LA HABANA, Cuba.- Como parte de la consulta popular para apoyar el proceso de reforma constitucional, el gobierno de la Isla ha permitido que los cubanos residentes en el extranjero participen en el debate sobre las modificaciones a la Carta Magna. Según explicó Ernesto Soberón, director de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior, a partir del mes de septiembre se habilitará una sección en el sitio web Nación y Emigración, del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), para que los interesados envíen sus opiniones y propuestas.
CubaNet conversó con cubanos residentes en Miami para conocer sus criterios acerca de la reforma y la posibilidad -inédita desde 1959- de que quienes no viven en Cuba con carácter permanente, participen de la consulta ciudadana. Las pocas personas que accedieron a ser entrevistadas se encuentran totalmente ajenas al proceso. La mayoría ni siquiera sabe qué decir, manifestando un notable desarraigo y desinterés por todo lo relacionado con Cuba en materia de política.
Al parecer, los cubanos que viven fuera consideran que la única forma de ayudar a la Isla es a través del envío de remesas. Siempre preocupados por la economía doméstica, no se han detenido a pensar que los cambios que se discutan y aprueben en los próximos meses serán incluidos en la Ley Fundamental por la cual se regirá el país durante al menos los próximos cuarenta años, si se tiene en cuenta que una transformación como la que se avecina ocurrió por última vez en 1976.
Entre el 13 de agosto y el 15 de septiembre tendrá lugar la discusión de un proyecto constitucional que adolece de acápites esclarecedores con respecto, entre otras cuestiones, a la libertad de expresión, prensa y asociación; la reorganización del poder que sobrevendrá con la inclusión de la figura del Primer Ministro; las regulaciones para la actividad del sector privado y la inversión extranjera; la tan postergada Ley de Protección Animal; la reestructuración de la familia en caso de que se apruebe el matrimonio igualitario; y la salvaguarda de todas las garantías civiles.
Ya sea por el hábito de acatar pasivamente las decisiones “de arriba”, el desinterés, la desconfianza en el régimen o el temor, los paisanos de Miami, como los del patio, no son conscientes de la necesidad de participar. Persisten dudas razonables acerca de cómo se llevará a cabo esa “consulta” ciudadana; quiénes serán los encargados de explicar en cada comunidad las bases y el alcance real de la nueva Constitución; y en qué medida ese supuesto intercambio podrá influir en la conformación de la Carta Magna definitiva, cuyo proyecto ya ha sido aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Parece la crónica de una muerte anunciada, lo cual provoca pereza entre los cubanos a la hora de discutir, o siquiera leer, el documento que ya está a disposición de los interesados, en formato impreso y digital.
Residentes en el exterior consideran que el debate ciudadano es una farsa para vestir de democrático un sistema esencialmente totalitario. Otros se preguntan si el gobierno realmente prestará atención a todas las opiniones; o si quienes se atrevan a emitir criterios más osados a través de la plataforma Nación y Emigración -donde deben llenar una planilla para demostrar que son cubanos- serán víctimas de represalias cuando regresen a la Isla.
El recelo de siempre. Y aunque dicha postura es comprensible, la actitud de “no intervención” en el proceso de reforma constitucional contribuirá a que el 24 de febrero de 2019 -fecha programada para el referéndum nacional sobre la Carta Magna- el régimen dictamine a placer una vez más, gracias al concurso de unos pocos y la indiferencia de muchos.
