LA HABANA, Cuba. – En el marco de la crisis sin precedentes que afecta a los cubanos, la dictadura ha lanzado una feroz persecución contra cuentapropistas, campesinos y personas que viajan al exterior para comprar artículos deficitarios que luego comercializan en el país, acusándolos de acaparadores, enemigos del pueblo y elementos inescrupulosos que se aprovechan de las necesidades de las personas y, como si fuera, poco les endilgan la culpa de la escasez. Como en otros eventos de esta índole, los difaman, denigran y descalifican ante la sociedad –para atemorizar y escarmentar– tachándolos de delincuentes. Con ese propósito se transmite en cada emisión nocturna del Noticiero Nacional de la Televisión algún caso de esos registros y confiscaciones.
Los acusados no tienen oportunidad de defenderse públicamente porque en Cuba los periódicos, la radio y la televisión son propiedad del régimen. No obstante, los artículos y equipos confiscados, evidentemente, se corresponden con los importados por los miles de cubanos que realizan esa actividad –aunque al margen de la ley comunista, porque en Cuba es perseguida la iniciativa privada–.
Al comentar sobre una de esas redadas contra un vecino que viaja y trae piezas de computadoras para arreglar equipos, un conocido me decía: “Con esas extrañas leyes no se puede avanzar. ¿Acaso no es mejor que los particulares vendan mercancías adquiridas legalmente, en vez de en bolsa negra, que sale de robos al Estado?”.
Ya desde hacía algún tiempo se rumoraba que el gobierno “se iba a poner” para los que estaban viajando y los que anunciaban ventas en las redes sociales. Y aunque la propaganda de dirigentes y medios asegura que esta es una batalla con el pueblo y en beneficio de él, los que hemos sufrido las maquiavélicas mañas de esta dictadura sabemos que detrás de esa aparente protección se esconde el despiadado propósito de destruir la iniciativa privada de esos cubanos que, poco a poco, se han ido posicionando en el mercado, ya que con el desabastecimiento de tiendas y comercios estatales (amén de sus elevados precios y la mala calidad de sus productos) no se satisfacen las expectativas de la población, por lo que el Estado no puede competir con ellos. Por esa razón, la población acude cada vez con más frecuencia a los cuentapropistas, que, a su vez, son abastecidos por esos particulares, pues entre sus servicios están la venta por encargo y la entrega a domicilio. Con esas opciones han logrado tener demanda, al tiempo que se evidencia cómo, a pesar del bloqueo interno y las barreras gubernamentales, el cubano, con sus iniciativas, es capaz de mejorar su nivel de vida. Hasta se especula que algunos se han “enriquecido”, algo que la dictadura nunca ha permitido.
No tuvimos que esperar mucho tiempo para comprobar que los rumores eran ciertos, aunque la escalada represiva va mucho más allá de las expectativas de cualquiera. El 28 de julio la Fiscalía General de la República emitió la Resolución 47 del 2020 con el objetivo de procesar a coleros, revendedores y acaparadores. No obstante, la ley no será suficiente para erradicar ese problema, provocado por el desastre económico que ha sumido al país en la miseria. Lo más lamentable será la suerte que correrán las víctimas de esta situación.
Lo que muchos se preguntan es cómo es posible que alguien logre acaparar, si para poder comprar nos escanean los carnets de identidad; además, los productos de mayor demanda sólo se venden una o dos veces por semana y en cada tienda están racionados: si es pollo, dos paquetes de 1 o 2 kilogramos (kg) por persona; de aceite, una botella; jabón de baño, tres por persona. Todo ello una vez por semana, y así con el resto de los pocos productos que traen a cuentagotas. ¿Será que los cubanos, siempre tan ingeniosos, hemos descubierto la forma de multiplicar los panes y los peces?
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