LA HABANA, Cuba. – En la comunidad conocida como la Granjita, en la zona de Alamar, municipio Habana del Este, dos madres cubanas están pidiendo desesperadamente al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel que se interese en su caso: “Queremos hablar con el presidente para que conozca sobre nuestra situación”.
Las mujeres, quienes irrumpieron en dos inmuebles de manera ilegal, aseguran que las autoridades pertinentes las engañan con promesas y soluciones inmediatas que nunca han llegado a concretar.
“Un buen día a las 12:00 de la noche decido agarrar a mi hija y meterme en este lugar que estaba cerrado hacía más de cuatro años (…). Después de explicarle a todo el mundo sobre mi situación y que había enviado varias cartas al Consejo de Estado, el Gobierno decide dejarme aquí bajo la promesa de que iban a ponerme el agua, la corriente y el servicio sanitario, pero en realidad nunca lo hicieron”, explicó a este medio Lenay Pasuti Aguerrido, una de las mujeres.
La entrevistada asegura que su caso era conocido por diferentes instituciones del país, pues había enviado incontables cartas al Consejo de Estado.
“En mi desesperación, luego de que me separo del padre de mi hijo, empecé a escribir a todas las autoridades pertinentes y solo recibía como respuesta que no había fondo habitacional o que no tenían solución para mi caso”, dijo.
“Entonces es que decido meterme aquí. Yo ya conocía este lugar y sabía que estaba vacío hacía mucho tiempo, y que además estaba echándose a perder”, relató.
Asimismo, la cubana comenta que los apartamentos no estaban totalmente terminados, por lo que no cuentan con entrada de agua potable, servicio sanitario ni corriente eléctrica.
“Aquí nunca ha venido nadie a interesarse por nuestra situación, a pesar de que somos madres con una situación económica difícil y de que hay menores conviviendo en este lugar. Nosotros no tenemos fosa, tenemos que defecar en un cubo. No tenemos agua, no tenemos luz (eléctrica). Aquí nadie tiene un contador eléctrico, aquí todos nos cogemos (robamos) la luz; un vecino se la da al otro y así”.
“Estas casas todas están a medio terminar. Las de nosotras dos (…) no son las únicas que están así. Así también están las otras casas donde están viviendo personas que trajo el Gobierno, personas que perdieron sus casas en un derrumbe que hubo en Centro Habana y los metieron aquí; sus casas están iguales que estas y se las entregó el Estado, así que imagínate”, denunció.
Entretanto, Anay Nogueira González, madre de tres menores, destaca que al igual que Lenay ella irrumpió de manera ilegal en uno de los mencionados apartamentos de la Granjita, tras residir durante años en un sótano, donde sus hijos se enfermaron de los pulmones.
“Escribí varias veces al Consejo de Estado pidiendo que me sacaran de esas condiciones… pero como no hicieron caso y como me sugirieron ellos mismos a que me colara en un local, decidí meterme aquí”, detalló.
La entrevistada también explica que, además, era víctima de maltrato físico por parte de su pareja, quien incluso llegó hasta amenazarla de muerte sin que las autoridades hicieran más que multarlo.
“Él me golpeaba, me quitaba la balita de gas para que no cocinara… Lo acusé como ocho veces y nada pasaba… Después cae preso y decía que cuando saliera me iba a matar; yo cogí miedo y me fui para casa de mi mamá. Allí dormíamos en la sala, ya que en esa casa no cabía nadie más. Ese fue otro de los motivos por lo que decidí colarme en esta casa”.
La joven madre asegura sentirse indignada porque está convencida de que, si ella y su vecina tuvieran economía para sobornar a las autoridades pertinentes, todos sus problemas estarían resueltos.
“Yo me siento indignada porque hay personas que tienen recursos, posibilidades. Entonces esas personas sí vemos que avanzan, y nosotras que no tenemos esos recursos, tenemos que esperar a que una persona haga conciencia y piense en nosotras”, lamentó.
De acuerdo con Anay, el régimen no muestra interés por resolver los problemas del pueblo.
“Yo creo que las autoridades del país no están haciendo un buen trabajo, estos casos se quedan engavetados y no llegan a donde deberían llegar, a las personas que verdaderamente tienen la capacidad de resolver este tipo de situaciones, esas personas no se enteran de esto”.
“Soy madre soltera con tres niños y nadie se ha interesado en qué comen esos niños, en verdad no he visto ningún tipo de ayuda”, denunció.
La Granjita es una comunidad donde residen alrededor de 15 familias en su mayoría reubicadas por las autoridades de la capital tras el desplome de sus viviendas. Los apartamentos fueron entregados sin ser habitables.
En ese sentido, Channay Salas Milián, otro de los residentes de la comunidad, detalla una situación similar en su vivienda a pesar de que fue el Gobierno quien le otorgó el inmueble tras el desplome del suyo.
“Esto es supuestamente una casa nueva, la cual me entregaron sin haber terminado la construcción y en la actualidad, aunque ya ha pasado el tiempo, las autoridades no han dado respuesta de nada”, dijo.
“El techo se filtra, la electricidad está súper peligrosa porque los cables se mojan, por lo que pedimos a las autoridades que se apiaden de nosotros, que no estamos aquí porque queremos, estamos aquí porque perdimos nuestras casas y no queremos volver a perderla”, advirtió.
A pesar del llamado de las altas autoridades del país para evitar las “chapucerías” en la construcción de viviendas, cada vez son más las personas que denuncian encontrar este tipo de situaciones en inmuebles entregados por el régimen cubano.
La vivienda continúa siendo una asignatura pendiente para el régimen del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, con un déficit habitacional que asciende a poco más de 900.000 viviendas.
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