LA HABANA, Cuba. – “Nunca pensé ver este agro vacío”, exclama una cliente que frecuenta el mercado agropecuario privado Los Lara, uno de los principales de la capital cubana, sito en la avenida 23 del municipio Playa.
El desabastecimiento comenzó el primer día del año, al iniciarse la nueva política de comercialización de productos agropecuarios en La Habana. Con la Resolución 19, emitida por el gobernador de la capital, las autoridades establecieron los precios de compra a los productores y los precios máximos de venta de los productos agropecuarios.
Después del aumento de los salarios y pensiones aprobado en Cuba, la administración habanera también impuso un tope de venta a todas las formas de comercialización agropecuaria permitidas por el régimen. La medida, interpretada como un torpe intento por reducir la actual inflación, generó desabastecimiento, cierre de mercados privados y la progresiva elevación de los precios en el mercado informal.
Los primeros en derrumbarse han sido los mercados de oferta y demanda, como el de los hermanos Lara, El Tinajón y el Mercado Japonés, ubicados a lo largo de la avenida 23.
Hasta finales de diciembre, los tres agromercados se distinguían por su variada oferta y la calidad de los productos agrícolas, así como por sus establecimientos higiénicos y climatizados. La oferta y demanda mantenía un ritmo ascendente en los tres negocios que, además, estaban rodeados de varios puntos de venta pequeños con precios inferiores.
“Desde el día 31 no entra nada”, dijo a CubaNet Rafael Lara, propietario del mercado Los Lara.
“Compré 40 cajas de tomate a ocho pesos; con los precios actuales me busco 500 pesos si lo vendo todo. (Pero) eso es perder dinero. Tengo 20 trabajadores en la casa con esta situación, porque no puedo comprar la malanga a siete pesos y venderla a ocho después de limpiarla y cepillarla”, añade el cuentapropista.
La política económica que mantiene las tarimas vacías pretende estimular los ingresos de los productores, a quienes se les permite elevar hasta 3,5 los precios.
Refugiados en la excusa de proteger a la población, los gobernantes cubanos extendieron el nuevo listado de precios a la comercialización de oferta de demanda.
“Los productores encarecen los productos porque tienen que comprar los insumos en MLC (…). No pueden importar lo que necesitan para producir porque lo catalogan de carácter comercial y se lo confiscan (…). Ellos no pueden comprar cosas caras para producir barato”, asegura Lara.
Los insumos agropecuarios elevaron seis veces su precio tras la unificación monetaria por la que se imprimieron millones de pesos sin respaldo.
En agosto de 2019 el Gobierno intentó topar los precios en una sostenida tendencia por controlar el mercado agropecuario. Los principales saldos de la fracasada política de control económico fueron el desabastecimiento y la subida de precios. En esta ocasión el error se repite, pero tras un año de cierre económico, cuyas cifras oficiales describen la reducida producción de alimentos durante 2020.
Hacia el mercado informal en Cuba
Lejos de ofrecer seguridad económica a la población, la llamada política de ordenamiento de la economía mantiene un clima de incertidumbre social en medio de la peor ola de contagios de COVID-19.
Topar los precios como medida antiinflacionaria genera las tarimas vacías que desconciertan a los cubanos, empujándolos hacia el mercado negro para garantizar los alimentos básicos en la mesa.
“Lo que han provocado es que escondan los productos para venderlos a precios más elevados”, dijo una señora al salir de un mercado agropecuario en la localidad de Santa Fe, Playa.
La clienta que se identificó como Beatriz expuso que la libra de ají topada a 30 pesos, en el mercado informal supera los 70 pesos.
“El que quiera limón o ají debe buscar quien lo tiene escondido”, señaló.
El control absoluto del régimen de Cuba sobre la economía, la producción de alimentos y su comercialización provoca que la línea del mercado negro comience en el surco y culmine en el bolsillo de los cubanos. Desde la compra de insumos y combustibles para garantizar la producción, hasta el ají vendido a precio exorbitante por “detrás del telón”.
Los agromercados privados de la avenida 23 demostraron que liberar los precios no desprotege a la población. Durante años los tres negocios compitieron bajo la comercialización de oferta y demanda. En ningún momento la prosperidad de estos mercados con mayor inversión disminuyó la rentabilidad de los puntos de venta privados en los alrededores, a los que accedían quienes buscaban mejores precios.
Ahora, el panorama desolador en el que se encuentran los mercados de la avenida 23 acentúa el nuevo fracaso administrativo de la política de regulación de precios.
Los dueños y trabajadores de los agromercados visitados por CubaNet, esperan el “equilibrio de los precios”. Ellos emplazan al Gobierno a reconsiderar la medida, pero este mantiene la terquedad en el control de precios como respuesta a la actual inflación. En el centro, la población que enfrenta la doble inflación: la oficial y la del mercado negro.
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