LA HABANA, Cuba. — Aunque el oficialismo intente darle un enfoque diferente, lo cierto es que los ciudadanos cubanos se resisten cada vez más a formar parte de ciertos órganos coactivos que le sirven al régimen castrista para sancionar o reprimir a todo aquel que disienta ideológicamente o viole las reglas de juego impuestas por las autoridades.
En primer término nos referimos al no completamiento de las plantillas de inspectores y auditores. Estos últimos, tanto los que funcionan a nivel central en la Contraloría General de la República, como aquellos que se desempeñan como auditores internos en las empresas y entidades estatales.
Durante la reciente celebración de una Plenaria Económica en la provincia de La Habana, el gobernador de ese territorio, Reinaldo García Zapata, al referirse a las acciones de control y fiscalización, dio a conocer que la plantilla de inspectores en el territorio se encuentra al 68% de cobertura, mientras que la de auditores se cubre solo al 28%.
Se dijo en la cita que se iban a captar jóvenes estudiantes de las especialidades de contabilidad y finanzas, principalmente de nivel superior, con vistas a paliar la carencia de auditores. Una maniobra que las autoridades pueden realizar al amparo de la Ley del Servicio Social, que obliga a los recién graduados a laborar durante dos años donde sean ubicados. Se trata de otra de las razones que les asisten a aquellos que cuestionan la supuesta gratuidad de los estudios superiores en Cuba (las otras serían la obligación de formar parte de las Milicias de Tropas Territoriales, y la de clasificar como revolucionario).
Claro que el objetivo de las autoridades de lograr una permanencia de estos jóvenes en los cargos de auditor casi nunca se alcanza, pues buena parte de ellos abandona ese tipo de empleo una vez concluido el servicio Social. Sobre todo vemos una renuencia de los jóvenes a desempeñarse como auditores internos en las empresas y entidades. A muy pocos les resulta grato que los vean como los verdugos o represores de sus propios compañeros de trabajo.
Por otra parte, durante la rendición de cuentas del trabajo de la Fiscalía General de la República en el pasado año 2022, trascendió que hubo un decrecimiento en la plantilla cubierta de fiscales, especialmente en el nivel municipal. Al indagar en las causas de esa situación se expusieron varios motivos, como el éxodo del personal en busca de empleos que generen mayores ingresos, el tener que cuidar a familiares, y la emigración.
Sin embargo, el castrismo no dice que muchos fiscales han decidido abandonar la profesión al darse cuenta de que tendrían que juzgar y condenar a cualquier ciudadano que se lance a las calles protestando contra el régimen.
A lo anterior habría que agregar la posibilidad de que esos fiscales se vieran reflejados en la relación de represores a favor del castrismo que, con frecuencia, dan a conocer muchos cubanos residentes en el exterior, que denuncian las arbitrariedades que cometen los gobernantes contra quienes se manifiesten contrarios a su régimen.
Como van las cosas, ni aumentando las plazas para las carreras de ciclo corto en las universidades —dos o tres años de estudio— que se vinculen con el Derecho y la Auditoría, la maquinaria del poder va a lograr formar al personal que se necesita para mantener “su orden” sobre la sociedad cubana.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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