GUANTÁNAMO, Cuba. – Al parecer a la Seguridad del Estado de la provincia de Guantánamo le ha parecido poco la golpiza que recibí el pasado 22 de abril de parte del agente de la policía Yorvanis Vargas Tamayo, quien me golpeó estando yo esposado. Ahora resulta que estoy acusado por la presunta comisión de un delito de Resistencia y Desobediencia.
Hallándome en los calabozos de la primera unidad de la policía de Guantánamo, en horas de la noche del viernes 26 de abril, recibí la visita de un oficial de la Seguridad del Estado que se me presentó como el “Mayor Bryan”, jefe de la contrainteligencia, quien me dijo que se le iba a tratar de dar una solución justa al caso. Sin embargo, hasta ahora no he visto ni una pizca de justicia y —ojalá me equivoque— no creo que vaya a recibir justicia de uno de los tribunales castristas, atendiendo al control que sobre ellos ejerce la Seguridad del Estado en casos como este.
Un proceso como este demuestra al mundo como la dictadura ejerce su poder absoluto en contra de los ciudadanos que se atreven a luchar por sus derechos. De un lado está el Estado con su caterva de policías, chivatos, agentes encubiertos, segurosos, fiscales y jueces. De otro se hallan los ciudadanos en total estado de indefensión.
La “justicia” del “Estado de derecho” cubano en mi caso
CubaNet informó oportunamente de lo ocurrido en el portal del Tribunal Municipal Popular de Guantánamo el pasado 22 de abril, cuando fui golpeado por el policía que mencioné precedentemente.
El 30 de abril fui citado por el Fiscal Militar, primer teniente José Ángel Bertrán Núñez, a cargo del caso en cuanto a la actuación de los agentes de la policía. Al decidir sobre la denuncia que de oficio hizo la jefatura de la primera unidad de la policía de Guantánamo contra los agentes, este fiscal los exoneró de responsabilidad afirmando que actuaron en cumplimiento de su deber. Se colige que en Cuba los esbirros de la dictadura castro comunista tienen derecho a lesionar a los ciudadanos y que eso no constituye un delito, a pesar de lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución de la República, que establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física. Establecí Recurso de Queja contra esa decisión. El fiscal tenía cinco días hábiles para resolverlo. Han transcurrido 67 días hábiles y no lo ha hecho. Y si lo ha hecho no me ha notificado la solución, como está obligado a hacer.
En mayo fui citado por el Departamento de Atención a la Ciudadanía de la Fiscalía General de la República en Guantánamo y la fiscal Karelia Suárez Manso me comunicó que ese órgano — encargado según la Constitución de hacer respetar la ley— no tiene jurisdicción para decidir sobre lo ocurrido. También presenté cartas de queja ante el Departamento de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior y ante la Fiscalía Militar. Han transcurrido más de sesenta días hábiles y no he recibido ninguna respuesta, lo cual es otra burda violación de lo establecido en el artículo 61 de la Constitución de la República.
En mayo también fui citado por un capitán de la policía de apellido Pelegrín. Ante dicho oficial y el Jefe de la Primera Unidad de la PNR de Guantánamo, recibí la propuesta de pagar una multa para cerrar el caso. Les respondí que no iba a pagar ni un centavo de multa porque fui la víctima de lo ocurrido y porque aceptarla equivale a admitir responsabilidad. Por tal razón no acepté esa propuesta ni aceptaré ninguna sanción, por benigna que sea. Si por ello debo ir a la cárcel iré. No se trata de orgullo baldío sino de defender mi dignidad. Y desde la cárcel, en la medida de mis posibilidades, denunciaré todas las injusticias que conozca y asesoraré a los reclusos.
Mi posición provoca diversas reacciones en mi propia familia pues en estos momentos mi padre está muy enfermo. Es un anciano de 87 años que reside en Cienfuegos y a quien la Seguridad del Estado me impide ir a ver, porque dicen que debo pedirles permiso para salir de la provincia.
Desde las 7 p.m. ha sido interrumpido el servicio Nauta Hogar de mi esposa, impidiéndonos comunicarnos con nuestros hijos, lo cual es otra violación de la Constitución, en este caso del artículo 50. Con el objetivo de remitir este trabajo fui hasta la Sala de navegación del Correos Central de Guantánamo y mi cuenta nauta también estaba bloqueada.
Este lunes fui en dos oportunidades al Registro de Juristas de la Dirección Provincial de Justicia para que me entreguen un documento que acredite que soy licenciado en Derecho, el cual necesito para asumir mi propia defensa. En la mañana me informaron que la jefa del departamento estaba reunida. Por la tarde se había ido antes de tiempo. La Vice directora provincial me aseguró que estuviera hoy allí, a las 8 a.m. Fui a las 7:40 a.m. y la jefa del departamento no fue a trabajar, por tanto, no he podido obtener el documento que me permitiría asumir mi defensa en el juicio de mañana, siendo evidente que detrás de todo esto se halla la Seguridad del Estado.
No espero nada del castrismo pero tampoco voy a arrodillarme ante los opresores del pueblo de Cuba.
Agradezco las muestras de apoyo y solidaridad que he recibido de varios hermanos de la oposición, miembros de mi Iglesia, amigos, vecinos y colegas. Extiendo ese agradecimiento a los diplomáticos y políticos norteamericanos que se han pronunciado públicamente sobre mi caso, entre ellos el excelentísimo señor Mike Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, quien expuso su preocupación el pasado 31 de julio. No creo casual que al día siguiente haya sido citado para el juicio.
Agradezco las muestras de apoyo que a lo largo de estos años he recibido de quienes me hacen el honor de leer mis artículos y, por supuesto, a los hermanos de la dirección de CubaNet y de Radio Martí por su permanente solidaridad.
La libertad no nos la va a dar nadie. Es una opción que está dentro de nosotros. Junto a muchos otros compatriotas he optado por ser libre y no creo estar haciendo nada extraordinario. Estoy en las manos de Dios.
(Read the article in English here)
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