Los ensayos de una obra de teatro titulada “Ley de Prensa en Cuba”

Los ensayos de una obra de teatro titulada “Ley de Prensa en Cuba”

El documento se aleja del ideal que muchos esperaban. Pintura nueva para la misma casa vieja

Cuba, uno de los países con menos libertad de prensa en el mundo

VILLA CLARA.- La existencia de una Ley de Prensa en la isla ha sido un reclamo de los profesionales del sector por décadas. Sin embargo, han tenido que esperar hasta 2018 para ver algo de luz al final del túnel. Mas, el documento, que regulará el desempeño de comunicadores, periodistas, diseñadores, publicistas y cualquier especialidad afín, se aleja un tanto del ideal que muchos esperaban.

Esta propuesta de Ley de Prensa, aún por presentarse de forma pública, empezó a circular por el Consejo de Ministros, por los presidentes de gobiernos provinciales y otros dirigentes desde mediados de 2015. De todas las opiniones recogidas, un elevado por ciento ratificó su contenido y el otro hizo recomendaciones para “enriquecerla”, nunca para criticarla.

Su contenido fue redactado por un grupo de expertos de diversos sectores como Economía, Trabajo y Seguridad Social, Justicia, Periodismo y Comunicación, bajo la égida del Comité Ideológico del Partido Comunista y de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

Basados en su trabajo y estudios se presentó lo que hoy ya se alista como “palabra sagrada” para todo lo relacionado con esta área y que han decidido oficialmente llamar “Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos”. Por estos días se ha compartido en múltiples colectivos de todo el país.

Funcionarios del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista, ente rector del proceso y de la prensa cubana en general, han presentado el documento. Según trascendió, este tipo de encuentros “no son para informar, sino para prepararnos. El documento ya está aprobado, pero igual podemos debatir y escuchar sus inquietudes”.

Esta práctica confirma lo que la web Cuba Posible había denunciado anteriormente. “No se ha creado un ambiente previo de discusión amplia y colectiva, de diálogo, disenso, cruce de ideas, confrontación de propuestas, que permita comprender dentro del gremio y en la sociedad en general, la necesidad, implicaciones, retos y también peligros que acompañan a una legislación en esta área, sea cual sea su alcance”.

Este mismo sitio indicó que “ni siquiera sabemos a estas alturas si será una regulación sometida a discusión popular antes de su aprobación, si solamente se debatirá y refrendará por la Asamblea Nacional del Poder Popular o si se le dará salida bajo la forma de Decreto-Ley firmado por el Consejo de Estado”. Todavía sigue siendo un misterio.

Un diagnóstico arrojado por el equipo redactor vino a descubrir “el agua tibia”, como se dice en buen cubano. Así quedó plasmado, entre otras cosas, la persistencia del secretismo, trabas institucionales para ofrecer la información y autocensura; producciones audiovisuales independientes que no están legalizadas y carencias materiales, así como retraso tecnológico, que afecta la producción comunicativa.

Dentro de ese dictamen, se mencionó además la “existencia de medios digitales privados, alojados fuera del país, que desarrollan una agenda de contenidos sobre nuestra realidad con intencionalidad hipercrítica y desmovilizadora”.

“En su gestión –continúa el informe- es común la participación de profesionales de la comunicación social dentro de Cuba, muchos de ellos jóvenes, que reciben pagos y otros atrayentes incentivos, suministrados desde el exterior. Ustedes conocerán El Estornudo, El Toque, Cuba Posible y todas esas que andan por ahí”, añadieron en tono despectivo.

Los funcionarios dejaron claro entonces que esas publicaciones nunca podrían ampararse en la naciente ley, ni mucho menos registrarse de forma legal, pese a que la Constitución de la República instituya a sus ciudadanos la libertad de palabra y prensa.

En relación con este tema, una estudiante de periodismo en un foro convocado por La letra corta, reconocía la existencia de “un debate donde se presentan diferentes confrontaciones entre medios alternativos, sobre todo en Internet, y personas de alto rango en el gobierno, que afirman que estos dan una visión diferente a la de Juventud Rebelde y Granma. Dicen que estos medios atacan a la Revolución y realmente no es así”.

Más adelante, inquirió que “si existe el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, perfecto, lo respeto, quien sea del PCC que lea el Granma, quien sea de la Unión de Jóvenes Comunistas que lea Juventud Rebelde, pero por qué mi mamá o mi papá que son cuentapropistas solo tienen que leer eso”.

Durante los debates, un joven profesional se preocupó por la situación de estos proyectos mediáticos privados una vez implantada la ley. La respuesta fue simple y tajante: “De acuerdo con la Resolución 81 del Ministerio de Cultura, todas las publicaciones impresas y digitales para circular en el país tienen que estar inscritas en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas, si no, son ilegales”.

Los intercambios no han sido muy ricos, pues los miembros del gremio implicados en estas “reuniones informativas” no ven mucho sentido en criticar algo que ya está aprobado, a pesar de la repercusión que esta “ley” va a tener tanto en quienes hacen el periodismo y la comunicación, como en quienes lo consumen.

“Algo positivo –declaró un periodista en calidad de anonimato- es que ya con este cuerpo legal se protege el derecho a la información y podemos demandar a una fuente que no nos quiera dar una entrevista, sino, estaría violando una ley. Es algo que nos ampara en ese sentido”.

Algunos coincidieron con la política presentada y otros celebraron su llegada, aunque las mayores preocupaciones se centraron en temas tan antiguos como acuciantes: el salario, la estructura de dirección de los medios y la publicidad.

Sobre este último aspecto, se informó que será incluida en los medios, aunque no se precisaron detalles. Algo sí quedó claro: solo las empresas estatales podrán anunciarse, mientras que los cuentapropistas continuarán marginados.

Se indagó asimismo que, si una vez implantada la publicidad en los medios, el dinero recaudado podría permanecer en ellos o tendría que pasar a las arcas del Estado. La interrogante quedó sin responder, pues una funcionaria del Partido evadió la inquietud y solo se enfocó en contestar sobre las cuestiones salariales.

El décimo congreso de la UPEC, que se celebra por estos días en la capital cubana, terminará por perfilar los pormenores finales de esta ley. Al igual que la futura Constitución de la República, en la cual quedará estipulado por encima de todo el carácter socialista y el poder del Partido sobre toda la sociedad, se establecerá que esta misma organización será la rectora “de la comunicación social en el país, traza la política general para su desarrollo y ejerce su control”. Sencillamente, pintura nueva para la misma casa vieja.

[fbcomments]