Maduro no ataca a Guaidó, pero lo intenta con su entorno

Maduro no ataca a Guaidó, pero lo intenta con su entorno

Sin dudas la situación del recién arrestado jefe de despacho del presidente democrático de Venezuela despierta justo interés

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LA HABANA, Cuba. – La pasada semana, la prensa nos brindó la información sobre un nuevo arresto perpetrado en Venezuela por órdenes del dictador Nicolás Maduro: En esta ocasión se trató de Roberto Marrero, jefe de despacho —y, como tal, “mano derecha”— del presidente Juan Guaidó, a quien reconocen en ese cargo más de medio centenar de gobiernos democráticos.

El solo enunciado de la acusación que ahora se esgrime contra el cercano colaborador de Guaidó invita a la perplejidad. Del mismo modo que rechazamos la mezcla de uvas con melones, así también parece absurdo involucrar una actividad política pacífica (como la que realizan Guaidó y sus amigos, incluido el ahora detenido) con una supuesta conspiración violenta, que incluye contratación de sicarios y alijos de armas.

Pero ésa es la tesis que proclama el señor Jorge Rodríguez, flamante ministro de Comunicación de Maduro, quien habló de planes para “desencadenar operaciones terroristas”. El Goebbels venezolano afirmó: “Las conversaciones halladas en el teléfono de Marrero evidencian que conspira junto con Guaidó para gestionar financiamiento de actos terroristas”.

Como presuntas “pruebas” del delito —pues— se exhibirían capturas de la pantalla del móvil ocupado al detenido. (¡Creo que, en el mundo, sería la primera ocasión en que temas tan comprometedores como múltiples asesinatos ——incluyendo un magnicidio—, sabotajes al metro de Caracas y colocación de numerosas bombas, se abordarían por un medio tan vulnerable como un teléfono móvil!).

Los agentes represivos del chavismo también exhiben un nutrido arsenal de armas de todo tipo, presuntamente ocupadas en la casa de Marrero. ¡Lástima que todo ese imponente material bélico haya sido plantado por los mismos corchetes que practicaron el registro domiciliario, según denuncian los correligionarios del jefe de despacho acusado!

Y a todas éstas, ¿de qué acusan a la otra víctima de la represión chavista! Con independencia de que ese otro señor —Luis Páez—, arrestado junto a Marrero, sea el jefe de la escolta de éste , su chofer o quien fungía como su mujer (como con pésimo gusto e insuperable desvergüenza anunció TeleSur al dar la noticia), ¿qué le imputan a éste! ¿Por qué fue detenido y se le mantiene privado de libertad también!

La patraña urdida contra Roberto Marrero mantiene su actualidad porque se anunció que ese principal acusado sería presentado a un Tribunal el pasado lunes. Con ese motivo, su abogado, el doctor Joel García, ha denunciado con valentía: “Estamos frente a un posible fraude procesal”. Al parecer, los represores chavistas pretendían que el acto judicial tuviera lugar cuando ya el público, cansado de esperar, hubiese abandonado el Palacio de Justicia.

Pero ya ni siquiera esto es válido. Los últimos informes de prensa plantean que los magistrados chavistas, invocando el nuevo apagón que afecta el país, han incumplido los plazos procesales, y siguen sin presentar públicamente a los inculpados.

En cualquier caso, esta información nos permite comprender que, en el proceso de violación sistemática de los derechos humanos de los procesados y de eliminación de sus garantías procesales, a los discípulos chavistas del castrismo les falta un largo trecho por recorrer antes de alcanzar a sus maestros de la Gran Antilla.

En Cuba, cuando aún regían la Constitución democrática de 1940 y la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pusieron en vigor las autoridades coloniales españolas, la policía, tras detener a un sospechoso, estaba obligada a presentarlo ante un juez dentro de las veinticuatro horas siguientes a la detención.

En principio, esta situación se mantuvo vigente durante los primeros años del castrismo (¡claro que no para quienes caían en las garras de los llamados “tribunales revolucionarios”!), pero con el paso de los años esta situación ha cambiado. En la actualidad, la policía presenta al arrestado no ante un órgano de justicia, sino ante un instructor, que —a pesar de ese título que parece indicar otra cosa—, es en realidad otro policía más.

Este último personaje dispone de tres días para resolver sobre la situación del detenido, y si considera que debe seguir encarcelado, solicita la autorización del fiscal —parte acusadora—, quien está facultado para decretar la prisión provisional.

No hay —pues— comparecencia pública, ni audiencia ante un órgano jurisdiccional; tampoco la hay ante el fiscal encargado de resolver. Hasta el día del juicio (que se supone que sea al cabo de meses, pero en ocasiones demora años), la situación procesal del acusado se determina mediante papeles que obran en expedientes de difícil acceso.

En Venezuela, quienes se enfrentan al chavismo —como Marrero ahora— todavía cuentan con la posibilidad de un acto público. Verdad que éste se celebra ante magistrados venales y politizados, plegados por entero a los dictados del gobierno que los nombra. También es cierto que el trámite se demora, como ahora. Pero al menos los interesados cuentan en principio con la posibilidad de asistir y conocer de primera mano qué está sucediendo.

En el ínterin, la opinión pública y los gobiernos democráticos no han abandonado a Marrero ni a su compañero de arbitrario arresto. Para nadie es un secreto que, mediante este acto de brutal hostigamiento contra el jefe de despacho de Guaidó, lo que se pretende es afectar a este último. Ya que no se atreven a actuar contra el joven político que con gran valentía les ha plantado cara, la emprenden contra su mano derecha.

Les interesa saber cómo reaccionarán los países libres que apoyan a Guaidó. Y el mundo presta atención y escucha. A raíz del reciente atropello, las autoridades de Estados Unidos han impuesto sanciones al importante Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (BANDES). El consejero de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, anunció “acciones más significativas” y advirtió: “No estamos jugando”. El senador Marco Rubio calificó la detención como “una burla al Estado de Derecho”.

La opinión pública debe mantenerse atenta a las próximas incidencias del affaire Marrero. Se trata de una situación importante para el destino de la Patria del Libertador y, en general, de la democracia en América Latina.

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