LA HABANA, Cuba. – Cuba es uno de los países que menos invierte en la ciencia y en la investigación tecnológica, un elemento que conspira en contra del desarrollo de su economía. A tal conclusión se arriba al consultar el acápite Cuentas Nacionales, correspondiente al Anuario Estadístico de Cuba 2018 (edición 2019), emitido por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).
Al cierre de 2018, de un Producto Interno Bruto (PIB) ascendente a 100 mil 23 millones de pesos (a precios corrientes), el aporte a ese indicador de la ciencia e innovación tecnológica fue de 321 millones de pesos, para un 0,32% del PIB.
Un porcentaje inferior al promedio internacional, que oscila alrededor del 2,42%. Es de destacar que naciones que han alcanzado últimamente un apreciable nivel de desarrollo presentan elevados porcentajes del componente científico e investigativo en el PIB, como son los casos de Corea del Sur con el 4,3%, Israel con el 4,1%, y Taiwán con el 3,8%.
No en balde el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha venido insistiendo en la necesidad de aplicar más ciencia e innovación en la economía, especialmente en la agroindustria azucarera, un sector que les quita el sueño a los gobernantes debido a lo maltrecho que se encuentra.
Muy vinculado con lo anterior se halla la formación de doctores para las distintas ramas del saber, un aspecto en el que también Cuba se retrasa con respecto a buena parte de la comunidad internacional. Mientras que en muchos países la defensa de los doctorados ocurre en profesionales menores de 35 años, aquí en la isla la edad promedio de los que arriban al doctorado supera los 40 años.
Precisamente, con el objetivo de disminuir la edad de los profesionales que defienden tesis de doctorado, se han dado a conocer varias normas jurídicas, así como el Acuerdo 8625 del Consejo de Ministros, que, entre otros aspectos, elimina la prohibición de que los recién graduados universitarios hiciesen una maestría o un doctorado durante los primeros años de su desempeño laboral, casi siempre mientras no concluyesen la etapa del servicio social.
Sin embargo, una vez más el sesgo totalitario de los gobernantes cubanos hace acto de presencia. Veamos lo que expresa uno de los párrafos del referido acuerdo ministerial: “Ahora los jefes, los rectores y los jefes de organismos están facultados para determinar qué joven recién graduado, cuando concluya su primer año de preparación para el empleo, con resultados satisfactorios y tenga cualidades demostradas político-ideológicas, puede comenzar una maestría o un doctorado en los temas que vayan a impactar en el desarrollo” (“Entran en vigor nuevas normas jurídicas referidas al estudio de los trabajadores”, en periódico Granma, edición del 5 de septiembre).
Es decir, que los jóvenes profesionales, además de exhibir talento científico, deben demostrar que son incondicionales del gobierno si aspiran a realizar un doctorado. Todo indica que estamos en presencia de una reafirmación de aquella sentencia -que a ratos algunos de los que coquetean con el castrismo creen olvidada- que reservaba la Universidad solo para los revolucionarios.
¿Cuántos jóvenes talentos habrá perdido la sociedad cubana por semejante intolerancia? Sería conveniente que aquellos que todos los años se dedican a sacar cuentas de los supuestos daños ocasionados a la isla por el “bloqueo” de Estados Unidos, se dignen en responder a esa interrogante.
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