LA HABANA, Cuba. – “Estamos a tiempo de solucionar el problema”. Esa es la advertencia que desde 2009 repite Enrique Miranda ante las instituciones del Gobierno a las que acude, debido al riesgo de su familia a morir sepultada por el derrumbe del edificio colindante.
La vivienda de Miranda, ubicada en la calle Jesús María No. 321 entre Picota y Curazao, Habana Vieja, se encuentra en perfecto estado técnico. Los daños provocados en el techo y las instalaciones de agua por un reciente deslizamiento de tierra y escombros, así como el temor de la familia, se originan en el edificio ubicado en la calle contrapuesta, Merced No. 320, entre Picota y Curazao.
El inmueble de tres pisos con señales de derrumbe está catalogado por los arquitectos locales como “malo e inhabitable”. La primera alarma del deterioro sobrevino en 2009 con la muerte de una anciana que fue sepultada por el techo de su vivienda.
Desde entonces, la familia Miranda reclama la demolición del tercer nivel del edificio, deshabitado por las autoridades y “rehabilitado” por ocupantes ilegales.
Sin embargo, las respuestas de los organismos estatales mantienen a Enrique Miranda estancado en la burocracia. El Ministerio de la Construcción (MICONS) demanda evacuar el edificio para llevar a cabo las acciones pendientes de demolición, pero la Unidad Municipal de Inversiones de la Vivienda (UMIV) niega tener facultades para otorgar lugares de tránsito a los residentes del edificio. La Unidad Municipal de Atención a Comunidades de Tránsito (UMAC) también alega no tener capacidades temporales.
“Finalmente, entregamos la reclamación en el Consejo de Estado y nos respondieron que reiniciáramos las gestiones desde la base”, dice Mireya Miranda, hija de Enrique.
Más de una década le ha tomado al Gobierno ejecutar la orden de demolición del tercer piso del edificio. Durante ese mismo tiempo los desprendimientos parciales de los entrepisos, el aumento de las grietas en las paredes de carga, la pérdida del hormigón que sostiene la estructura, el hundimiento de los pisos, las filtraciones y la humedad retenida han alimentado la potencial amenaza a la que se expone la familia Miranda, así como los residentes en los niveles inferiores del edificio.
La última avalancha de concreto y tierra inutilizó el tanque de agua de la familia Miranda y provocó la fractura del techo en la zona de la cocina.
“Nosotros arreglamos la casa para iniciar la renta de habitaciones a extranjeros (…). Tuvimos que dejar de alquilar porque no podemos exponer a nadie a ese peligro”, se lamenta el padre de familia.
Sobre la reparación y mantenimiento de edificios, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que estaba en marcha un programa para “priorizar las tareas de demolición de aquellos inmuebles que lo requieran”.
No obstante, no es una novedad la negligencia oficial en la demolición de las estructuras deshabitadas en peligro de derrumbe. En la capital, el MICONS se justifica con la falta de grúas para llevar a cabo del desmantelamiento de las edificaciones deterioradas. En 2012, el general Raúl Castro ordenó a las tropas ingenieras demoler todas las estructuras abandonadas durante años.
En el 2020, una de esas estructuras en “estática milagrosa” acabó con la vida de tres niñas. Las menores fallecieron al caerle encima una estructura de concreto con orden de demolición, ubicada en el mismo barrio de Jesús María.
Del otro lado de calle
En la calle Merced los vecinos del edificio no se han quedado de brazos cruzados, pero la respuesta oficial que obtienen siempre es la misma: no existe lugar de tránsito para albergarlos.
Mientras el tercer nivel aguarda por la paciencia de las autoridades, llegan nuevos inquilinos que prefieren el peligro, antes de dormir en la calle.
“Las autoridades dijeron que cuando sacaran la gente del tercer piso lo demolían, pero como se demoran, se cuela más gente”, explica Lázaro Galego, residente en el segundo piso del edificio.
Por el deterioro acelerado de la estructura de hormigón y ladrillo, la demolición total del edificio forma parte de la polémica. Hasta el momento prima la decisión de demoler las zonas en “estática milagrosa”. No obstante, el plan de inversiones de la UMIV propone rehabilitar el inmueble a través de un proyecto de reconstrucción que promete tardar otra década.
En conversación de CubaNet con un empleado de la UMIV de Centro Habana, se conoció que las brigadas de construcción destinadas a la rehabilitación de los edificios residenciales son demandadas para cubrir las prioridades del Gobierno.
“Cuando nos trazamos un plan de rehabilitación residencial surgen contingencias como las reparaciones por el 500 aniversario de La Habana, ahora las obras del Malecón (…). Tenemos edificios regulares que llevan años esperando”, dijo la fuente, que ofreció declaraciones a CubaNet en condiciones de anonimato por temor a las represalias.
Décadas de deterioro urbanístico y víctimas fatales no han sido suficientes para hacer entender al Gobierno que las demoliciones implican más gasto que el mantenimiento del equilibrio arquitectónico.
La casa de la familia Miranda está dentro de la categoría de “zona de riesgo cotidiano”, el eufemismo que utilizan las autoridades para nombrar lugares comunes expuestos a derrumbes. Todos los niveles gubernamentales están advertidos, si la pared colindante llega a desplomarse y cobra vidas humanas, entonces la negligencia se convertiría en homicidio.
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