“Cerrado”: escasez de harina golpea al sector privado en Cuba

HOLGUÍN, Cuba.- El cartel “Cerrado por falta de harina” es habitual en las puertas de establecimientos privados de esta ciudad nororiental cubana.

La escasez castiga a los cuentapropistas que han visto caer sus ingresos. “Los suministradores no nos abastecen de dulces porque no hay harina”, dice a CubaNet Miguel Antonio, que a duras penas sustenta su negocio con la venta de refresco y Prú, una bebida fermentada típica del oriente cubano.

Las ganancias escasamente le alcanzan para el pago mensual de la patente, la seguridad social y el impuesto. “Con esta crisis, mis ingresos se han reducido a menos de la mitad y me queda muy poco dinero para mantener a la familia después de pagar mis obligaciones con el Estado”, dice el acongojado emprendedor.

A la espera de un suministro de harina estable, Miguel, junto a otros trabajadores por cuenta propia, han solicitado a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) que se le exima del pago de los impuestos, pero la petición ha sido rechazada.

“En estas condiciones no es justo seguir pagando la patente y los impuestos”, se lamenta Miguel.

El déficit es causado por la rotura de varios molinos de trigo y la falta de piezas de repuesto para su mantenimiento, dijo la presidenta del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA), Iris Quiñones Rojas a la prensa oficial. “El problema está presente desde inicios del año, e involucra a todas las trituradoras del país”, informó la directiva al diario camagüeyano Adelante.

La escasez de harina coincide con la inminente puesta en vigor de nuevas normativas para el trabajo por cuenta propia, que incluyen 20 medidas dispuestas por el Gobierno que comenzarán a regir el próximo 7 de diciembre, para “reordenar” el sector privado, agrupar y ampliar el perfil de las actividades permitidas, así como retomar la entrega de licencias, paralizada desde agosto de 2017.

El nuevo paquete de medidas ha creado incertidumbre en el sector no estatal, traerá más controles gubernamentales y limitantes al trabajo privado. Se exigirá a los dueños de negocios depositar el ingreso de su trabajo en una cuenta bancaria, así como el pago al Estado de un importe establecido por cada subordinado contratado. En el caso de las cafeterías, restaurante y bares, funcionarán bajo la autoridad del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN).

Muchos piensan que no es casual que se una la falta de harina con las nuevas normativas estatales restrictivas del cuentapropismo. Se comenta que las medidas están diseñadas para asfixiar económicamente al sector privado cubano.

“Es una estrategia para reducir el número de emprendedores”, dice a CubaNet Erika Frómeta, quien ha visto disminuir su clientela en una cafetería que gestiona en el centro de la ciudad.

“Todo está pensado para hacer ver que el cuentapropista es el que entrega ‘voluntariamente’ la patente, y en realidad el Estado es el que quiere reducir el trabajo privado”, apunta Frómeta.

Los emprendedores cubanos carecen de un mercado mayorista donde adquirir la materia prima para elaborar sus productos. “Estamos atados de pies y manos y dependemos solo del Estado, que también nos prohíbe la importación directa de la mercancía. Esto limita nuestro trabajo. El Estado nos exige, pero no nos da”, dice Yunier Rodríguez, dueño de una cafetería en la céntrica calle Maceo.

Hasta agosto pasado estaban registrados más de 593.000 trabajadores privados en Cuba, cifra que representa el 13 % de las personas ocupadas, de acuerdo con datos actualizados del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

En Holguín, los trabajadores por cuenta propia rebasaban la cifra de 43 mil personas, según estadísticas reveladas por la Asamblea provincial del Poder Popular.

Sin embargo, entre los meses de septiembre y octubre la actividad no estatal en el territorio ha experimentado una tendencia al retroceso, según fuentes consultadas por CubaNet en la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).

Enrique David, que así prefirió ser identificado, es cuentapropista desde hace cinco años, pero ahora ha decidido entregar su patente de elaborador-vendedor de alimentos ligeros. “Seguiré con mi negocio, pero sin pagar nada al Estado. Trabajaré ilegalmente porque no tengo otra opción”, dice.

Otros han elegido seguir trabajando por la vía legal, pero han elevado el importe de sus ofertas. Este es el caso de la pizza con queso que de cinco pesos ha subido a seis. “El valor de la libra de harina se ha duplicado. Antes costaba cinco pesos y ahora está a diez, por eso vendo la pizza a seis”, le explica un vendedor a los clientes que acuden a una pizzería en el reparto Peralta.

Los clientes le reclaman que a ese precio la pizza es tan pequeña que apenas cabe en una mano. “La harina está muy cara y así es como me da el negocio. Esto es oferta y demanda”, responde desafiante el vendedor.