LA HABANA, Cuba.- Más sombras que luces arrojan los seminarios de capacitación para el reordenamiento del Trabajo por Cuenta Propia (TCP). Además de las disposiciones anunciadas, las administraciones municipales preparan paquetes de medidas que al margen de lo legislado, suponen un nuevo apretón de tuercas para los emprendedores cubanos.
Los seminarios transcurren en todo el país a nivel municipal, con el propósito de informar a autoridades y cuentapropistas sobre los cinco decretos-leyes, el decreto, las 14 resoluciones y demás medidas que dan cuerpo a la reforma que tendrá como punto de partida el próximo 10 de diciembre.
Desde hace tiempo los trabajadores independientes claman al gobierno la apertura de mercados mayoristas donde surtir sus negocios y la flexibilización de la política tributaria, entre otras exigencias necesarias para hacer progresar un sector que se mantiene a flote gracias al soporte que brinda el mercado subterráneo y las ‘vistas gordas’ que compran los sobornos.
Sin embargo, como reza el axioma, al que no quiere caldo se le dan tres tasas. Lejos de potenciar al sector, la respuesta gubernamental deja a más de un “pequeño empresario” con la soga al cuello.
En la capital, de acuerdo a la colaboración de diferentes fuentes seminariadas, las medidas ‘extras’ establecidas por los gobiernos municipales responden a “características o necesidades específicas de cada territorio”.
Caridad Ramos Calzado, especialista del Departamento Integral de Supervisión y Control (DISC), puntualizó que la fiscalización sanitaria de negocios dedicados a la gastronomía y de vendedores ambulantes de alimentos, unido al control de los comprobantes de compras de materias primas, tienen prioridad en la agenda de los cuerpos de inspectores.
Los controles higiénicos sobre el procesamiento y venta de alimentos, destaca Ramos, tendrán un rigor más fuerte en municipios de afluencia turística como Plaza de la Revolución, Playa, Habana Vieja y Centro Habana, donde la lupa hará zoom, además, sobre el porte y aspecto del personal en contacto con el público.
“No importa si es una paladar grande o un chinchal, no pueden usar utensilios desechables, fregar con cubos o latones o violar una serie de aspectos que conllevarían a multas de más de 1000 pesos, y en algunos casos, el cierre temporal o definitivo del negocio”, comentó Ramos.
De cumplirse lo establecido -fuera de las regulaciones- en cuanto a porte y aspecto, el perjuicio mayor caerá sobre los vendedores ambulantes de alimentos, cuyas filas en un alto por ciento se nutren de jubilados, discapacitados y otros segmentos poblacionales con problemas de acceso al mercado laboral.
“Para vender en la calle tienen que estar limpios y bien vestidos, relucientes. Se ven maniseros que en vez de comprar lo que dan es ganas de vomitar. Poco a poco vamos a visitar el domicilio de los vendedores y si allí no tienen una higiene adecuada no van a poder procesar alimentos, ni vender en las calles”, dijo.
En el marco de la gastronomía, el control del abastecimiento de cervezas mereció un punto y aparte en los seminarios de capacitación.
La cerveza, tanto nacional como importada, en el último trienio entró a la lista de productos con precios súper inflados en los puntos de venta privados.
Al respecto, Ariel Colomé Suárez, en representación de la Red Minorista del grupo CIMEX, anunció que las cadenas de tiendas que expenden cerveza, una vez puestas en marcha las regulaciones, no podrán vender más de 20 unidades por cliente.
Para adquirir el producto, de mucha demanda en Cuba, Colomé dijo que los cuentapropistas deben recurrir a las dos tiendas mayoristas habilitadas por el gobierno para dicha gestión, aunque en ellas habitualmente también escasea y cuando entra la venta se raciona a pocas cajas.
La medida buscaría reducir el desabasto en las tiendas destinadas al consumo minoritario del cliente común, así como los hechos de corrupción vinculados a la especulación que genera la escasez.
“Los almaceneros y los dependientes venden unas pocas cajas por el mostrador y el resto sale por la puerta de atrás para los cuentapropistas, a uno o dos pesos por encima del precio de la caja”, señaló Colomé. “Ahora quien incurra en ese tipo de hechos automáticamente pierde el trabajo y pasa a manos de la justicia”.
Al racionamiento de la cerveza se añade la imposición de metro contadores para medir el gasto de electricidad y agua potable en los establecimientos, con tarifas especiales -no divulgadas aún- para esos servicios, más la obligación de crear una cuenta bancaria y depositar un porciento de los ingresos mensuales como muestreo para el monitoreo tributario.
Para Juan Echavarría Portales, propietario de una cafetería que tiene en las pastas y cervezas su principal línea de ventas, en consecuencia, la rentabilidad de los negocios caerá en picada y forzará el cierre de los establecimientos con pocas ventas.
De acuerdo con Echavarría: “Casi todos los productos lo que dejan son centavos para cubrir las inversiones y el pago de la mano de obra. La cerveza es la que más ganancias aporta -entre 10 y 15 pesos por unidad- y se vende mucho. Si no puedes abastecerte según la demanda y encima hay que pagar más cosas, tienes que cerrar porque lo que ganas solo te alcanza para pagarle al gobierno”.
Otros negocios que pudieran cerrar, por falta de espacio o pérdida de visibilidad, son aquellos que funcionan al pie de la calle y portales.
Hace dos años el Instituto de Planificación Física (IPF) prohibió la actividad comercial en la primera línea de fachada. Sin embargo, en la práctica, sólo retrocedieron hacia el interior de las viviendas u otros locales, los vendedores de CDs y las ‘mesitas’ dedicadas a la venta de bisuterías, artículos de plomería, útiles del hogar y artesanías.
“Dejamos pasar muchos negocios, en especial cafeterías al borde de las aceras porque era un abuso obligar a derrumbar estructuras que requirieron cierta inversión, o porque no tenían otro espacio hacia dónde mudarse. Eso se acabó, la orden es barrer con todo el mundo”, refirió una inspectora del IPF que solicitó anonimato.
No obstante, en medio de las malas expectativas, una parte del sector confía en que muy pocas regulaciones llegarán a cumplirse al pie de la letra.
“La vida va a seguir igual. Por dinero baila hasta el mono y a los inspectores le sobran necesidades”, aseguró Eliades Fonseca, dueño de un ‘carrito’ de fiambres.
