Médicos cubanos en Panamá: el problema de no tener derechos

Médicos cubanos en Panamá: el problema de no tener derechos

Lo que no podrán alegar las autoridades panameñas es que desconocían el trato leonino que, a manos de su propio gobierno, sufrían los galenos de la Isla

Médicos cubanos, Panamá, HRW
Recibimiento a médicos cubanos en Panamá (Foto: Twitter)

LA HABANA, Cuba. – En una de las más recientes entregas de su siempre ameno “Cafecito Informativo” (la del pasado jueves), la colega Yoani Sánchez se hizo eco de declaraciones de José Miguel Vivanco, cabeza de Human Rights Watch para las Américas. El combativo chileno planteó: “Panamá no puede desentenderse de los derechos de los médicos cubanos”.

El punto de partida de esta tajante afirmación fueron unas declaraciones relativas al destacamento médico cubano recién llegado al país canalero, formuladas por Francisco Sánchez Cárdenas, exministro de Salud y actual miembro de un consejo que asesora en temas de la pandemia al presidente Laurentino Cortizo. Esas manifestaciones fueron hechas en días pasados en el programa televisivo Polígrafo de La Estrella de Panamá.

Como se sabe, el régimen castrista utiliza a su antojo a los llamados “médicos internacionalistas”. Los mantiene integrados en un destacamento que, por razones demagógicas, lleva el nombre del mambí estadounidense Henry Reeve. Alquila sus servicios a otros países y percibe por ellos ingresos elevados; tanto es así que esas ganancias constituyen la mayor fuente de divisas de la hambreada Isla.

Para beneficio de quienes desconocen el modus operandi que emplea con ese fin el “gobierno de los trabajadores” cubanos, conviene que lo describamos de forma breve: se contrata el envío de una “brigada” con un país determinado, el cual asume la obligación de pagarle directamente a La Habana sumas en divisas que se ajustan a los niveles internacionales por ese trabajo de alta calificación.

El régimen castrista, a su vez, entrega a cada galeno un pequeño porcentaje de lo percibido por su labor (la cuarta o quinta parte, aproximadamente, lo cual constituye un salario famélico). Por supuesto que esto entraña una abierta violación de los derechos de los facultativos cubanos, pues los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) disponen que el pago del empleador al trabajador sea directo, sin intermediarios.

Pero, para el régimen castrista, esto no posee la menor importancia. ¡Además, se declaran indignados cuando esos contratos leoninos son calificados como de carácter esclavista! ¡Y, encima de eso, los agitadores comunistas se llenan la boca para hablar del “desinterés” y el “humanismo” con que Cuba ayuda a esos otros países!

El señor Sánchez Cárdenas, al referirse a esos tratos de expoliación, despojo y coacción, expresó muy campante: “Esa es una industria de salud del gobierno cubano. Ellos verán cómo solucionan sus problemas”. Preguntado sobre si el acuerdo no violaba los derechos reconocidos a los médicos por las leyes del país, el entrevistado se justificó: “Panamá está en crisis, en una guerra, y no podemos estar con tanto legalismo”.

El enfoque dado por don Francisco a este turbio asunto es algo que, por desgracia, no resulta insólito en este pícaro mundo. No es sólo el exministro istmeño quien aplica el principio —no exento de una buena dosis de cinismo— expresado por el poeta clásico español: “Ande yo caliente, y ríase la gente”.

En ese contexto, es forzoso que reconozcamos la digna decisión adoptada por el doctor Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. En carta dirigida al ministro del ramo, el eminente facultativo renunció a su cargo en el Consejo Consultivo de Salud, el mismo órgano al que pertenece Sánchez Cárdenas.

Una ley panameña, explicó el doctor Mendoza, dispone que “solamente se contratará personal extranjero a través de un contrato individual de trabajo”. Y puntualizó que esa negociación “no podrá hacerse en grupos o contingentes a través de concepciones o tercerización”. O sea, que el convenio concertado entre Cuba y la república istmeña tiene todos los visos de una transacción ilegal.

Posturas dignas como la asumida por el ilustre Decano de Medicina, o las que, tras las declaraciones de Sánchez Cárdenas han adoptado don José Miguel Vivanco o nuestra colega Yoani Sánchez, revisten enorme importancia: las autoridades panameñas podrán, de manera egoísta, tratar de desentenderse de la explotación inicua que sufren los galenos cubanos, de cuyo trabajo ellas se beneficiarán.

Pero gracias a publicaciones como las mencionadas, lo que no podrán alegar esas mismas autoridades, llegado el momento oportuno, es que desconocían el trato leonino que, a manos de su propio gobierno, sufrían los médicos de la Isla. Esto, tal vez, servirá mañana para que algunos de esos mismos profesionales les reclamen sumas millonarias por su complicidad en el despojo padecido.

Si así llegara a suceder, muy bien empleado les estaría.

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René Gómez Manzano

(La Habana, 1943). Graduado en Derecho (Moscú y La Habana). Abogado de bufetes colectivos y del Tribunal Supremo. Presidente de la Corriente Agramontista. Coordinador de Concilio Cubano. Miembro del Grupo de los Cuatro. Preso de conciencia (1997-2000 y 2005-2007). Dirigente de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil. Ha recibido premios de la SIP, Concilio Cubano, la Fundación HispanoCubana y la Asociación de Abogados Norteamericanos (ABA), así como el Premio Ludovic Trarieux. Actualmente es miembro de la Mesa de Coordinación del Encuentro Nacional Cubano

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