LA HABANA, Cuba. – “De pronto vienen cuatro motos, y me doy cuenta de que me están cercando. Era la segunda salida sola que hacía después de regresar de viaje”, dijo, Marthadela Tamayo, activista por los derechos de la mujeres, quien fue invitada a participar es septiembre del año pasado en un taller de capacitación en derechos humanos en los Estados Unidos. Desde esa fecha ha recibido una docena de citaciones y detenciones por parte de la fuerza policial que han incluido la prohibición de salir del país y de su casa. La última fue el pasado domingo, 8 de marzo, cuando recibió otra citación oficial para que se presentara en la Policía con el “objetivo de tratar asuntos policiacos”. Ese domingo, Día Internacional de la Mujer, también fueron detenidas 20 Damas de Blanco, movimiento que exige la liberación de los presos políticos, y que salieron a manifestarse pacíficamente en Matanzas y La Habana.
Ambas situaciones no son casualidades ni casos aislados. Los cubanos parecen vivir en una atmósfera de miedo alimentada por las noticias de detenciones y citaciones policiales que publican los propios habitantes en las redes sociales y por los operativos de La Seguridad del Estado (servicio de seguridad cubano al que se le atribuye la infranqueable inteligencia que ha permitido sostener el sistema por décadas) que se repiten semana tras semana en las calles de La Habana, Camagüey o Santiago de Cuba. Solo en 2019, ocurrieron 7.995 arrestos arbitrarios, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
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Agresiones a los periodistas independientes @CamilaA12535358, @ilianahcuba, Abu Dujanah Tamayo y a las personas que pedían pacíficamente en La Habana la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara.#FreeLuisManuel #freeluisma pic.twitter.com/mL4T43sLQn— Cubanet 🇨🇺 (@CubanetNoticias) March 9, 2020
La información sobre los fondos que invierte el Gobierno en sostener sus estructuras de represión es de carácter clasificado. Como lo es la que tiene que ver con las cifras sobre suicidios, feminicidios, niveles de pobreza, de nutrición en la población o cualquier dato que ponga en cuestión la efectividad del sistema cubano.
El caso de Nancy Alfaya, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, también da cuenta de la ola represiva que parece estar creciendo en los últimos meses. Ella ha sido señalada como “Persona de Interés Policial” por el Estado después de ser interrogada y detenida arbitrariamente en varias ocasiones. Desde febrero de este año está bajo vigilancia durante nueve meses por tener “una mala conducta moral y social”, definición que no aparece en ningún texto oficial, pero que en la realidad significa que una patrulla estará rondando su casa y cada mes deberá visitar una Estación de Policía para firmar un documento. Además, el pánico de ser señalada como “Persona de Interés Policial” se extiende a la familia y a las amistades.
Los interrogatorios en las estaciones suelen venir acompañados de amenazas directas contra hijos, padres o parejas como ocurrió a finales de febrero a la reconocida periodista, Luz Escobar, quien también recibió una citación oficial y, una vez en la estación, sostuvo una conversación con los agentes del Estado en la que, según escribió Escobar en sus redes sociales, “el objetivo real fue ese: lleguemos a un acuerdo y así tus hijas y tu padre estarán a salvo”. Según la Asociación Pro Libertad de Prensa en Cuba, 234 periodistas han sido agredidos en los dos últimos años.
#Cuba El Ministerio del Interior me ha dejado esta tarde una “citación oficial” para mañana a las dos de la tarde en las oficinas de inmigración de 17yK. Aunque el papel no dice el día, el mensajero si lo aclaró. “Es para mañana”, fue su frase. @CaniveEloy @Cubalex2 pic.twitter.com/eu2LbIV1jP
— Luz_Cuba 🇨🇺 (@Luz_Cuba) February 25, 2020
Existe una estructura de vigilancia por parte de Estado que se extiende a la vida común en los barrios. Cualquier ciudadano puede ser llamado a “colaborar” con la Policía o con la Seguridad del Estado so pena de cárcel o de incriminación en delitos que no cometió. “No es que todos sean policías, sino que cualquiera puede dar información sobre ti”, dijo Olga Patricia, quien prefirió dar otro nombre para evitar ser reconocida en su barrio.
“Por hablar de más perdí la oportunidad de tener teléfono fijo en la casa”, y es que para acceder a algunos servicios como la telefonía o para obtener un nuevo trabajo, la persona debe pasar por un proceso de verificación en el que debe “estar limpio o caerle bien” al Presidente del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) en el barrio, al encargado de vigilancia del Comité o a cualquier otro miembro de la cuadra que pertenezca al Partido Comunista de Cuba. El historial de la persona es verificado con la rigurosidad propia de un sistema totalitario.
Los CDR son el núcleo de vigilancia que conecta la realidad de las calles de Cuba con el Ministerio del Interior (MININT), institución a la que pertenece el Departamento de la Seguridad del Estado (DSE). El jefe de sector es la figura clave en esta relación de organización de masas con las fuerzas militares.
El Comité de Defensa de la Revolución fue fundado en 1960 con el objetivo de “desempeñar tareas de vigilancia colectiva frente a la injerencia externa y los actos de desestabilización del sistema político”, según lo define, EcuRed, la enciclopedia oficial cubana. Los recientes casos de represión y detenciones a artistas, reporteros y activistas en La Isla son una muestra clara de que la misión de la Seguridad del Estado es suprimir o controlar cualquier manifestación y comportamiento que pudieran poner en peligro el sistema.
Este modelo ha sido exportado a otras realidades como a Nicaragua donde existen desde 2007 los Consejos del Poder Ciudadano, dirigidos por la vicepresidenta, Rosario Murillo; o a Venezuela con los Consejos Comunales, que funcionan en paralelo a las alcaldías y gobernaciones. Estas formas de control ciudadano en Cuba recuerdan, a su vez, otros modelos de espionaje más sofisticados como La Stasi, el órgano de inteligencia de la República Democrática Alemana que contaba con miles de agentes oficiales y extra-oficiales.
En Cuba, más de sesenta años de vigilancia y control estatal “ha creado una vocación tremenda en la gente por querer saberlo todo”, dijo Olga Patricia, quien además, está segura de tener información cotidiana de su barrio que en otro sistema podría ser irrelevante: sabe, por ejemplo, que la vecina de enfrente cuida niños sin pagar licencia; que la casa que colinda con su patio tiene un alquiler ilegal por horas; que su vecina de 15 años se prostituye y su madre lo sabe; tiene contadas las veces que otro vecino entra con el carro cargado de carne (comprar carne en Cuba es ilegal)… y aunque aseguró que no pretende compartir toda esa información, “tenerla siempre puede ser útil”. En la lógica de sobrevivencia en La Isla, esta expresión deja claro que la información puede convertirse en un activo tan preciado como el dinero.
“La red de espionaje que se teje a mi alrededor es a partir de los chantajes y las prebendas que brinda el sistema”, dijo, Luis Manuel Otero Alcántara, artista plástico que en 2019 sufrió quince arrestos y que el pasado primero de marzo fue detenido nuevamente cuando salía hacia la convocatoria de besatón LGTBI ante el Instituto Cubano de Radio y Televisión por la censura de una escena de la película Love, Simon en la que dos hombres se besan. Sobre la red de espionaje Otero también explicó que se genera a partir del mercado negro “porque este es un barrio donde se vende droga, mis vecinos juegan a la bolita, todo es ilegal, y el régimen sabe eso”.
Tanto Olga Patricia como Otero Alcántara coincidieron que entre las armas más peligrosas que tiene la seguridad del Estado están las “brigadas de respuesta rápida” surgidas en la década del noventa con personas reclutadas de centros de trabajo o de estudio bajo el pretexto de una invasión “yanqui” inminente. Hoy en día son utilizadas para responder de “forma no violenta” aunque en la práctica golpean, escupen, gritan y amenazan de muerte a opositores pacíficos.
“Entre las primeras cosas que me pasaron cuando llegué a San Isidro fue que enviaron un mensaje de texto colectivo que decía ‘Luis Manuel les va a poner malo el barrio. Cuídense` y eso provocó que se me acercaran algunos con buena voluntad, pero también para sembrarme temores. Cuando vivía en el Cerro no pasaban estas cosas porque allí nací, allí conocían a mi familia”, dijo para esta nota dos días antes de su arresto. El pasado viernes 13 de marzo, Otero fue liberado: “Soy consciente de que fueron unos días nada más, mientras que a José Daniel Ferrer (activista por los derechos humanos) le están pidiendo nueve años (…) Uno sale de ahí con grietas”. Una carta digital promovida por artistas cubanos alcanzó la semana pasada casi tres mil firmas exigiendo la libertad de Luis Manuel. En tiempos en que las redes sociales cobran más fuerza en Cuba, este tipo de manifestaciones se convierten en el único antídoto que pone los reflectores internacionales en la escalada represiva del Estado.
Camila Acosta, Claudia Gienlui, Yusdisley Ramírez, Yamilka Abascal, Nelva Ismarays Ortega, Aimara Nieto, Melquis Fauré, Yolanda Carmenate, Juana Castillo, Ariadna Álvarez, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, Bertha Soler y su esposo, Ángel Moya… El listado de “sujetos de atención”, como llama el Estado a personas en estricta vigilancia, es mucho más largo. Saben que no es necesario una citación oficial o un interrogatorio en una estación para percibir la atmósfera de miedo en Cuba. A veces, basta con una moto atravesada en el camino o una llamada desde un número desconocido para sentir el ambiente enrarecido y de terror en el que conviven buena parte de los isleños. La ola represiva parece no tener fin.
(Reportaje realizado en conjunto con la plataforma periodística Connectas)
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