MADRID, España. ─ Observo con preocupación que el régimen comunista cubano ha iniciado una campaña descarada contra los arrendatarios de tierras para trasladar sobre ellos la responsabilidad de la improductividad del sector agropecuario cubano. Y esto lo hacen de forma sutil, presentando experiencias de algunos usufructuarios calificados como exitosos en sus proyectos, para describir las distancias que los definen del resto.
Lo cierto es que la mayoría de los productores privados en Cuba han sido auténticos campeones en sus proyectos para salir adelante. Las trabas que han tenido que superar han sido gigantescas.
Primero, encontrarse con tierras infestadas de marabú por el abandono a que las tenía sometido el Estado, y que había que poner en producción con grandes sacrificios económicos y personales. Segundo, no poder contar ni con una pequeña cabaña en el campo para dejar las pertenencias personales. Cierto que esto se aprobó más tarde, pero hay muchos que no han podido acometer estas tareas. Tercero, dificultades de todo tipo para el aprovisionamiento de los insumos, abonos, herbicidas y tecnologías, de financiación bancaria y de suministro de servicios básicos como electricidad o agua, con tarifas desproporcionadas y extractivas que no incentivan la actividad. Cuarto, la amenaza latente de acopio, que nunca está cuando se le necesita con abandono en campo de las cosechas que se pudren o el impago y retrasos en los compromisos. Quinto, una fiscalidad extractiva, diseñada para limitar el desarrollo de la producción, que incluso obliga a pagar impuestos cuando las tierras no se cultiven por dejarlas en descanso. Y sexto, lo más importante, falta de libertad de decisión sobre qué producir, cuánto y a qué precios, cuánta tierra disponer en función de los objetivos productivos, que es la clave de la actividad privada agropecuaria.
Los arrendatarios de tierras cubanos merecen todo el respeto por lo que han logrado, ya que producen actualmente en más del 70% de la superficie agrícola, que, sin embargo, continúa siendo de titularidad estatal.
Por todo ello, cuando una actividad individual florece, el régimen se deshace para contrastar los resultados. Con ello, no hacen otra cosa que un flaco favor al conjunto de los arrendatarios que saben muy bien lo difícil que es progresar en las instituciones comunistas de Cuba.
En tales condiciones, si se despeja la responsabilidad de la producción eficiente de la tierra por los arrendatarios, y se sitúa la misma en el ámbito de las políticas del gobierno, el ejercicio al que se dedica la propaganda oficial es injusto.
En un artículo reciente en Granma titulado Si un usufructuario se empeña, la tierra produce han hecho este ejercicio, con referencia a una serie de “violaciones” detectadas en el proceso de entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, que fueron expuestas en una reunión del consejo de ministros, por parte de la Fiscalía general de la República, entre ellas:
- Explotación deficiente de las tierras. Un asunto que se tiene que situar en la perspectiva de las condiciones en que operan muchos arrendatarios, que si no explotan mejor sus tierras es por culpa de los límites que fija el gobierno, y no por sus motivos propios. Al agricultor le interesa sacar lo máximo de sus tierras. Y si se trata de explotación deficiente, tal vez lo mejor sería contrastar con datos objetivos la productividad y los rendimientos privados comparados con los obtenidos por el estado en sus latifundios.
- Deficiente control sobre la contratación de las producciones e incumplimiento de lo pactado. Este asunto tiene mucho que ver con el monopolio que tiene el estado en la comercialización que ejerce acopio. Los incumplimientos de la contratación se producen por la falta de motivación para cumplir con quien, más arriba en la jerarquía, tampoco cumple. La responsabilidad del control no recae sobre los arrendatarios, sino sobre las instituciones que se deben encargar de hacer cumplir los contratos, y para ello están las sanciones pecuniarias.
- Relaciones de aparcería y ocupaciones ilegales de tierra. En todo caso, se trata de un porcentaje ínfimo, toda vez que esta es una de las quejas de los arrendatarios, relativas a los estrictos controles a la tierra que realizan los dirigentes comunistas locales para impedir cualquier exceso en la escala de producción. La aparcería surge porque el trabajador del campo puede obtener un mejor salario trabajando para el arrendatario que en cualquier otra actividad, y ello dice mucho en favor de la productividad de la tierra en estas parcelas.
- No afiliación a la Seguridad Social. En todo caso, la actividad agropecuaria no es fácil de inscribir en un régimen general de la seguridad social, sino que debería estar organizada en un sistema más adecuado al trabajo autónomo o a la actividad agraria. En Cuba, donde el sector primario da empleo al 18% de la población ocupada, tendría sentido diseñar una seguridad social de régimen agrario que, en vez de alejar a los productores, los atrajera por los beneficios ofrecidos.
- Incumplimiento de los términos de tramitación de los expedientes de solicitud. Una justificación, en exceso rigurosa de los expedientes, huele a burocracia que es uno de los rasgos del sistema comunista cubano y que funciona como un bloqueo/embargo interno contra el legítimo deseo de actividad propia de los cubanos. Los incumplimientos no son reales y, en todo caso, más que una exigencia absoluta de cumplir los trámites de los expedientes, la burocracia debería estar enfocada en asesorar, ayudar e incluso, contribuir a que se cumplan los trámites.
- Variaciones no autorizadas de las producciones aprobadas. Este tipo de situaciones tiene que ver con expectativas generadas por el principal comprador de las producciones, que no es otro que el gobierno, sobre todo cuando decide topar precios y aleja a los productores de la tierra. Además, ¿hasta cuándo van a existir “autorizaciones” en la producción? Ya se ha podido comprobar que la planificación central e intervención no ha servido para mejorar el funcionamiento del sector agropecuario cubano, y esto debería llevar a una mayor libertad en el ejercicio por los productores.
- Falta de control sobre el proceso de contratación de las producciones. No lo parece, teniendo en cuenta la injerencia absoluta de los dirigentes comunistas locales en el proceso de asignación y control de las tierras, lo que lleva igualmente a la contratación de las producciones en donde intervienen organismos estatales. En todo caso, se deberían aclarar las funciones y competencias de unos y otros, y dejar al productor operar en paz.
- Existen usufructuarios que no trabajan directamente la tierra. Un asunto que igualmente será marginal, y limitado en el número de casos, y que puede obedecer a numerosos factores como problemas de salud, o necesidad de realizar algún desplazamiento temporal, e incluso, dedicarse a otra actividad de forma temporal. Esto no tiene por qué suponer problemas, dado el carácter estacional de muchas producciones agrarias. Si lo que el régimen comunista pretende es mantener a los usufructuarios atados a las tierras, como un instrumento de control social, esto carece de sentido y además es contrario a la razón humana.
Pienso que, con este tipo de planteamientos de la Fiscalía hacia los arrendatarios, el sistema ideado por Raúl Castro hace más de una década se puede venir abajo en cualquier momento. Al no consagrar la estructura de la propiedad de la tierra, sino solo su arriendo, el modelo es reversible por el Estado, en cualquier momento, lo que sería una decisión muy grave que acabaría creando más problemas que soluciones. Últimamente, el régimen quiere que los arrendatarios produzcan para exportar a países de Europa, del Caribe y también a la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en vez de concentrarse de forma prioritaria en atender las necesidades de la población.
Entretanto, Acopio sigue dejando en el suelo las cosechas de mangos que no llegan a los mercados y los dirigentes comunistas locales y estatales quieren reforzar su control absoluto sobre los arrendatarios midiendo y decidiendo sobre las superficies en explotación. Y estos campeones, los arrendatarios de tierras, siguen, en medio de todas estas dificultades, en una lucha diaria admirable, desde posiciones de inferioridad con respecto al Estado, que produce admiración y respeto.
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