LA HABANA, Cuba.- Muchos cubanos tenemos grabada en la memoria aquella frase pronunciada unos años atrás por Castro I, cuando confesó que nadie sabía cómo se construía el socialismo. Entre atónitos e incrédulos, la mayoría se preguntaba qué habían estado haciendo entonces durante todas las décadas anteriores, cuando el discurso oficial sostenía que vivíamos inmersos precisamente en la construcción de esa idílica “sociedad cualitativamente superior al capitalismo”.
Sin embargo, el Sucesor en el trono, Castro II, al parecer sí cree saber cómo se erige, no ya el socialismo tal como nos lo contaron desde los manuales soviéticos, pero sí su similar: un engendro homónimo que en realidad no sería sino la consumación del monopolio capitalista estatal, mayorazgo absoluto de la casta gallego-biranesa, sus adeptos cercanos y su descendencia.
De hecho, el General ha calculado incluso cuánto tiempo de “preparación” habrá de transcurrir para vislumbrar ese portento: exactamente 13 años, es decir, desde 2017 –cuando quedará definido y aprobado el nuevo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) – hasta 2030, cuando la “exitosa” aplicación de los Lineamientos haya fertilizado el camino del “desarrollo socialista”. El PNDES constituye el complemento y herramienta del Proyecto de Conceptualización (PC), ya analizado en un trabajo anterior.
A aprestarse, pues, los nuevos albañiles para batir la nueva mezcla que nos trae la castrocracia, que si asumimos el desatino como certeza, el “socialismo” prometido podría empezar a construirse justamente 70 años después de la toma del poder por la guerrilla que aún sigue en pie de guerra desde las confortables alturas del Palacio de la Revolución, muy distante de los quebrantos cotidianos de la gente común.
Desde luego, se trata aquí de una alucinante acumulación de quimeras. La primera de todas es suponer que haya cubanos dispuestos a leerse y a analizar seriamente los documentos emanados del cónclave secreto de los druidas, del pasado abril. La otra –no menos fantasiosa– es que alguien (incluyendo sus propios gestores) se tome en serio los contenidos que en ellos se “resume”. Y por último, está la enajenación del “Modelo” ideal del que se parte para proyectar el futuro en un país que ni siquiera tiene presente, y en el cual los rasgos demográficos predominantes son la baja tasa de natalidad, el acelerado envejecimiento poblacional y la indetenible emigración al exterior. No es probable que la casta gobernante pueda contar con suficientes esclavos en la dotación como para construir otro embuste “revolucionario” de tal magnitud.
Pero no es mi intención extenderme en otro análisis sobre seniles –aunque nada ingenuas– utopías, sino centrar el foco en algunos elementos turbios que, paradójicamente, forman parte de una especie de glosario, presentado bajo el título Acepción de algunos términos utilizados en los documentos que se presentaron al 7mo Congreso del PCC, y que establece en 33 categorías la nueva batería de conceptos castristas “sobre la propiedad y el socialismo”, para que la población más culta del planeta comprenda a cabalidad el alcance de tan preclaros pliegos.
Pero, tal como la sábana demasiado corta que no alcanza a tapar los pies, el glosario en cuestión no logra enmascarar los demonios que intenta conjurar el castrismo. Un ejemplo que salta a la vista es que el concepto “propiedad privada” –reconocido como una de las formas de propiedad para el Modelo cubano (inciso d del punto 120 PC) –, no se incluye en la lista de definiciones glosadas para ambos documentos.
En su lugar se formulan categorías sucedáneas, como Forma de propiedad no estatal, Propiedad personal, o Propietario común de los medios fundamentales de producción, eufemismos destinados a difuminar en aras de un supuesto “interés común” los derechos de los individuos de administrar, controlar, heredar o disponer de sus bienes. Interés éste que en Cuba estaría determinado por “el papel rector del Estado socialista en la economía” y que erige a la “propiedad estatal” –dizque “propiedad socialista de todo el pueblo” – en “la columna vertebral de todo el sistema de propiedad de la sociedad socialista” (punto 123, PC).
Este carácter rector del Estado, a su vez, se fundamenta estrictamente en “los principios de nuestro socialismo”, por lo cual también “los proyectos de vida personales, familiares y colectivos “son seleccionados a libre voluntad y responsabilidad” de cada quien, pero dentro del marco político-ideológico trazado por el PCC, y en ningún caso los proyectos individuales y familiares pueden concebirse “en contraposición o antagonismo con los colectivos”, ecuación en la cual “colectivos” equivale a sociedad-pueblo y, muy especialmente, Estado. Contradictoriamente, los sujetos o entidades definidos como “propietarios comunes” están incluidos entre las “formas no estatales” de propiedad.
Si el lector no ha entendido nada, sepa que tal es el objetivo del panfleto oficial. Se lo simplifico a su mínima expresión: el Estado (Castro y su comparsa) es el representante del pueblo (todos los demás nativos de esta ínsula), y como tal es el que controla la propiedad de todos, incluyendo las propiedades que presumiblemente no son del Estado. Como corolario de esta aberración teórico-jurídica tenemos un “pueblo” dueño de todo pero que cada día es más pobre en bienes, capitales y derechos; mientras el Estado recauda y administra toda la riqueza y los beneficios de los nominales propietarios, establece las estrategias productivas (aunque no produce nada) y establece el orden jurídico y político de ese “pueblo-dueño”.
Otra notable omisión del glosario es la del novísimo tipo de propiedad que se menciona en el punto 120 del PC, “la propiedad de organizaciones políticas de masas, sociales y otras formas asociativas” –implícitamente entendidas en éstas las instituciones creadas por el propio Gobierno-Estado-Partido para garantizar su control de la sociedad–, la cual queda debidamente solapada dentro del concepto genérico de Sociedad civil socialista (término número 10 del glosario).
Curiosamente, y a diferencia de otras formas de propiedad, la de “organizaciones políticas de masas, sociales y otras…” (Inciso e, punto 120 del PC) goza de un privilegio especial, ya que estas asociaciones “poseen personalidad jurídica y actúan en el marco de lo establecido” (punto 188 PC) y “pueden recibir apoyo estatal u otros, en interés del avance y bienestar del país” (punto 190 PC).
No hay que ser un consumado analista para descubrir la triquiñuela castrista: al reconocer como “propiedades” con personalidad jurídica e independientes del Estado las organizaciones creadas para su propio servicio –los CDR, FMC, CTC, FEEM, FEU, OPC, UPEC, UNEAC, y toda una extensa lista de “fundaciones” definidas como “sociedad civil socialista” –, y al legitimar el derecho de éstas a recibir “apoyos” (¿financiamientos?, ¿donaciones?) del Estado u “otros” (¿instituciones, organizaciones u otros actores extranjeros?), no solo justifica la permanencia de una monstruosa estructura institucional improductiva y parásita dentro de un país endeudado y en perenne crisis económica, sino que libera al Estado-Partido-Gobierno del peso que implica su sostenimiento, además de convertirlas en potenciales tributarias de impuestos a ese propio Estado.
Llevando un paso más allá este análisis, resulta difícil no relacionar la categoría “sociedad civil socialista” y el reconocimiento oficial de la forma de propiedad de “organizaciones políticas de masas, sociales y otras” –definidas en el glosario como una “forma de propiedad no estatal” –, con las medidas de flexibilización dictadas por el gobierno estadounidense, a propósito de la aprobación de créditos bancarios y otras ventajas para emprendedores no estatales. No sería de extrañar que la sociedad civil socialista se convierta en parte de los emprendedores del futuro. Baste recordar que el origen de los capitales de muchos de los actuales magnates de Rusia proviene de los manejos de las instituciones creadas por el Estado soviético. Si al lector le parece algo retorcido, sepa que, en efecto, lo es.
Y como todo parece estar pensado, no por casualidad el concepto número 6 del glosario (Formas de propiedad no estatal) expone textualmente en el inciso 4 que “las posibilidades de las diferentes formas no estatales para la administración eficaz y uso eficiente de los recursos” deben aportar “al desarrollo de la economía nacional, en lugar de constituir una carga para el Estado socialista”. Es decir, todas deben tributar al Estado a partir de sus ingresos.
Obviamente, con independencia del carácter irrealizable de casi todos los planes castristas, no se debe perder de vista la evidente intención de fabricar un marco jurídico abarcador de toda la sociedad, propicio a sus intereses como oligarquía militar empresarial y política. Dicho marco cubriría a la vez las exigencias formales mínimas para satisfacer los escrúpulos legalistas, de cara al exterior, y legitimaría la transición castrista a un capitalismo de Estado disfrazado de socialismo.
Es así que, finalmente, ya sabemos que cuando en lo sucesivo la cúpula hable de cómo “construir el socialismo”, en realidad se estará refiriendo a la mejor manera de consolidar el emporio particular fundado por los dos más ilustres hijos de… Birán.
No faltarán quienes opinen que esto es preocuparse demasiado, que el absurdo de los planes oficiales, por sí mismo, son la garantía de su fracaso. Quienes así piensen estarían olvidando los muchos perjuicios que nos ha causado como nación subestimar las habilidades miméticas y de supervivencia del castrismo. En lo personal, coincido con los que creen que al enemigo es mejor mantenerlo bajo la más atenta mirada, aun cuando estemos convencidos de que agoniza. Y no sé de nadie que haya merecido mejor que los Castro el título de enemigos de los cubanos.