LA HABANA, Cuba.- Si las autoridades cumplen su amenaza de desalojo, unas cincuenta familias asentadas en terrenos estatales del municipio Alquízar, provincia de Artemisa, perderán esta semana la precaria vivienda que habitan desde hace más de dos años.
El anuncio de desahucio, efectuado por miembros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la oficina provincial del Instituto de la Vivienda en días pasados, rompe con la promesa gubernamental de legalizar la situación de los ocupantes, quienes seis meses atrás habían logrado abortar otro intento de desalojo usando a sus hijos como barrera.
Según han dicho las autoridades, el pequeño asentamiento, insalubre y sin electricidad, situado en las afueras del barrio Alquitex, interrumpe la expansión del plan agrícola del territorio, que tiene previsto utilizar esos terrenos para la producción de cultivos varios.
En la “favela”, como algunos bautizaron al grupo de “quimbos” construidos con tejas, listones de zinc viejos, y los más pobres con telas y nylon, habitan más de veinte menores de edad y algunas mujeres embarazadas. Varios niños ya han nacido ahí.
Roberto Amaral Báez, uno de los ocupantes, señaló que los agentes de la policía dieron como ultimátum hasta el domingo 24 para que demolieran las casas y abandonaran las tierras.
“Después del referendo se van”, dijo Amaral que aseguraron los representantes de la PNR, y alega que el plazo respondió a la intención de “evitar cualquier inconveniente que perjudicara la votación del referendo. Mucha gente está indignada por lo que quieren hacernos”.
Para evitar el desalojo durante el verano pasado, cuenta Amaral que las familias utilizaron consignas pro gubernamentales como “Yo soy Fidel”, “Viva Raúl” y “esta es una revolución por lo pobres y para los pobres”, las cuales corearon y pintaron en las improvisadas paredes de cada vivienda.
Las autoridades entonces decidieron no expulsarlos. Los residentes del ilegal caserío ahora planean aplicar el mismo método, y aunque temen que esta vez no funcione por la firmeza de las amenazas, pero ellos sumarán a las consignas la frase “yo voté Sí por la Constitución”.
Tras el intento de desalojo fallido, destaca Migdalia Coto Lorenzo, una de las afectadas por el hostigamiento, el gobierno dijo que facilitaría servicios de electricidad y agua potable, entregaría propiedades, y otorgaría una libreta de abastecimiento a cada núcleo familiar.
“Pero todavía nada, lo que estaban era durmiéndonos para finalmente sacarnos de aquí, pero vamos a ver a cómo tocamos, porque no tenemos para dónde ir. Van a pasar trabajo para quitarnos esto, que es lo único que tenemos”, refirió Coto, y agregó: “nosotros vivimos aquí como la gente de Venezuela, muy mal”.
Coto explicó que a lo largo de 18 meses los vecinos de la comunidad han recibido más de 10 multas de Vivienda, algunas de ellas presumiblemente fueron aplicadas para justificar la legalización de la propiedad y la construcción de los inmuebles.
El monto de las multas pagadas asciende a más de diez mil pesos en algunos casos, según ilustró Alfonso Velázquez Camacho, otro residente del caserío.
“La última vez que vino Vivienda fueron 1500 pesos de multa, parejo para todo el mundo. Nos dijeron que echáramos, aunque sea, un pequeño cimiento, para luego ellos venir a poner los otros 1500 y poder legalizarnos. Pero ya vez, todo fue mentira y ahora tenemos los días contados. En cualquier momento nos sacan a patadas con niños y todo”, expuso Velázquez.
