GUANTÁNAMO, Cuba. — Poco antes de las protestas masivas del pasado 11 de julio, el señor Juan González aseguró a la cadena CNN que era interés de la Casa Blanca levantar muchas de las medidas impuestas por el expresidente Donald Trump entre 2017 y 2021.

Entonces, el Director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad de EE.UU. y asesor senior de Joe Biden, especuló con un eventual levantamiento de las restricciones a las remesas familiares, el restablecimiento del servicio consular y el fin de las prohibiciones de los viajes de los cubanoamericanos a la Isla. El funcionario precisó, además, que las medidas serían aplicadas unilateralmente por la actual administración.

Tales declaraciones provocaron malestar en muchos opositores pacíficos cubanos y en la mayor parte del exilio por el impacto económico favorable que seguramente tendrían para la dictadura en caso de ser aprobadas.

González argumentó que la Casa Blanca tenía un “fuerte argumento humanitario” para adoptar tales medidas y que cifraba sus esperanzas de cambio en el contacto directo de ambos pueblos, especialmente, en el papel que juegan los cubanoamericanos, a quienes definió como los mejores embajadores de la libertad.

Sin cuestionar la utilidad de ese intercambio, sería desacertado cifrar en él las esperanzas de un cambio democrático en Cuba. De hecho, no se trata de nada nuevo: con altibajos, ese intercambio ha estado ocurriendo con los cubanoamericanos desde 1980 hasta hoy.

Al parecer, más de 41 años después de los sucesos de la Embajada del Perú y de numerosos encontronazos diplomáticos, acercamientos y lejanías, algunos políticos estadounidenses no están convencidos sobre la naturaleza despótica y violadora de esenciales derechos humanos de la dictadura cubana.

Si hablamos de las remesas, se sabe que el dinero que con tanto sacrificio envían desde Cuba nuestros familiares está gravado con un impuesto del 10% para beneficiar al grupo militar GAESA y que los cubanos no recibimos esos dólares. Teniendo en cuenta el monto de esas remesas, se deduce que la suma que irá a parar a la cúpula castrista para sostener su tren de vida y la represión al pueblo no sería nada despreciable.

Sobre este asunto el pueblo cubano no conoce nada debido a la falta de transparencia informativa, pues cuando se reúne la Asamblea Nacional del Poder Popular y elabora el presupuesto anual del Estado nunca se dan a conocer las cifras destinadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y al Ministerio del Interior (MININT).

También se desconocen las cifras que se recaudan por la industria turística, las misiones médicas y la biotecnología. Y jamás ha habido un diputado de esos que dicen representar al pueblo que las hayas exigido públicamente. Tampoco han tenido el valor de preguntar de dónde sale el dinero que emplean los familiares de altos dirigentes cubanos para sus viajes al extranjero, comprar autos modernos y vivir como lo hacen mientras la mayoría del pueblo pasa días enteros en colas para tratar de comprar alimentos o productos esenciales que el Estado-Partido-Gobierno les vende en una moneda diferente a la que usa para pagarle por su trabajo.

Y llegaron las protestas…

El 11 de julio pasado es ya un parteaguas en la historia nacional.

El gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha intentado manipular a la opinión pública nacional e internacional negando la naturaleza espontánea de las protestas. Tanto en las comparecencias del pasado 11, 12 y 14 de julio, así como en el acto realizado el pasado sábado 17 en La Habana, el sucesor de Raúl Castro silenció los reclamos de los ciudadanos.

Pero en la medida en que ETECSA ha ido restableciendo el servicio de Internet nos hemos percatado de la magnitud y esencia de las multitudinarias protestas ocurridas en varias ciudades cubanas, cuyas resonancias se constataron durante toda la semana, incluyendo las protestas ocurridas en Guantánamo y Baracoa el sábado 17 y el domingo 18 de julio.

No era un pueblo confundido el que estaba en esas protestas, como afirmó el mandatario para tratar de justificar tanta participación ciudadana en ellas. Era una ciudadanía totalmente indignada por el desprecio que la cúpula gobernante demuestra hacia sus problemas el que se lanzó a las calles sin más armas que la razón y un irrenunciable anhelo de libertad que más de sesenta años de dictadura no han podido eliminar. Las manifestaciones fueron la expresión de reiterados reclamos de libertad y en contra de la dictadura de partido único.

De forma irresponsable, Miguel Díaz-Canel Bermúdez dio la orden de combate a sus testaferros en la tarde del 11 de julio. Desde entonces, Cuba ha vivido jornadas de represión fascista, semejantes a las tristemente célebres de 1980.

Luego, cuando la crudeza de las imágenes recorrió el mundo —a pesar del apagón digital al que nos mantenían sometidos — y provocaron gran rechazo internacional, Díaz-Canel dijo que no había hecho un llamado a la violencia. Pero ahí están las imágenes que muestran a oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de civil con bates de aluminio y trancas, bajándose de numerosos ómnibus en las zonas sublevadas prestos a golpear, de hecho lo hicieron.

Ahí está el video de la mujer cardenense que muestra su hogar ensangrentado luego que su esposo fuera baleado por los esbirros en presencia de sus hijos. El presentador Froilán Arencibia trató de desmentir el hecho diciendo que el ciudadano estaba sano y salvo, presentándolo supuestamente en una unidad de la policía, cuando se sabía que está ingresado en el hospital de Cárdenas.

Ahí está el video del joven atacado por cinco miembros de las fuerzas especiales y golpeado cobardemente hasta ser desmayado y ahí está el nombre del único cubano que hasta ahora las autoridades reconocen haber ultimado, aunque se sabe que fueron decenas los golpeados y heridos. Ese es el verdadero rostro de la dictadura.

Y en medio de estos crueles sucesos el señor Díaz-Canel se nos aparece diciendo que “Cuba es de todos los cubanos” y que no podemos abrir nuestro pecho al odio. A la par de su hipócrita discurso, arma con palos a jóvenes casi niños para que salgan a atacar a sus contemporáneos que se atreven a protestar.

¿Será que los congresistas estadounidenses y el presidente Biden no han visto esos videos? Pues parece que sí. Y los primeros en caer en la red fueron el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las FAR,, así como de la Brigada Especial Nacional del MININT, las conocidas Boinas Negras. Tanto López Miera, quien en abril sustituyó en el cargo a su homólogo Leopoldo Cintras Frías, como el destacamento élite del MININT fueron sancionados este jueves por Washington, en lo que podría ser el inicio de una escalada de medidas contra el régimen de la Isla, una movida que nadie habría advertido hace apenas dos semanas.

La pasada semana la administración Biden había destacado a través del propio Juan González que se crearía una comisión especial que revisaría los procedimientos de envío de remesas para garantizar que estas llegaran directamente al pueblo cubano. También se habló de esfuerzos para intentar hacer llegar la Internet a los ciudadanos con el objetivo de burlar el cerco de censura impuesto por el castrismo.

Desde la Casa Blanca parecen entender la gravedad del asunto, pero conviene no aflojar la presión contra la dictadura. A estas alturas, cualquier gesto “humanitario” hacia el poder en Cuba sin que exista un cambio político real sólo logrará reafirmarla y prolongar el sufrimiento de la gente.

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