LA HABANA, Cuba.- La Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno de Cuba, basamento de las decisiones del X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) efectuado del 13 al 15 de julio, continúa incógnita a la población cubana, quien conoció de su existencia al escuchar a Miguel Díaz-Canel en la clausura del evento, y a la cual solo se puede acceder a través de la web de Granma Internacional y algún otro sitio destinado al exterior, donde se mencionó muy resumida.
La ley y los reglamentos complementarios posiblemente lleguen antes de la publicación de la “política”, que se enmarca en la abarcadora legislación comenzada con el trabajo por cuenta propia, y con el que se ha iniciado un reemplazo suave que culminará con la nueva Constitución de la República con la que Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel se proponen grabar su impronta en la historia de Cuba.
Marino Murillo, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente del gobierno, aseguró que “esta no será una tarea fácil. Aún queda mucho por hacer, empezando por la confección de normas y la definición de cómo se implantarán. Ese es un reto de todos”. Joel Suárez, jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y Víctor Gaute, miembro del secretario del Comité Central, coincidieron en que la política de comunicación es la principal arma para lograr la transformación que queremos en nuestra sociedad, según el artículo Un Congreso de pelea: por un mejor periodismo y un mejor país, publicado por Granma Internacional.
Esto contrasta con los criterios de que “para alcanzar el periodismo que deseamos es imprescindible evitar los excesos de regulación, generar contenidos de alta noticiabilidad, elevar los salarios en el sector, y contrarrestar el éxodo de nuestros profesionales”, expresado por Enrique Ojito, periodista del periódico provincial Escambray, que refleja planteamientos recurrentes en todos los medios y las ramas económico-productivas del país. No obstante, el presidente expresó en sus conclusiones que no olvida las demandas más fuertes que se han hecho: el salario, insuficiente y anclado en viejas resoluciones que es preciso desechar; la situación material precaria de los medios y de los periodistas, que al menos en provincias, han sido tomados en cuenta en el empleo del 1% de la contribución territorial de los ingresos locales, pero sí procuró justificar las dilaciones con que: “nadie mejor preparado que ustedes para entender que lo pendiente es mucho más que la necesidad de un gremio”.
Díaz-Canel señaló que la “Política de Comunicación Social define (…), por fin, como un derecho ciudadano y como bien público el acceso a la información, la comunicación y el conocimiento; que otorga la mayor autoridad a los directivos de la prensa; que transversaliza a la sociedad y establece obligaciones en ese sentido para instituciones, organismos, autoridades; que defiende los valores y símbolos de la nación y ordena el respeto a la diversidad que somos. Que declara a la comunicación como recurso estratégico de la dirección del Estado y el Gobierno y define el carácter público de los servicios de radiodifusión y comunicación y reconoce solo dos tipos de propiedad para los medios de comunicación masiva: la estatal y la social. (…) Hay entusiasmo en el Congreso por las puertas que abre a preocupaciones históricas y recientes del sector, como los sistemas de gestión que otorgan mayor autonomía a los medios y su fortalecimiento, ordenamiento, renovación tecnológica. Entiendo que rabien los que no están invitados al análisis porque no son parte de la UPEC, ni de la sociedad cubana que se ganó con sacrificio y esfuerzos el derecho exclusivo a discutir cómo diseñar el futuro”.
Una síntesis del contenido de la “política” realizó Ariel Terrero, director del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, y recién electo vicepresidente de la UPEC, en el artículo ¿Qué modelo de prensa sueña Cuba?, publicado en Granma Internacional. Sobresale que la radio, la televisión, la prensa impresa y otros medios de comunicación masiva, así como las plataformas tecnológicas utilizadas por éstas son de la propiedad estatal o social, según las regulaciones que se establezcan, y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada”.
“Los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones tienen un carácter público, así como los medios de comunicación masiva en cualquier formato o soporte tecnológico, la información, la comunicación y el conocimiento; los medios de comunicación masiva se financiarán fundamentalmente por el presupuesto del Estado y en los casos que se aprueben, también se considerarán los ingresos por la venta de servicios y espacios de publicidad, la comercialización dentro y fuera del país de su producción y patrimonio comunicativos, los ingresos del patrocinio, donaciones y la cooperación nacional e internacional; los medios podrán asumir esquemas de gestión -presupuestado, presupuestado con tratamiento especial o empresarial-, según sus exigencias y características; la gestión, la producción y comercialización de contenidos de los medios de comunicación masiva podrán complementarse con producciones, aseguramientos y servicios a contratar con formas de gestión no estatales; se debe priorizar la infraestructura, conectividad y acceso a las TICs, e impulsar la convergencia digital en los medios de comunicación masiva; articular el uso de las TICs con los procesos de desarrollo e innovación del país, y potenciarlas como plataforma para propiciar la participación ciudadana.
La UPEC y la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana han sido parte activa de la elaboración de la política y de su ajuste y adecuación a los momentos actuales, expresó el mandatario. La política comunicacional y sus ejecutores han sido hechos a su medida por Díaz-Canel, quien desde 2012 como vicepresidente del Consejo de Ministros atendió los organismos vinculados a la educación, la ciencia, el deporte y la cultura, simultaneado con la atención de la esfera ideológica del Comité Central del Partido.
El gobierno, con la participación de la UPEC, crea los mecanismos legales y las estructuras para mantener atada a la prensa, obstruir la expresión, el intercambio de las opiniones ciudadanas mediante el control de las plataformas de Internet, y la descalificación y represión al periodismo independiente.
