LA HABANA, Cuba.- Durante el largo tiempo en que no se permitió la propiedad privada, e incluso fue mínima la forma de gestión cooperativa, los gobernantes cubanos eran los únicos actores de la sociedad con posibilidad de enriquecerse. Ello motivó que a los integrantes de la nomenclatura les cueste trabajo aceptar la idea de que otras personas ajenas a la maquinaria del poder puedan también acceder a la riqueza.
Sin embargo, la marcha de los acontecimientos, y hasta la propia ineficiencia gubernamental en la conducción de la economía, impusieron la necesidad de que surgieran sujetos de propiedad y gestión no estatales, los cuales, como es lógico, se esfuerzan por maximizar sus ganancias.
No obstante, en un primer momento el castrismo apostó por no permitir que los referidos sujetos acumularan riquezas. La versión inicial de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, en su acápite 104, establecía que “No se permite la concentración de la propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales conforme a lo legislado, de modo consecuente con los principios de nuestro socialismo”.
A lo anterior se sumaron un grupo de planteamientos radicales emitidos en asambleas celebradas en todo el país, al estilo de: “que nadie piense que va a hacerse rico a costa del pueblo”, “hay que evitar la proliferación de nuevos ricos en Cuba”, “el trabajo por cuenta propia no debe dar lugar al enriquecimiento personal de nadie”…
Así las cosas, arribamos a la reciente sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, encargada de aprobar la Conceptualización y otros documentos partidistas, los que fueron calificados por el gobernante Raúl Castro como “los más estudiados y discutidos en la historia de la Revolución”.
Por la información brindada, todo hace indicar que la concentración de la riqueza fue uno de los asuntos más debatidos, y que al final colocó a las autoridades en una verdadera encrucijada: o mantenían la línea dura contraria a la riqueza y entraban en contradicción con importantes elementos de la actualización del modelo económico, o cedían ligeramente en su inflexibilidad y admitían la posibilidad de que algún sujeto no estatal se enriqueciera, a tal punto de que Marino Murillo lo considerara “uno de los riesgos más grandes que estamos corriendo.
A la postre, y como se deriva de la intervención del diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, prevaleció la segunda consideración: “Reconocer la existencia de formas no estatales para diversas actividades implica la generación de determinada cantidad de riqueza. Corresponde entonces al Estado instrumentar las formas para poder regular esa acumulación de riquezas”.
Es decir, que se admite, aun a regañadientes, que cualquier sujeto de propiedad o gestión no estatal (cuentapropista, cooperativista o usufructuario de tierras) se enriquezca, aunque siempre el Estado se esforzará por regular dicha riqueza.
De más está decir que semejante punto de vista no elimina la incertidumbre que embarga a muchos de esos actores emergentes. Hay interrogantes que quedan por responder. ¿Cuál será el nivel de riqueza permitido? ¿Quién determinará el momento de poner coto a determinada riqueza? ¿Qué método empleará el gobierno para “regular” la riqueza? ¿Será acaso mediante mecanismos económicos, como los impuestos, o intervendrán los temibles instrumentos administrativos, como los cierres, las prohibiciones o las confiscaciones?…
Lo que sí deben de tener claro los jerarcas del castrismo, es que mientras no desaparezca la desconfianza entre los distintos sujetos económicos, no se producirá el despegue de la economía.
