ROMA, Italia.- El régimen de Nicolás Maduro es una feroz dictadura, que viola “de manera masiva y sistemática” los derechos humanos de los venezolanos, según el más reciente informe del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, mejor conocido como PROVEA. La situación motivó que tanto la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional señalaran que había motivos razonables para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde 2017.
Actualmente Venezuela está siendo objeto de un examen preliminar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y antes de que termine este año 2021 debe determinar si procede o no la apertura de una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad. Examen que ha sido posible gracias al intenso trabajo de las organizaciones no gubernamentales que se mantienen en pie dentro del país, documentando cada uno de los casos de “privación grave de la libertad física”, “tortura”, “violencia sexual” y “persecución por motivos políticos” por la acción de autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y partidarios del gobierno comunista.
Este trabajo “ha generado una factura pendiente por cobrar por parte de las autoridades”, denunció en conversación exclusiva con CubaNet el coordinador general de PROVEA, Rafael Uzcátegui, alertando que la situación de los defensores de los derechos humanos en Venezuela es de mucha vulnerabilidad y que, en particular, los miembros de esta organización se sienten “amenazados”.
“El gobierno ha desplegado dos estrategias básicas para intentar neutralizar nuestros esfuerzos. Una tiene que ver con la intención de erosionar nuestra legitimidad, mediante campañas permanentes y recurrentes de criminalización, en donde se estigmatiza, en donde se afirma que nosotros tenemos una agenda oculta o que somos parte de una conspiración internacional contra las autoridades venezolanas. Y esa criminalización permanente ha permitido diferentes ataques contra la vida y contra la integridad de defensores de derechos humanos en Venezuela”.
En octubre de 2016, PROVEA calificó a Nicolás Maduro como un gobernante no democrático. Hoy cuatro de sus miembros tienen medidas cautelares de protección, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto, luego de la campaña de criminalización “en donde se afirmaba que nosotros llegábamos de viaje con maletas repletas de dólares. En consecuencia, el anterior coordinador de PROVEA, el señor Marino Alvarado, fue secuestrado en su casa. Y, por ejemplo, hace 20 años o hace 10 años para nosotros hubiera sido impensable el tener que blindar los vidrios de nuestra oficina y hoy es una realidad que hemos tenido que ejecutar”.
Es oportuno evidenciar que los “ataques” del régimen contra los defensores de derechos humanos en Venezuela aumentaron en un 157 % entre 2019 y 2020, según un informe divulgado por la Organización Mundial para la Tortura (OMCT), el Comité de Familiares de Víctimas (COFAVIC) y la Vicaría de Caracas para los Derechos Humanos. En 2019 se contabilizaron 84 ataques, y hasta octubre de 2020 un total de 216.
A un paso de ser acusados de terroristas
Como si no bastase, Nicolás Maduro ahora allana el camino legal para justificar cualquier acción de persecución. “En este momento se están promoviendo dos normativas especificas: una de ella es la Providencia Administrativa N-002, que nos obliga a tener que registrarnos frente la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo para poder tener un aval y poder seguir funcionando; y, en segundo lugar, una ley de cooperación internacional, que próximamente va a ser discutida dentro de la Asamblea Nacional”, señaló Rafael Uzcátegui.
Esta Providencia Administrativa Nº 001-2021 pretende obligar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a notificar sus actividades, fuentes de financiamiento y beneficiarios de sus acciones. En consecuencia, más de 600 ONG han hecho público su rechazo a estas medidas que, entre otras cosas, las obliga a revelar la identidad de quienes formulan denuncias de violación de derechos humanos en Venezuela. Situación que consideran inadmisible porque, además, expondría al denunciante y a las víctimas al riesgo de represión por parte del Estado.
“Hemos tomado la decisión de no registrarnos, de asumirnos en desobediencia civil y, como parte de esa desobediencia civil, asumir las consecuencias de esta decisión. Son estrategias que han sido repetidas en otros sitios en contextos autoritarios, como en Nicaragua, que es un caso cercano, pero también el caso de Rusia, en el caso de Cuba”, indicó.
El coordinador general de PROVEA señaló que el objetivo de este registro “es intentar ilegalizar el trabajo de las organizaciones para que dejemos de suministrar informaciones a los organismos internacionales porque hoy se encuentran activados cinco importantes mecanismos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El Mecanismo Especial de Seguimiento; en segundo lugar, la Misión Independiente de Determinación de Hechos, que fue designada por Naciones Unidas; también el trabajo del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Venezuela, que tiene seis oficiales dentro de nuestro país. La Organización Internacional del Trabajo tiene sobre Venezuela unos de sus mecanismos de mayor presión, que se llama la Comisión de Encuestas; y, finalmente, la Corte Penal Internacional tiene abierto un examen preliminar sobre nuestro país. Allí se está recopilando información de hechos ocurridos a partir del año 2014, a ver si se han cometidos crímenes contra la humanidad dentro de Venezuela”.
Radicalización en pandemia
Sobre el impacto de la pandemia en los derechos humanos, Rafael Uzcátegui denunció que la misma “no ha sido abordada por las autoridades venezolanas como una emergencia sanitaria, sino que ha sido entendida como una oportunidad para aumentar los mecanismos de control”.
Los venezolanos tienen más de un año sumidos en una constante restricción de sus libertades con la excusa de las medidas anti COVID-19, mientras que “el gobierno está avanzando en aprobar medidas que en una situación normal hubieran generado muchísima movilización de rechazo. Por ejemplo, una ley de cooperación internacional o una ley de ciudades comunales, que va a modificar la división político territorial de nuestro país, mediante un esquema absolutamente diferente al que está presente en la Constitución”.
Asimismo, no es casual que, durante el periodo de pandemia, PROVEA identificara un incremento de más del 400% de las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales con respecto a años anteriores. “Es decir, estamos observando que en este contexto de emergencia humanitaria lamentablemente las situaciones vinculadas con relación a los derechos humanos han aumentado”, explicó Uzcátegui. Mientras que los venezolanos no conocen cuál es el verdadero impacto del coronavirus en Venezuela.
Para concluir, el coordinador general de PROVEA enfatizó que “estas malas prácticas autoritarias del gobierno de Nicolás Maduro están siendo repetidas por otros gobernantes, y en la medida que no exista un retorno a la democracia en Venezuela las otras democracias de la región van a verse debilitadas por este mal ejemplo. Así que les pedimos que se mantengan hablando sobre Venezuela, que no se normalice, que no se piense que esta es una crisis que no tiene solución”.
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