CDMX, México. – El Gobierno cubano ha anunciado elecciones municipales para el 27 de noviembre de 2022; sin embargo, los expertos en elecciones analizan y clasifican estos sufragios como ilegítimos. Basta leer la Ley Electoral de 2019 para conocer cómo, en un ejercicio vertical y piramidal, los ciudadanos cubanos no pueden elegir a sus representantes políticos desde 1959. Es el Partido Comunista de Cuba (PCC) el que designa a los candidatos.
El asunto no es nuevo, pero luego del estallido social del 11 de julio de 2021 se desmanteló la propaganda paradisíaca del PCC sobre “el país de la igualdad de los trabajadores”. Aunque la ley reconoce la posibilidad de nombrar candidatos a nivel municipal, estos son aprobados por las comisiones de candidatura municipal, provincial y nacional; un mecanismo creado por el PCC y copiado del sistema electoral soviético desde la década de 1970 para representar a una población que vota, pero no elige.
La sociedad civil ha intentado presentar candidatos opositores en varias elecciones, que no han logrado avanzar porque el sistema electoral está secuestrado por el partido único. En 2015 los candidatos Hildebrando Chaviano y Yuniel López llegaron a figurar en las boletas, pero las comisiones de candidatura pusieron en sus biografías que eran “contrarrevolucionarios”.
En 2017 centenares de disidentes intentaron postularse, pero la Seguridad del Estado les impidió asistir a las asambleas de nominación. Fueron secuestrados, detenidos, allanadas sus moradas y confiscados sus medios de trabajo; o se cambiaron fechas y horas de las asambleas para desinformarles.
A los opositores o periodistas independientes se les ha impedido sistemáticamente participar en las asambleas municipales, postularse como diputados o asistir como observadores en el conteo de votos. Tal fue el caso de Yoani Sánchez, periodista independiente que en 2019 intentó estar presente en un colegio electoral para ver el conteo de votos del referendo constitucional, y le hicieron un “acto de repudio”.
En 2017 el periodismo independiente confirmó la represión: “Opositores consultados por Radio Martí dijeron que el saldo del domingo para la disidencia fue de detenciones y amenazas contra los que pretendían ocupar cargos en las circunscripciones”.
En 2018 el opositor José Díaz Silva fue arrestado al salir de su casa para impedir su participación en la nominación de diputados. Tres activistas mujeres intentaron presentarse como candidatas y fueron arrestadas o desinformadas: María Elena Mir, en La Habana; Elsa Litsy Isaac, en Palma Soriano, Santiago de Cuba; y Susleydis Pérez Velázquez, en Holguín. A María Elena Mir le dieron información falsa sobre la fecha en que tendría lugar la asamblea. Las otras dos activistas fueron confinadas en sus respectivos domicilios por la Seguridad del Estado.
Hoy día, con todos los líderes cívicos encarcelados ―Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo (Osorbo), José Daniel Ferrer García, Félix Navarro, Aymara Nieto Muñoz, José Díaz Silva y la mayoría de los manifestantes del 11J―, el Gobierno cubano niega a los opositores y activistas defensores de derechos humanos la posibilidad de presentarse a las elecciones municipales.
No bastándole con eso, ha criminalizado el derecho a observar el conteo de votos en los colegios electorales, una violación de la cual da fe Leandro Querido en su libro Así se vota en Cuba, de acuerdo con la ONG DemoAmlat:
“En Cuba está criminalizada la observación electoral, lo que ubica al país en el último lugar del Índice de observación electoral de América Latina de Transparencia Electoral, en la categoría de ‘observación electoral fallida’”.
“Sin embargo, grupos de ciudadanos independientes han recopilado información sobre el desarrollo de los procesos electorales, cuyos informes de las elecciones de 2017-2018 se pueden encontrar en el libro Así se vota en Cuba”.
La nota de DemoAmlat cierra asegurando lo siguiente: “Las personas que monitorearon el proceso electoral reportaron que debido a sus acciones sufrieron persecución, hostigamientos, impedimentos para entrar a los recintos de votación, restricciones de salida del país, detenciones arbitrarias, y también interrogatorios por parte de la Seguridad del Estado”.
Un segundo informe de DemoAmlat, titulado “¿Por qué las elecciones en Cuba son ilegítimas?”, describe los obstáculos para elegir a los representantes políticos en la Isla:
“El sistema electoral cubano está diseñado para que el Partido Comunista (PCC) controle todo el proceso, ya que designa a las autoridades electorales y selecciona quiénes pueden ‘competir’ por los cargos”.
“En teoría, añade, en el nivel municipal cualquier persona puede postularse. Sin embargo, las asambleas de nominación, de las que resultan los candidatos a delegados municipales, se celebran a mano alzada, de manera que las organizaciones de masas y la Seguridad del Estado identifiquen las candidaturas independientes e impidan que lleguen a ser electas. Es por ello que nunca ha resultado elegida una persona abiertamente opositora”.
“En las elecciones municipales del 27 de noviembre las y los cubanos podrán votar, pero no elegir, ya que en la boleta solo estarán las candidaturas que seleccione el PCC. En Cuba se vota, pero no se elige”, concluye DemoAmlat.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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