PUERTO PADRE, Cuba.- Los cubanos, como nación, fueron ignorados por el castrismo cuando tras la huida del dictador Fulgencio Batista la madrugada del 1.º de enero de 1959, 37 días después, el 7 de febrero y sin consulta popular, el llamado “gobierno revolucionario” reformó la Constitución de 1940, promulgando la llamada Ley Fundamental, quebrantamiento que permitió a Fidel Castro gobernar por decreto durante 17 años, hasta “legitimarse” como presidente del “Consejo de Estado”, cuando luego de un referendo viciado, fue promulgada la Constitución de 1976.
Fue un referendo viciado porque si en la manifestación de voluntad de una persona o de la nación toda falla el discernimiento, valga decir el juicio, la sensatez, porque los ciudadanos no fueron consultados, como sucedió en 1959, o la intención ciudadana está limitada por la falta de libertad, o la libertad es aparente, como ocurrió en 1976, entonces, estamos hablando de un proceso ilícito, que no puede producir sus efectos propios, porque de forma congénita, en la nación falló la manifestación del consentimiento legítimo.
Y puesto que la vigente Constitución de 2019 tiene su origen en la llamada Constitución socialista de 1976, que como ya anotamos fue profusamente copiada de las constituciones de la Unión Soviética y de otros regímenes totalitarios, dependientes del comunismo soviético, así como el quebrantamiento de la Constitución de 1940, que dio origen en 1959 a la llamada “Ley Fundamental” tiene asiento en los llamados “Estatutos constitucionales”, originados tras el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, todas esas supuestas cartas magnas con pretensiones de Constitución de la República de Cuba, ab initio, esto es, desde el principio, acusan vicios por fraude, error y amenaza; o dicho de otro modo: son actos jurídicos en los que no concurrió de forma legítima el discernimiento, la intención y la libertad de todos los cubanos, aunque estuvieran en cualquier lugar del mundo, luego, son actos jurídicos nulos de origen y no pueden ser convalidados.
Desde 1959 y hasta el día de hoy, la dictadura castrista ha pretendido dar apariencia de constitucionalidad al régimen totalitario, “legitimado”, según la propaganda oficial, por la aprobación popular que, en realidad, ha sido conducida al aplauso mediante influencias y coerciones que transitan desde la manipulación psicológica de la persona, de la prensa, la historia, la instauración de dogmas, la centralización de la economía, los puestos de trabajo, la eliminación de la propiedad privada, el monopolio de la educación, la cultura, las artes, la sociedad civil y la vida espiritual toda de la nación por parte del Estado, que incluye, enmascarando la dictadura, la tergiversación de conflictos de convivencia nacional en las relaciones internacionales y, particularmente, el empleo de las leyes penales como contención de derechos civiles.
Incuestionablemente, el castrocomunismo tiene partidarios, pero no como alega, incluso, ni dentro de las propias filas del Partido Comunista, donde muchos militantes integran esa organización por conveniencias lejos del credo político. Pero la mejor prueba contra esa falacia de la supuesta “unidad revolucionaria” y tantos otros sofismas como el llamado “voto unido” en “elecciones”, “consultas populares” o “referéndums, así como la supuesta “unidad nacional” en apoyo a la “democracia socialista”, lo desenmascara la realidad histórica, la existencia de fusilados durante la guerra civil que se desarrolló en todo el país, desde el mismo año 1959 hasta el 4 de julio de 1965, cuando fueron capturados los últimos insurgentes; esa guerra, y luego enfrentamientos esporádicos, produjeron cientos de personas fusiladas mediante procesos sumarísimos, suprimidas todas las garantías constitucionales, por tribunales militares nombrados “revolucionarios”; otro dedo acusador es la presencia de presos políticos, miles de presos por motivos políticos durante más de medio siglo; y… el éxodo, la diáspora de los cubanos por el mundo. Luego cabe preguntar:
¿Qué “unidad nacional” puede existir en un país de apenas once millones de habitantes, cuando más de dos millones y medio o algo así, debieron huir en un desplazamiento prolongado por más de 60 años y es actual hoy mismo, por razones sociopolíticas y socioeconómicas, derivadas todas de graves violaciones de derechos humanos, universalmente aceptados, pero que para los cubanos en lugar de derechos constituyen delitos…?
No. Para nuestra mala fortuna, los castristas mienten: los cubanos carecemos de unidad nacional tanto en los que apoyan al castrocomunismo como en los que nos oponemos a la dictadura. Y, perentoriamente, necesitamos esa cohesión que distingue a las naciones verdaderas del mero “montón de gente”.
Desafiando riesgos, cruzar el Rubicón —aquel riachuelo vadeado por Julio Cesar el año 49 ANE, que marcó el fin de la república y el inicio de Roma como imperio— no es una frase hueca, sino que significa dar un paso definitorio, trascendental, en el que no hay vuelta atrás. Y, personalmente, ya sea en el ámbito laboral, sentimental o de residencia, cada individuo tiene su Rubicón. Ahora mismo, hay cientos, miles de cubanos cruzando su Rubicón, que para algunos es el Estrecho de la Florida mientras que para otros es la selva de Darién, Pero, en política, cruzar el Rubicón significa tomar decisiones difíciles, que pueden cambiar el destino de un país. Y este debía ser el verdadero Rubicón de los cubanos. Permanecer, en lugar de huir. Cambiar a Cuba. Dejar de ser excluidos.
Pero el único modo para los cubanos cruzar su Rubicón es mediante los puentes de la contestación cívica. Frente a los derechos usurpados por la dictadura, no hay más armas que el derecho propio, ejercido de forma pacífica. Pasar ese puente de peaje conlleva un precio caro, costosísimo, pues es al precio de la unidad nacional, armonía difícil cuando inducida por el propio régimen y según conveniencias, ya en demasiadas ocasiones la desunión entre cubanos comienza en la misma familia, entre vecinos, en cualquier lugar.
Esbozados ya los antecedentes histórico-jurídicos del andamio constitucional cubano desde 1952 hasta el presente, finalizaremos esta serie comparando el artículo 5 de la vigente Constitución con el artículo 102 de la Constitución de 1940 y las variables de cómo ejercitar ese derecho conculcado.
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