LA HABANA, Cuba – El pintor Pedro Pablo Oliva, Premio Nacional de Artes Plásticas 2006, ha recibido un nuevo castigo. Las autoridades cancelaron su muestra Utopías y disidencias, que debía inaugurarse en Pinar del Río el pasado 10 de septiembre.
El artista protestó en una carta pública, donde además se queja de que un oficial del Ministerio del Interior, en una conferencia ante profesores de la Universidad de Pinar del Río, mostró una diapositiva de una obra suya para ejemplificar “la subversión y la manipulación ideológica del enemigo en el ámbito de la cultura”. También denunció Oliva “las continuas llamadas, por parte del oficial de la Seguridad del Estado que “atiende” el sector cultura (sic) en Pinar del Río, a nuestros amigos y colaboradores cercanos, con la intención de vigilar nuestra vida privada, creando, como es lógico, un clima de suspicacia con respecto a mí y a mi familia”.
La respuesta a las quejas del pintor vino en una carta de Rubén del Valle, presidente del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, quien justificó la cancelación de la exposición con “el derecho institucional a tomar las decisiones que estimemos pertinentes en la implementación de la política cultural”.
El comisario anti-cultural advirtió sobre “individuos con posiciones beligerantemente contrarrevolucionarias que han encontrado en estas circunstancias un excelente caldo de cultivo en el que desarrollar su activismo político”.
En el colmo del cinismo, aseguró Del Valle que la decisión buscaba “individuos con posiciones beligerantemente contrarrevolucionarias que han encontrado en estas circunstancias un excelente caldo de cultivo en el que desarrollar su activismo político” y aseguró sentirse confiado en la “capacidad de la política cultural de la Revolución para generar y propiciar el diálogo, en el respeto a las posiciones del otro, y en la ampliación cada día más de los márgenes de la libertad de creación”.
Con prohibiciones como estas, las políticas anticulturales del régimen comunista demuestran todo lo contrario. Es como si retrocediéramos, a marcha forzada, a los días del Decenio Gris, en los años ‘70.
La invocación del comisario Rubén del Valle al derecho institucional para censurar el arte, me trae a la memoria la perreta que protagonizó, allá por 1989, un funcionario del Partido Comunista de la ciudad de Camagüey, en una muestra de jóvenes pintores en la capital.
El funcionario, que estaba desinhibido por unos traguitos de más, dio un escándalo cuando vio uno de los cuadros, en el que varios hombres que trataban de cruzar un precipicio, cuando caían, que era lo que pasaba la mayoría de las veces, quedaban convertidos en perros, allá abajo, en el fondo del abismo.
–Es un mensaje contrarrevolucionario. ¿Creen que somos bobos y no nos damos cuenta de quiénes son los perros?– exclamó, y con la misma se abalanzó contra el cuadro.
Cuando lo sujetaron y le explicaron que había que respetar el derecho de los artistas a expresarse, el tipo se puso peor. Pareció que se quería quitar el pantalón, hasta que explicó:
–Si estos gusanos maricones tienen derecho a exponer, entonces yo, como revolucionario, tengo derecho a expresar mi rechazo y mear encima de su cuadro. Porque como soy un perro…
Por suerte, no lo consiguió. Un periodista amigo suyo, que lo acompañaba, se lo llevó a rastras de la exposición.
Por mucho que algunos se empeñen en afirmar lo contrario, no ha cambiado mucho el ambiente de prohibiciones y represión en los 25 años transcurridos desde aquel episodio. El “derecho institucional” para censurar el arte, al que echó mano el comisario Rubén del Valle, no difiere mucho del derecho a la meada que reclamaba aquel funcionario del partido único que se sintió aludido por unos perros en un despeñadero.
