LA HABANA, Cuba.- Desde que en el 2011 empezó la venta liberada de materiales de la construcción no fueron pocas las personas que emprendieron ese tortuoso camino: unos, para reparar o ampliar su casa; otros, para iniciar su construcción, pues uno de los problemas sociales más graves que sufre la familia cubana es el de la vivienda. Para tal empeño, los que no tienen solvencia económica intentan conseguir un subsidio del Estado, o bien un crédito bancario. Otros, con más suerte, reciben ayuda económica de sus familiares en el extranjero. Y es que reparar o ampliar una vivienda en Cuba cuesta tanto, que para la mayoría no es costeable. En el primer caso, porque puede que no se le haya dado mantenimiento en más de cincuenta años, y en ambos también por los abusivos precios impuestos por el gobierno a los materiales de construcción.
Pero para lograr la hazaña de reparar una vivienda hay que enfrentar aún muchos obstáculos, además de los económicos. El más traumático es la impotencia al tratar de comprar los materiales legalmente en el rastro (tienda de materiales de la construcción), algo prácticamente imposible. Eventualmente no queda más remedio que acudir a los temidos especuladores, que, con la complicidad del personal de dichas tiendas, se aprovechan de que la venta es liberada y se llevan todo lo que quieren, para luego revenderlo a elevados precios. Estos individuos están bien informados sobre los horarios y cuantía del abastecimiento, por lo que logran ser los primeros en la cola y hacerse con un buen surtido. Esta situación la propicia no sólo la insuficiente distribución de materiales, sino también la desorganización. En ocasiones el gobierno ha realizado operativos (inspecciones sorpresivas) que, lejos de acabar con este flagelo, han puesto en evidencia, entre otras cosas, la corrupción y la falta de honestidad y de sentido de pertenencia de los dirigentes involucrados, así como la incapacidad gubernamental para erradicar estos problemas.
Durante años el gobierno comunista ejerció un control absoluto económico y político sobre los materiales de construcción, así como sobre cualquier acción encaminada a mejorar las condiciones de la vivienda por esfuerzo propio, pues para acceder a estos servicios había que demostrar adhesión al régimen. Así fue como muchas casas se fueron destruyendo sin recibir mantenimiento durante años. Unas se derrumbaron, y otras, a punto de hacerlo, han sido declaradas inhabitables y sus moradores han tenido que enfrentarse a la dura e interminable vida de los albergados: un expediente de damnificado, un larguísimo escalafón, y esperar las calendas griegas. Ante esta realidad muchos se niegan a abandonar su casa y poco a poco han iniciado acciones constructivas, pero por lo caro de los materiales y la mano de obra no avanzan con la rapidez deseada. Para colmo, desde enero –a raíz del tornado del 27 de ese mes– no se venden materiales por la libre en los rastros, ni tampoco los revendedores.
Las personas que no han podido terminar los arreglos de sus casas están desconcertadas con la suspensión de la venta de materiales, sobre la que el gobierno no se ha pronunciado y no son pocos los que comentan que, como siempre pasa, no se va a restablecer. Conrado es una de las personas en ese caso. Aprovechó la venta liberada de materiales para ampliarse, pues vive con sus padres e hijos en una casa pequeña. Ya el hermano le mandó el dinero para fundir la placa del cuarto y el baño, pero después del tornado, la obra quedó detenida. “Hay que tener presencia de ánimo para aguantar esta pesadilla”, reflexiona. “Nosotros no somos damnificados del tornado, pero sí somos damnificados de la revolución: 60 años sin posibilidades de reparar, y como dicen ellos, ¡vamos por más!”.
En estos últimos años la tragedia de la vivienda se multiplica por día, al punto de que ya no hay albergues donde ubicar a los damnificados. A esto se le suma que, con el fondo habitacional tan depauperado, cualquier evento meteorológico puede provocar un desastre de grandes dimensiones, como demostró el tornado que azotó a varios barrios muy pobres de la capital y destruyó muchas de esas viejas casas. Esto provocó una situación bastante tensa. Incluso en Regla algunos afectados, desesperados e irritados, mostraron su disgusto abiertamente durante una visita de Díaz-Canel, de manera que “para evitar el descontento en la población” –como repiten una y otra vez los dirigentes– el gobierno ha invertido algunos recursos para revertir los daños y así prevenir otros males derivados de este.
