GUANTÁNAMO, Cuba.- Recientemente el señor Miguel Díaz-Canel expresó en televisión que era necesario pensar en la incorporación al trabajo de los presos cubanos.
Las palabras del jefe del gobierno del Partido Comunista Cubano se insertan en circunstancias nada favorables para la economía del país, unidas a otras, como el envejecimiento de la población y la salida masiva de la juventud cubana hacia otros países en busca de mejores horizontes.
Por otra parte, no hay que olvidar que se trata de una fuerza laboral nada despreciable, teniendo en cuenta la numerosa población penal cubana, en un país donde casi todo es delito y cuando no lo es te lo inventan, y que está a la zaga de las nuevas corrientes impuestas en el mundo contemporáneo sobre el tratamiento del delito y los delincuentes.
En su artículo 30, apartado 12, el código penal asegura que pueden incorporarse al trabajo los reclusos que accedan a ello, pero esos reclusos son los que progresan a un régimen de menor severidad y no parece que las palabras del presidente se delimitaran a esos casos.
Por su parte, el Decreto Ley no. 310 de 2013 regula aspectos concernientes al trabajo de los reclusos y a la política de seguridad social que les corresponde.
Históricamente la dictadura ha asignado a los presos cubanos los trabajos más duros, como la construcción, la agricultura, las brigadas de servicios comunales y la fabricación de carbón vegetal, que actualmente se hace de marabú, que se ha convertido en otro rubro lucrativo de exportación.
A pesar de que el artículo 42 de la Constitución de la República —mejor dicho, de lo que fue una república y hoy es solo una caricatura de ella— los presos no reciben el mismo salario que los demás trabajadores aunque realicen la misma labor, lo cual constituye un acto de discriminación. No me estoy refiriendo al hecho de que se les descuenten del salario la ropa, la alimentación y los objetos que reciben mensualmente para su aseo personal.
Lo referido ocurre con múltiples obras sociales que ahora mismo se ejecutan en la provincia de Santiago de Cuba con reclusos procedentes de la prisión de Mar Verde, según han asegurado a este corresponsal quienes se quejan de descuentos excesivos atendiendo a la calidad de la comida y de las condiciones de la prisión. Esa situación también ocurre con los llamados “monitores”, reclusos encargados de impartir clases a otros. Aunque algunos de estos monitores tienen calificación universitaria, ganan salarios que no rebasan los doscientos pesos.
Pero donde es más relevante la explotación de la fuerza de trabajo de los reclusos es en la fabricación de carbón vegetal. Las condiciones en que viven son muy precarias, pues no solo se hallan hasta a más de diez kilómetros de los campamentos, sino que prácticamente viven a la intemperie. Los que no tienen recursos para comprar un mínimo de alimentos deben caminar dos veces diarias esa distancia para buscar el magro almuerzo o la comida.
En Guantánamo hay dos campamentos dedicados a esta labor, El Yayal y el de Ciro Frías, y es reiterado que los campesinos hallen desmayados en los caminos a los presos.
Cada mes los reclusos dedicados a esta labor deben entregar una tonelada de carbón de marabú, la cual el Ministerio del Interior paga entre 500 y 800 pesos cubanos (aproximadamente 32 CUC). Sin embargo, cada saco se le paga al Ministerio del Interior (MININT) por la suma de 12 CUC (unos 300 pesos en moneda nacional). Es decir, cuando al recluso le pagan 800 CUP, el MININT recibe 9600 por cada tonelada, lo que representa aproximadamente un 82 % de ganancia.
Encima de esto los reclusos tienen que buscar los implementos de trabajo para derribar el marabú, es decir, hachas, machetes, motosierras, etc.
Habría que ver en internet el precio que actualmente tiene una tonelada de este carbón en el mercado internacional para apreciar con mayor claridad la magnitud de este abuso, al que el “Estado proletario y de justicia social” somete a estos reclusos, que a veces deben permanecer una semana y hasta más tiempo vigilando el horno —sin poder bañarse— para que no se les queme.
Según el testimonio a CubaNet de uno de los presos que trabajó en estas labores, ante el reclamo de quienes estaban en uno de los campamentos acerca de por qué no les pagaban parte de la estimulación en divisas que recibe el MININT, uno de los jefes de este organismo represivo respondió que ese dinero el Ministerio lo donaba para ayudar a pagar la compra de la leche que necesitan los niños cubanos, algo que jamás ha sido publicado por la prensa oficialista cubana, y que jamás fue consultado con los presos.
Pero quizás la situación más desagradable que tienen que sufrir estas personas ocurre cuando les pesan el producto. Cada recluso tiene un número y delante de él pesan su entrega, la cual se anota y él firma como constancia junto con el pesador.
Sin embargo, cuando el producto es sometido a Provari —la empresa del MININT dedicada a la comercialización del carbón— casi siempre el producto merma cantidades extraordinarias hasta de 300 kg o más. El recluso que se queje es devuelto de inmediato a la prisión.
Esas son algunas de las condiciones que seguramente enfrentarán los trabajadores recluidos en prisión si se ponen en práctica las palabras del Presidente. Ojalá me equivoque, y en aras de ir hallando el trillo de justicia social y democracia que no acaba de aparecer, eso no ocurra, porque no es precisamente lo que ha establecido la ONU en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), específicamente en su artículo 103.1.
Prisión de Guantánamo
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