CDMX, México. – En el año 2013, el director general de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por siglas en inglés), José Graziano da Silva, dijo: “Cuba tiene hoy una situación de seguridad alimentaria comparable con aquella de países desarrollados, con un índice de subnutrición de menos del 5% de la población”.
Cinco años después Marcelo Resende, representante en Cuba de la FAO, declaró: “Cuba demostró su vocación por el desarrollo de la producción alimentaria con la democratización de las tierras a través de la Reforma Agraria, cuya primera ley al respecto se firmó el 17 de mayo de 1959”. El funcionario agregó que “desde los primeros años posteriores a 1959, el país comenzó a promover la agricultura como sector fundamental para producir alimentos destinados a la población”. Finalmente sentenció: “El hambre en Cuba no es un problema”.
Frei Betto, asesor para los temas nutricionales de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional del régimen cubano (SAN), afirmó en diciembre de 2021: “En Cuba no hay hambre. ¡Pero los cubanos tienen mucho apetito! El Gobierno gasta más de 2 000 millones de dólares al año para importar alimentos, incluso de Brasil, al que le compra, entre otras cosas, arroz y pollo…”, señaló. Sus declaraciones provocaron una ola de indignación en las redes sociales.
Para este “experto” en nutrición, los cubanos deben comer las cáscaras de las legumbres y cambiar la harina de trigo por la harina de yuca, utilizada por nuestros ancestros para elaborar el casabe. Esta solución, irrespetuosa para la ciudadanía, deja al margen el acceso y la calidad de los alimentos, indicador del derecho a la alimentación de la ONU.
La superficialidad y falsedad de los tres funcionarios sobre el derecho a la alimentación en Cuba no puede ser explicada más que como un respaldo ideológico al régimen cubano, un fraude a los ciudadanos cubanos y a la comunidad internacional.
Los datos
Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI), menos de la mitad de la tierra cultivable en Cuba se dedica a los cultivos temporales o permanentes. Casi un millón de hectáreas de tierras fértiles continúan ociosas, y el 45% de la tierra cultivable se dedica al pastoreo del ganado. Frente a estos datos de 2018, la ciudadanía se pregunta: ¿por qué no hay alimentos? Y en especial: ¿por qué escasean las carnes vacuna y porcina?
En abril de 2021 el viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca, dijo en el espacio “Mesa Redonda” de la Televisión Cubana que en la Isla se cultivaba menos de la mitad de las tierras agrícolas disponibles. Precisó que el país disponía “de más de 10 millones de hectáreas de tierras” y que, “de ellas, más de 6 millones son tierras cultivables (58%), pero solo poco más de 3 millones están cultivadas”.
En un estudio realizado en 2004 por expertos uruguayos y cubanos sobre la producción de carne se llegó a la conclusión, comparando las producciones de ganado de Uruguay y Chile, de que serían necesarias granjas pequeñas de ganado vacuno, bajo las reglas de la economía de mercado. El estudio mostraba los decrecimientos de la masa ganadera cubana, y una proyección para el año 2009 de algo más de 3 millones de cabezas de ganado vacuno. Es decir, la mitad de lo que tenía Cuba en 1958.
El diagnóstico y las soluciones
La libreta de racionamiento ha ocultado la inseguridad alimentaria en Cuba. La canasta básica más pobre de América Latina demuestra que los ciudadanos subsidiados no alcanzan a obtener, per cápita, las kilocalorías diarias imprescindibles. En Cuba existe una inseguridad alimentaria de moderada a grave, cuando los ciudadanos no pueden comer tres veces al día. Comparando las canastas básicas de México, Ecuador, Argentina, Colombia y Perú, el número de productos es mucho menor en el caso de Cuba, y la cantidad asignada por persona también lo es. O sea, Cuba solo subsidia 19 productos, y las proteínas ―carnes, pescado, huevos, legumbres―, verduras, frutas y lácteos, están muy por debajo de las cantidades establecidas en las canastas básicas de los otros países.
El quinto informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (2022), que cubre 14 de las 15 provincias del territorio nacional, señala que el 59% de los entrevistados dejó de desayunar, almorzar o cenar este año por ausencia de recursos monetarios, o por déficit de alimentos.
Desde hace décadas las políticas públicas con relación a la agricultura y la producción de ganado siguen siendo erráticas por la falta de definición de la propiedad y sus derechos; la dependencia estatal para adquirir los capitales y los insumos necesarios en la producción; la obligatoriedad para los campesinos de asociarse a cooperativas o empresas estatales con el fin de realizar todas las gestiones relacionadas con la adquisición de insumos, implementos de trabajo y créditos; además de las prohibiciones a los productores para importar y exportar de manera directa.
Los campesinos cubanos deben pagar seis tipos de impuestos y no cuentan con mercados mayoristas donde comprar insumos y aperos para la producción agraria. Los microcréditos son escasos e insuficientes para cubrir el costo de los implementos agrícolas. El monopolio estatal Acopio, encargado de recoger la producción en los campos, deja pudrir las cosechas por falta de envases, camiones o combustible. La obligación de entregar el 75% de las producciones al Estado, a precios por debajo del mercado, estanca la producción y mantiene la “angustia alimentaria”.
Por otra parte, muchas veces los pagos estatales a los campesinos demoran varios meses, impidiéndoles empezar un nuevo ciclo de cosecha. El monopolio del comercio interior para la distribución de alimentos mantiene desabastecidos los mercados de productos de primera necesidad, y las nuevas mypimes (micro, pequeñas y medianas empresas) mantienen esta cadena de intermediarios estatales obligatorios entre el productor y el consumidor.
En 2018 el profesor Carmelo Mesa Lago propuso las siguientes medidas para lograr la seguridad alimentaria en el país: 1) aumentar el tamaño de la parcela y extender el período del contrato de usufructo de 20 a 50 años o por tiempo indefinido; 2) crear mercados mayoristas en todo el país que suministren a los usufructuarios y dueños de tierra insumos esenciales a precios razonables, acciones que serían compensadas con un aumento en la producción y precios más bajos; 3) eliminar el monopolio Acopio y dejar a los usufructuarios que decidan qué producir, a quien vender y fijar los precios, sin intervención estatal; 4) promover cooperativas voluntarias y autónomas que comercialicen los productos generados por los usufructuarios y dueños de tierra, a fin de reemplazar a los mediadores estatales o privados que pagan precios bajos a los productores y encarecen los precios a los consumidores; 5) entrenar a los usufructuarios ya sea por el gobierno, las ONG u otras entidades; 6) no limitar la inversión del usufructuario en la parcela, garantizarla en caso de no renovación o extinción del contrato, y permitir la inversión extranjera sujeta a la regulación legal adecuada; 7) aumentar el microcrédito a la agricultura, preferiblemente por un banco especializado en esta actividad; 8) permitir la libre contratación de empleados, regulando sus condiciones de trabajo; 9) unificar los cinco impuestos existentes (venta, mano de obra, valor de la tierra, ingresos y tierra ociosas), preferiblemente en uno sobre la venta y con una tasa apropiada que no desincentive a la producción; 10) disminuir el impuesto de seguridad social para los cooperativistas, cinco veces superior al de los empleados estatales; 11) establecer procedimientos fáciles y rápidos para solicitar el usufructo, la inversión, etc.
Pese a estas sugerencias, los funcionarios de la FAO siguen apostando por un Plan Alimentario Nacional que mantiene los mismos impedimentos estatales para la propiedad privada, la producción y el comercio libres, con todos los intermediarios y controles estatales que han obstaculizado hasta hoy la producción de alimentos.
El problema no es el embargo estadounidense, sino la ausencia de libertad económica para los productores. Los funcionarios de la FAO deben ser menos “compañeros ideológicos” y mejores profesionales, si en realidad están interesados en la “seguridad alimentaria” de Cuba.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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