LA HABANA, Cuba.- Aunque tal vez plena de muy buenas intenciones, la voluntad del presidente Obama de apoyar al incipiente sector privado cubano, lejos de una ayuda, se convirtió en un tiro de gracia.
Cometió el error de hablar públicamente sobre las potencialidades de un sector cuyo crecimiento, por muchos motivos, podía contribuir a la democratización de la isla, incluso se hizo acompañar de buenos ejemplos a imitar, gente que con apenas una computadora o una máquina de coser construyeron lo que en Cuba sería considerado un “imperio”, y sabemos que esa palabra nunca ha sido bien digerida por el gobierno cubano.
Obama, que con relación a Cuba pecó de ingenuo al suponer que la palabra “cambio” (tampoco muy bien asimilada) en boca de los dirigentes cubanos no significa precisamente girar 180 grados sino farolear, como en el póker, infundió temores y sin querer apretó el gatillo.
Ahora todo lo que resta es agonía. Si bien nunca hubo un legítimo “sector privado”, es decir, una comunidad empresarial con participación plena en la economía, regulado por el Estado pero independiente de él, tal como van las cosas el parto se ha dilatado y complicado tanto como para solo dar vida a un niño muerto.
Las reiteradas declaraciones de las autoridades del Ministerio de Comercio Interior sobre la falta de condiciones para crear un mercado mayorista dirigido a los “cuentapropista” solo revela cuán discriminadas (y criminalizadas) son las iniciativas independientes con respecto al sector empresarial estatal, así como cuán vulnerables son estas últimas, al punto de que el gobierno debe crear constantemente leyes y acciones proteccionistas internas para evitar que desaparezcan, por ineficientes, frente a la superioridad demostrada de los privados y a pesar del acoso constante que estos sufren.
Tanto en las noticias como en los análisis sobre nuestra economía, se repite y divulga como verdad un error gigantesco. No es que no exista un mercado mayorista en Cuba, es que se les prohíbe a los comerciantes independientes participar de él mediante una disposición legal que los discrimina, no por incapaces sino por potencialmente peligrosos.
Si se les creara las condiciones óptimas para su crecimiento, representarían una mayoría cuyo común denominador, aunque algunos por temor no lo declaren públicamente, es la inconformidad con cualquier forma de gestión estatal, tanto en la economía como en el gobierno de la nación.
Una multitud que, ante la utópica libertad de elegir, abandonaría toda relación con un poder político que históricamente ha representado un obstáculo para el crecimiento personal.
No es una opinión infundada. Basta con ver nuestro componente migratorio real (jóvenes en edad laboral) así como las oleadas o crisis cíclicas, hoy frenadas no por una mejoría en las condiciones de vida del ciudadano de a pie sino por un pacto entre los gobiernos cubano y norteamericano cuyas consecuencias a la postre serán aún más criminales que aquellas que pretenden “evitar”.
Se sabe que ambos gobiernos se libraron de terribles dolores de cabeza. El de allá, para resumirlo en una frase hasta tanto demuestre lo contrario, se ha lavado las manos como Poncio Pilatos. El de aquí, porque retuvo una fuerza laboral en estampida aunque, al mismo tiempo, ha sabido sacarle el jugo a la emigración, hasta el punto que los proyectos económicos actuales, la política de salarios y subsidios, los precios minoristas de bienes y servicios se planifican teniendo en cuenta que al menos un integrante de cada familia está subliminalmente obligado a emigrar y convertirse en emisor de remesas.
O, en el peor de los casos, en participante, por la fuerza, de un juego donde las reglas cambian cada vez que la banca pierde o se siente en desventaja.
Los ejemplos sobran. He ahí la guerra entre mulas (contrabandistas) y agentes de aduana, entre “empresarios” privados e inspectores del gobierno, entre desabastecimiento “estratégico” y un mercado negro regulado ciento por ciento desde las instituciones estatales.
Una economía subterránea que, aunque peligrosamente inestable, sostiene todo un sistema basado en la generalización de la pobreza y donde, por tanto, reitero, la meta no es crecer sino sobrevivir.
El emprendedor que ignore esa verdad estará expuesto todo el tiempo a desaparecer. El gobierno solo le permite crearse una ilusión de crecimiento, y para asegurar que no traspase el límite de lo permitido, lo acorrala entre leyes injustas y obstáculos, en consecuencia, entre chantajes y sometimientos.
Fijémonos en este detalle: los únicos negocios desaparecidos, clausurados, son los privados.
Un restaurante estatal, aunque sea sitio para la prostitución, el consumo y venta de drogas, aunque las condiciones de higiene sean pésimas o sus dependientes despachen bebidas alcohólicas y cigarrillos a menores de edad, jamás cerrará, sea rentable o no. Una suerte o beneficio al que jamás podrá aspirar ninguna “paladar” o quiosco de comida rápida del sector no estatal.
Los sitios noticiosos en internet están plagados de evidencia gráfica sobre verdaderos operativos policiales contra los “cuentapropistas”, aparataje de técnica y de fuerza bruta, videos sospechosamente filtrados a la prensa y con los que el gobierno busca demostrar una lucha constante contra la corrupción y a favor de los valores morales. Sin embargo, no existen o son muy escasos los testimonios visuales de acciones similares contra empresas e instituciones estatales. Y no es porque funcionen mejor, ya lo sabemos bien.
No es una guerra contra las ilegalidades o la corrupción, mucho menos contra el enriquecimiento, es una cruzada contra el exceso de individualidad, de independencia.
Podrá existir en Cuba aquel restaurante próspero o negocio de renta de habitaciones al turismo con ganancias espectaculares, sin embargo, jamás podrá desarrollarse ni de espaldas a la corrupción ni con perspectivas de traspasar las fronteras, ni las nacionales, ni las institucionales si antes no acepta la intermediación del gobierno o la “cooperativización”.
La cooperativa es la vieja fórmula encontrada por los arquitectos del actual “proyecto económico”. Primero, para enmascarar lo estatal tras lo privado y con ello beneficiarse de aquellas políticas y programas externos que, desde la ingenuidad e ignorancia totales de nuestro contexto, piensan que lo estatal y lo privado en Cuba son dos universos autónomos; segundo, para adelantarse a otro tipo de organización gremial o sindicalización de ese grupo de ciudadanos que, solo por su afán de crecimiento personal independiente, no es del todo confiable; tercero, porque permite implementar políticas económicas que por abusivas resultan incompatibles con ese discurso populista con el cual se justifica la perpetuidad del régimen.
Así, pudiera haber muchas más razones, pero en todas se apreciarán las dobles intenciones.
Los espacios desolados donde antes hubo grupos de pequeños comerciantes, la insistencia en revisar una y otra vez las regulaciones al sector privado, pretextos para demorar la entrega de licencias, desestimular las iniciativas individuales, la falta de garantías jurídicas así como la invariabilidad de una política económica que margina el capital generado dentro de Cuba, son algunas de las señales visibles de que no existe una voluntad por parte del gobierno para estimular el desarrollo del sector privado.
Aquello que a algunos parecía un cambio, una marcha hacia adelante, era solo una aparatosa e imposible maniobra de giro en una vieja máquina que solo puede avanzar en reversa.
