LA HABANA, Cuba — Justina González de 89 años de edad y su hija Carmen de 67, son víctimas de la fusión entre la influencia política o jerárquica y el nuevo poder económico.
Desde 1959, las ancianas residen en una de las áreas comunes del edificio ubicado en Carlos III y Márquez Gonzales, en Centro Habana. El área comprende la entrada de su apartamento, donde viven rodeadas de transformadores y relojes para el control de la electricidad de alto voltaje, bombas de aguas, cisternas, colector de basura y desagües.
Justina recuerda que el dueño del edificio le rento a su padre el local, constituido por una cocina, un baño y una sala, ubicados en el área donde se asienta el edificio. Con el tiempo ella y su hija se convirtieron encargadas del inmueble y su familia creció hasta seis personas.
En 1978, el vecino colindante, Luis López, un expresidario y negociante, intentó ampliar su casa. López aspiraba abrir una puerta trasera que le diera acceso al área común donde se asienta la propiedad de Justina.
Con dinero pero sin influencia jerárquica fracaso el que por entonces llamaban Luis, el maceta. La actual Dirección de la Vivienda de conjunto con el Ministerio de Justicia emitió una resolución donde señala a Justina como persona exclusiva a quien le asiste el derecho de utilizar el área común, donde se encuentra su propiedad.
Según la ley de la vivienda, los residentes de un edificio tendrán, ¨una participación igual a la de los demás propietarios en los elementos comunes del inmueble¨, y agrega
¨Cada titular o conviviente podrá usar los elementos comunes solo conforme con su destino¨.
Lleno de frustraciones económicas Luis López abandono la isla. Su casa fue ocupada por una dirigente del Ministerio de Educación, Mirta Molina, y su esposo Roberto Fidel Méndez, ex oficial de la Fuerzas Armadas.
Con algo de dinero y mucha influencia, el matrimonio se las agencio para ampliar la vivienda hacia los locales colindantes del ministerio de educación municipal.
El encausamiento de la economía cubana hacia el modelo chino, cambio la visión del matrimonio de la malograda vida partidista en el sector estatal, al lucro de la economía privada. Establecieron una peluquería dentro de la vivienda.
La mezcla.
Cuenta Justina y su hija Carmen que dentro de su pobreza se sintieron aliviadas con la bonanza de sus vecinos. Roberto Fidel, prometió pintar el apartamento donde viven las ancianas, cuyas paredes mantienen la pintura inaugural del edificio.
Pero detrás de la promesa llegó el interés de los propietarios del negocio por expandirse hacia el área común donde reside Justina
El ingrediente que falto a la codicia del ¨maceta¨, fue aportado por los ¨nuevos ricos¨, exdirigentes gubernamentales: la influencia.
La negación de las ancianas fue rechazada con amenazas y derogación del fallo del Ministerio de Justicia sobre el derecho de Justina a utilizar el área común.
Sin la acostumbrada dilación de la burocracia estatal, el área común donde residen Carmen y Justina, se llenó de inspectores amenazantes que abogan por el apoderamiento de Mirta y Roberto Fidel del área colectiva.
Las ancianas comenzaron a recibir intimidaciones que las mantienen emocionalmente desequilibradas.
¨A veces ni dormimos por la noche, pensando en este problema…Cada día estoy más delgada, me siento muy mal, muy mal¨, dice Justina a punto de romper en llanto.
Ella recuerda que el dueño del edificio le permitió que utilizara el lavadero que hay en el área común. Los inspectores le prohibieron utilizarlo, ni tender ropas, algo que hace desde hace 55 años.
¨No dijeron que debíamos sacar las plantas que tenemos aquí, hasta el perro… Yo lavo a pulmón (a mano) si no lo puedo hacer allí (en el lavadero) cómo lo hago¨, expresa Carmen intentando recordar todas las limitaciones impuestas después de la negativa.
La totalidad de los propietarios y convivientes en el edificio de administración municipal apoya a las ancianas, y negó el acceso de los propietarios de la peluquería al espacio común.
Ante el empuje de la comunidad, los directivos del Consejo Popular de Pueblo Nuevo rechazaron la demanda de Mirta y Roberto Fidel de invadir el área colectiva. El ánimo de los vecinos también motivo a la Dirección Municipal de la Vivienda a salir de la pasividad en la que se mantuvo por meses y pronunciarse a favor del respeto a las áreas comunes.
La Unión Eléctrica emitió un dictamen donde advierte los riesgos que implica el acceso de personal no autorizado debido a las cargas eléctricas en el área.
Sin embargo las ancianas serán llevadas a juicio por los ¨nuevos ricos¨. La demanda impuesta por Mirta y Roberto Fidel pretende prohibir a Justina y Carmen el uso del área donde se encuentra su vivienda.
De ser admitida la petición por el Tribunal, el juicio será un ejemplo cada vez más visible de la prepotencia que genera la influencia jerárquica o política y el poder económico. Suma de las adversidades que deben afrontar los cubanos de a pie.