es una necesidad personal, social y humana.
Por eso hoy el Movimiento cubano por la Libertad de Expresión (MOLE) se ha constituido en frente de resistencia cívico. Esta organización ha nacido producto de la indignación colectiva, pero también resultado de un contexto cada vez más represivo, fundamentalmente a raíz de la crisis por la COVID-19 y la imposición de multas asociadas al Decreto-Ley (DL) 370, la Ley Azote.
Antecedentes
El Decreto-Ley 370, Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba, entró en vigor el 4 de julio de 2019, pero no fue hasta enero de 2020 que se comenzara a implementar. Entre enero y mayo de 2020, un total de 21 periodistas, comunicadores, activistas, disidentes y ciudadanos cubanos han sido azotados en virtud de esta disposición legal, y al menos una docena de personas han sido amenazadas con sus castigos. La aplicación de la norma conlleva una multa de 3 000 pesos (120 dólares) y el decomiso de equipos de trabajo, en este caso los teléfonos celulares y ordenadores.
El efecto ejemplarizante de estas sanciones es fundamental, pues en Cuba el salario mínimo mensual es de 16 dólares, por lo que, para la mayoría de los cubanos, la multa resulta impagable; además de que comprar un teléfono celular es un sacrificio extremo.
Según los inspectores del Ministerio de Comunicaciones y los agentes de la Seguridad del Estado ‒quienes dirigen las puniciones‒, los transgresores, al publicar denuncias en las redes sociales, violan el artículo 68, inciso i de dicho DL, el cual establece que se considera una contravención asociada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
La ambigüedad es evidente. Lo primero es que ni Facebook ‒la red social en donde se hallan las publicaciones “delictivas”‒ ni ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.) son redes públicas, sino empresas o monopolios privados. Y, contrario al “interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”, es todo aquello que estimen los funcionarios que imponen la norma y, por lo demostrado por ellos, es todo lo que constituya una denuncia a las arbitrariedades y violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado cubano; es decir, lo que atente contra los intereses ideológicos del Partido Comunista de Cuba (PCC), la “moral socialista”, las costumbres e integridad económica de la cúpula de militares, funcionarios y sus familias corruptas.
Mientras en otras naciones la preocupación ha sido establecer regulaciones en internet de manera que se respete al máximo los estándares de libertad de expresión, en Cuba ha ocurrido todo lo contrario. Por las posibilidades de libertad y acceso a la información que brinda, Internet se ha convertido en una amenaza para la estabilidad del sistema totalitario cubano y, por tanto, su control constituye un asunto de primer orden.
Por otro lado, con la imposición del 370 el gobierno cubano transgrede el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En materia de libertad de expresión resulta inconstitucional pues, al decir de Laritza Diversent, Directora de Cubalex, la Constitución cubana condiciona los derechos que en ella se reconocen a lo que establezcan leyes menores. La Constitución de la República de Cuba está llena de contradicciones, al igual que varias de las normativas establecidas en el Código Penal.
El mes de abril del presente año, justo en medio del recrudecimiento de la crisis por la pandemia de coronavirus, aumentaron las imposiciones de multas adscriptas al Decreto-Ley 370. Debido a esta escalada represiva, el 19 de abril varios periodistas independientes, artistas, activistas y ciudadanos cubanos hicieron pública una Declaración contra la Ley Azote.
“Por ´pensar y hablar sin hipocresía´ los cubanos estamos siendo hostigados y corremos peligro de contagio por la COVID-19, así como de ir a prisión”, señala el documento y añade: “Los azotados con el DL 370, la Ley Azote, conscientes de que informar, opinar y expresarse libremente no constituyen delitos, y de que las leyes injustas se deben cambiar, no acatar, disponemos que, a partir de este momento, nos negamos a pagar las multas derivadas de la aplicación de esta norma y todas aquellas que violen nuestros derechos humanos”.
Entre las exigencias se hallan: la eliminación del Artículo 68, inciso i, del Decreto-Ley 370; el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos cubanos, la liberación inmediata del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones y el otorgamiento de personalidad jurídica a la prensa independiente cubana.
La campaña llamó la atención de organizaciones de derechos humanos y medios de prensa, nacionales e internacionales. El 6 de mayo se logró un hecho sin precedentes en la historia de Cuba: un total de cuarenta y siete organismos de este tipo publicaron el comunicado “Cuba y su Decreto-Ley 370: aniquilando la libertad de expresión en internet”. En la declaración se repudia la imposición del DL 370 y la persecución en contra de periodistas y actores de la sociedad civil independiente en Cuba, así como se conmina a gobiernos y demás entidades a repudiar estos actos y exigir al régimen cubano el respeto de los pactos internacionales de derechos humanos.
“Si bien la situación de represión de la libertad de expresión y prensa es histórica y sistemática, la escalada represiva actual se recrudece en el marco de la aplicación del Decreto-Ley 370 (…); reiteramos nuestra plena solidaridad con las y los periodistas independientes y actores de la sociedad civil perseguidos en el ejercicio de su libertad de expresión”, expone el documento.
Movimiento cubano por la Libertad de Expresión (MOLE)
La campaña contra la Ley Azote se ha ido articulando hasta lograr aunar a cubanos dentro y fuera de Cuba. El Movimiento cubano por la Libertad de Expresión (MOLE) se ha constituido para estructurar ese trabajo e implementar acciones en este sentido.
MOLE está integrado por periodistas independientes, artistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y cubanos de la sociedad civil independiente que pretenden exigir la derogación tanto del artículo 68, inciso i, del Decreto-Ley 370 como de todas las regulaciones nacionales que atenten contra la libertad de expresión en Cuba.
Asimismo, la organización se propone mantener la vigilancia sobre acciones por parte del gobierno, sus instituciones y órganos represivos que puedan coartar la libertad de expresión de cualquier ciudadano cubano; informar y denunciar ante la opinión pública y los organismos internacionales estos atropellos; brindar apoyo emocional y acompañamiento legal a las personas víctimas de violaciones de este tipo; así como promover en los cubanos una educación sobre sus derechos ciudadanos.
De esta manera, MOLE aspira a convertirse en un movimiento que suscite y favorezca la democracia, las libertades y los derechos humanos en Cuba.
Más de 60 años bajo una única ideología, un mismo sistema y partido político, ha generado en la Isla una cultura cívica casi nula; por eso, advertimos que los cubanos debemos comprender, primero, cuáles son nuestros derechos ciudadanos, para luego saber exigirlos. La libertad de expresión es un derecho humano y reclamar su respeto compete a todos. En este marco, la labor de los periodistas independientes, activistas y sociedad civil en general, resulta trascendental pues son ellos quienes informan, denuncian, generan estados de opinión y demandan respuestas de los gobiernos.
MOLE es actualmente uno de los frentes más visibles y confrontativos al gobierno totalitario dentro del país, por eso el régimen responderá como suelen hacerlo las dictaduras en su ocaso: con más represión y censura. Aunque tememos por nuestra integridad física y psicológica, reconocemos que claudicar no es la solución, pues sería la muerte en vida de los cimarrones que todos, de alguna manera, llevamos dentro y que, tarde o temprano, se rebelan y terminan venciendo el látigo, el azote del opresor.
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