La rabieta castro-madurista contra Bachelet

GUANTÁNAMO, Cuba. – Venezuela es otro ejemplo de cómo la democracia puede ser desmantelada para imponer una dictadura, lo cual se desprende de la lectura del informe presentado por la Excma. Señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en cumplimiento de la resolución 39/1 del Consejo de Derechos Humanos.

El informe trata sobre el respeto a esos derechos en Venezuela desde enero del 2018 hasta mayo del 2019.

Contrario a lo que pregonan las dictaduras cubana y venezolana, el documento no recoge únicamente las impresiones que la señora Bachelet pudo formarse durante su última visita al país, sino también en las informaciones ofrecidas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), producto de las visitas que hizo a Venezuela entre el 11 y el 22 de marzo de este año, ocasión en la que sostuvo encuentros con numerosos representantes de las partes en conflicto, incluidos los del gobierno. Se añadió a la información recogida en esa visita la que ofrecieron otras nueve que entre septiembre del 2018 y abril del 2019 esa entidad realizó al país, oportunidades en las que fueron entrevistados cientos de refugiados venezolanos ubicados en seis países latinoamericanos y en España.

Un documento de esa naturaleza no puede ofrecer una visión unilateral del problema, como aseguran los voceros de ambas dictaduras.

La misma señora Bachelet, durante su  visita del 19 al 21 de junio a Venezuela, no tuvo en cuenta únicamente a los actores de la oposición, como asegura la prensa castrista, pues también se reunió con Nicolás Maduro, con su vicepresidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, altos cargos de 17 ministerios, el Presidente de la Asamblea Nacional y diputados de la oposición. Asimismo, se reunió con el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el Fiscal General, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Defensor del Pueblo y sostuvo reuniones con representantes de la Iglesia Católica, el sector empresarial, universidades, estudiantes, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, aproximadamente 200 víctimas, la comunidad diplomática y el equipo de la Organización de las Naciones Unidas en el país, según un reporte publicado por Radio y TV Martí, el que también dio a conocer el documento redactado por la Bachelet.

Y si es obvio que Maduro y sus sostenedores cubanos no pueden estar de acuerdo con un documento que denuncia los crímenes de la dictadura castro-chavista, importantes personalidades de la política internacional han expresado su repudio a la situación imperante en Venezuela. Según un reporte de Cubanet fechado el sábado 6 de julio, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó que  el texto redactado por la Alta Comisionada de la ONU “es contundente en condenar las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por las autoridades venezolanas en los últimos años”, entre las que se cuentan más de 6800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad  entre enero del 2018 y mayo del 2019, siendo una de las más recientes la del ex oficial de la Marina Rafael Acosta, quien fue asesinado hallándose bajo custodia gubernamental, algo que ha provocado hondo rechazo internacional. Aun así, el régimen de Maduro y algunos periodistas del oficialismo cubano han tenido la desvergüenza de atacar a la señora Bachelet por el informe.

¿Qué dice el informe?

Luego de hacer un pormenorizado análisis de los derechos económicos y sociales, de las violaciones de los derechos civiles y políticos, del acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada para las víctimas y de los grupos en riesgo, el informe concluyó que “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y a la salud y que el Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas”, a la vez que condena las sanciones impuestas a la dictadura de Nicolás Maduro.

Asegura que, a medida que se agudizaba la crisis, las autoridades comenzaron a usar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, favoreciendo a quienes las apoyan y excluyendo a los disidentes.

Afirma también que por más de una década el gobierno venezolano ha restringido el espacio democrático, debilitando las instituciones públicas y menoscabando la independencia del poder judicial; ha aumentado la militarización de las instituciones estatales y ha empleado a la población civil en tareas de inteligencia y defensa.

Concluye que el gobierno venezolano ha establecido un sistema de represión selectiva -calco mimético del que se aplica en Cuba desde 1959-que prueba la existencia de la persecución por motivos políticos.

Denuncia las numerosas e injustificadas ejecuciones extrajudiciales cometidas por funcionarios estatales, las que no han sido investigadas a fondo, y las graves violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Denuncia que el Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación, y que la impunidad ha permitido la reiteración de las violaciones, lo cual ha envalentonado a los autores.

Y termina con varias recomendaciones al gobierno venezolano, entre las que se cuentan la adopción de medidas tendentes a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos, agua, medicamentos esenciales y a los servicios de salud; que adopte medidas para que cesen las violaciones a los derechos humanos en especial las graves como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales; que investigue de forma expedita esas violaciones y lleve a los responsables ante la justicia; que ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de ella, entre otras; que disuelva las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), que restablezca la independencia del poder judicial y acepte y facilite el establecimiento de una oficina permanente del ACNUDH en Venezuela, entre otras.

La alharaca castro-madurista contra Michelle Bachelet podrá engañar a algunos pero no podrá desvirtuar la realidad que la exmandataria chilena ha documentado fehacientemente.

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