MIAMI, Estados Unidos.- Desde que Miguel Díaz Canel Bermúdez asumió el cargo de Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros la prensa oficialista comenzó a loar sus métodos de trabajo.
Como tales medios practican sistemáticamente un tedioso culto a las personalidades de Fidel y su hermano Raúl Castro Ruz, siempre unen a esas loas la coletilla de que el Presidente ha seguido el ejemplo de ambos.
El Presidente se ha pronunciado sobre la necesidad de que todos los ministros aprovechen las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información para contactar con el pueblo, y conocer directamente sus opiniones. También informó que se va a crear un programa de televisión con ese objetivo. Otro tema de sus discursos es el “gobierno electrónico” y el “empoderamiento ciudadano” que supuestamente deben lograrse con su método de trabajo.
La nueva política pone en evidencia el autoritarismo verticalista que hasta hoy ha caracterizado al castrismo. También demuestra que quienes han ocupado importantes cargos públicos jamás se han sentido servidores del pueblo, ni subordinados a él, sino situados por encima. No puede ser de otra forma cuando el pueblo no los elige, ni ellos le rinden cuenta de su actuación. Siendo el partido comunista el que aprueba a quienes ocupan tales posiciones, esos dirigentes han interiorizado que es a sus más altos jefes a quienes únicamente deben obediencia y respeto, porque de ellos depende su prolongación en el poder, y de gozar de “las mieles” que produce, según la famosa expresión de Fidel Castro, un maestro en el arte de libar sin permiso del pueblo, de ahí que esa frase –dirigida contra los defenestrados Carlos Lage y Felipe Pérez Roque- resultó muy chocante debido a la trayectoria de su autor.
A pesar de las posibilidades de acierto que subyacen en esa proyectada política, no confío en quienes la proclaman. Si alguien va a criticarme por ello le pido que, antes de hacerlo, ponga este hecho en el otro extremo de la balanza: los cubanos llevamos sesenta años escuchando promesas de los gobernantes. ¿Cómo pueden hablarnos de empoderamiento si no tenemos derecho a elegir a nadie, excepto al delegado de la circunscripción? ¿De qué empoderamiento nos hablan si no podemos oponernos a las decisiones de los gobernantes locales, mucho menos a las que emanan del nivel central? ¿Qué empoderamiento es ese que no permite a los cubanos participar en la conformación de la política del país? ¿De qué vale que los altos funcionarios del gobierno hagan público su correo electrónico si sólo atenderán los reclamos permitidos por el partido?
No puede hablarse de “gobierno electrónico” en un país donde el impacto de las tecnologías informativas es aún muy limitado por múltiples causas, entre ellas la imposibilidad de comprar una laptop o una PC, y los altos precios de los servicios que presta ETECSA, el emporio castrista de las comunicaciones. Permitir que el pueblo hable es sólo una parte del entramado democrático, poco significativa, además, si el reclamo del pueblo no alcanza efectividad y se materializa en actos concretos para hacer valer su voluntad.
Ejemplifico mi razonamiento con lo ocurrido en la reciente discusión popular del proyecto de Constitución, pues se desconoce cuántos cubanos se opusieron a la irreversibilidad del socialismo, a la dictadura de partido único y por qué sus opiniones no fueron tenidas en cuenta. ¿Cómo puede creer alguien discriminado, política y socialmente por sus ideas, que el partido comunista también lo representa? ¿Cómo esos cubanos discriminados pueden votar por una Constitución que seguirá discriminándolos? ¿Cómo pueden creer en las promesas de un gobierno cuyo Presidente los tildó de “mal nacidos”?
Es una burla que el gobierno cubano hable de “gobierno electrónico” cuando vulnera constantemente el derecho de queja, refrendado en el artículo 63 de la Constitución vigente. Precisamente el periódico Granma -órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba- publicó el pasado viernes 4 de enero un confuso análisis sobre las quejas remitidas a ese órgano de prensa, donde se aprecia que en el 2018 se recibieron 236 cartas, y sólo 140 recibieron respuestas, el 59.32 %. Luego Granma afirmó en la página 10 que quedaron sin responder 12 cartas, aunque en la 11 consta que en el primer semestre quedaron sin responder 12, y 19 en el segundo, lo cual ofrece otra cifra de cartas sin responder: 31.
Personalmente he remitido cartas a Granma y Juventud Rebelde denunciando las violaciones de la legalidad que ha cometido contra mí la Seguridad del Estado de Guantánamo, y nunca han sido publicadas. Tampoco he recibido respuesta de cartas remitidas a la Fiscalía General de la República, al partido comunista y al Delegado del Ministerio del Interior en Guantánamo. Acudí a los tribunales en busca de justicia -esos que, según el Presidente del Tribunal Supremo Popular en reciente Mesa Redonda, señor Remigio Ferro, defienden la legalidad- y su actuación constituyó un espaldarazo a las violaciones cometidas por la seguridad del Estado. Lo mismo les ha sucedido a varios guantanameros. ¿Alguien ha tomado medidas contra quienes han violado descaradamente la Constitución en esos casos? Que yo sepa no. Y luego afirman que Cuba “es un Estado socialista de derecho”.
El 22 de enero de 2018 CubaNet publicó mi artículo “El comunista y la gusanona”, donde expuse que el señor Arturo Valdés Curbeira, dirigente del Fondo de Bienes Culturales, adscripto al Ministerio de Cultura, hizo uso ilegal de un auto estatal. Además, presenté una denuncia ante la Contraloría General de la República en Guantánamo, el 16 de enero de 2018, y ese mismo día la remití por correo certificado a Gladys Bejerano Portela, Contralora General. El 19 de abril de 2018 recibí una escueta respuesta donde se me informaba que mi queja sería respondida. Casi ha transcurrido un año y sigo esperando la respuesta, lo cual demuestra el estado calamitoso en el que se halla el derecho de quejas en Cuba, y la hipocresía de los gobernantes cubanos. Con esos antecedentes no puedo creer en esta nueva política del castrismo.
