LA HABANA, Cuba.- Problemas hay muchos, y se incrementan cada día a pesar de que a Miguel Díaz Canel le haya dado por recorrer el país para conocer cómo funcionan las cosas. Cualquiera le podría decir sin moverse de la sala de su casa: mal, muy mal.
Pero en estos momentos, a partir de que se hicieron los anuncios del Decreto Ley No.356 sobre el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia, y demás disposiciones al respecto, se puede decir que la que más ha sufrido perjuicios es el transporte en la ciudad capital.
Cifras oficiales señalan que hay un total de 57 289 personas inscritas como trabajadores por cuenta propia en el área del transporte de carga y pasajeros. En el caso particular del traslado de pasajeros, los porteadores tendrán que elegir el próximo mes de octubre entre tres posibles caminos a seguir: servicio de taxi de alto confort o clásico, servicio de taxi rutero o servicio de taxi libre.
Sin embargo, en estos momentos la decisión, acompañada de la escasez de recursos para el transporte estatal, ya ha puesto en crisis el traslado de pasajeros en la ciudad. El propio presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Reynaldo García Zapata, informó en una reciente reunión del Grupo Gubernamental de Apoyo a la capital que, dado el déficit de ómnibus, no es posible cumplir con la programación diaria de viajes, por lo cual se están dejando de transportar en la actualidad un total de 227 mil pasajeros en el día.
No es difícil de imaginar lo que significa esto en La Habana, con una cifra cercana al cuarto de millón de personas, donde algunos de ellos no tienen otra forma de moverse, pues no es lo mismo pagar 40 centavos en moneda nacional (CUP) en un transporte estatal (léase guagua), que 10 ó 20 CUP en autos colectivos, conocidos nacionalmente como almendrones.
No obstante, la explicación que se dio al respecto no lleva implícita la falta de petróleo, suministrado por la “hermana” República Bolivariana de Venezuela. El dirigente manifestó que los motivos que inciden en esta situación, además de la carencia de ómnibus, son: problemas organizativos y de indisciplina laboral y tecnológica, y déficit de choferes, directivos, y técnicos en diferentes terminales.
Como puede concluirse de esta información, continúa reinando la falta de gobernabilidad, en particular en la capital del país, que se hace incontrolable para sus principales dirigentes.
Si echáramos un vistazo a la legislación que entrará en vigor el próximo 3 de octubre, resultaría fácil comprender que está hecha para ahogar al sector privado del transporte. Por ejemplo, los llamados “boteros”, que trabajan como taxistas particulares, deben presentar comprobantes para justificar todos sus gastos deducibles. Además, según el tipo de actividad a la que se dedican, así como la capacidad del vehículo, deben tener un consumo mínimo de combustible que, como es natural, tendrá que ser justificado con documentos de las gasolineras cubanas o “CUPET”.
En el caso de los autos que brindan servicio de taxis de alto confort o clásicos, deberán estar vinculados contractualmente con una entidad jurídica autorizada por el Ministerio del Transporte (MITRANS). Lo que implica que no podrán esperar a las salidas de los hoteles e incluso en los muelles, cuando arriban cruceros, si no tienen la autorización de la correspondiente empresa del MITRANS.
Aquellos que daban en alquiler sus carros, por diferentes motivos, están obligados ahora a tener una Licencia de Conducción y, además, un permiso de arrendamiento como Trabajador por Cuenta Propia. Las nuevas disposiciones exigen que, para los trámites relacionados con la entrega de la Licencia, en el caso de las personas naturales se requiere acreditar la suscripción de una póliza de seguro por responsabilidad civil para los medios de transporte.
Algo que no podría faltar, entre las muchas particularidades que tiene la ley, es la parte política, en la que se plantea que también el transportista privado está obligado a participar en las actividades de la defensa, cuando sea convocado por el órgano, organismo o autoridad facultada.
Para aumentar los controles, cada actividad autorizada queda bajo la supervisión de un ministerio estatal, además de los órganos municipales y provinciales del Poder Popular, los que pueden intervenir para fijar precios.
Solo habría que preguntarse: ¿Si los ministerios no pueden controlar las empresas que tienen subordinadas, ni el Poder Popular tampoco, cómo le asignan ahora el control de los Trabajadores por Cuenta Propia?
Aunque solo se han analizado algunos aspectos de los numerosos que están recogidos en la legislación, incluyendo las disposiciones suplementarias (Resoluciones) por los diferentes Ministerios, es factible pensar que la lucha contra los transportistas privados, como parte de los Trabajadores por Cuenta Propia, se ha convertido en “mortal”. El fin es terminar con ellos.
No obstante, pienso que, dado el cuello de botella que tiene el Estado en estos momentos con el transporte en la ciudad, se tomen algunas medidas provisionales como la de alargar el plazo del comienzo de las regulaciones, e incluso disminuir el nivel de intensidad que tienen algunas.
Pero como la dictadura es tan arrogante, y le cuesta tanto trabajo reconocer cuando se equivoca -de ser posible no lo admite nunca-, ese momento en el que el pueblo salga a protestar a la calle puede estar cerca.
