LA HABANA, Cuba.- En la mañana de ayer, 30 de julio, cuando me disponía a viajar a Miami por razones personales, fui detenida en la Frontera por una agente de la DIIE (Dirección de Identidad, Inmigración y Extranjería) que me condujo hacia una oficina y luego de confirmar mis datos personales, rompió mi pase de abordar y me dijo: “No sé qué habrá pasado pero usted tiene prohibido salir del país”.
Es la segunda vez en apenas dos meses que tal medida me afecta. En mayo me prohibieron viajar a Canadá; los agentes que en aquella ocasión se ocuparon de romper mi pasaje y separarme de la fila como si fuera una criminal, obraron del mismo modo: nada sabían o tenían que ver con esa decisión, solo cumplían órdenes “de arriba”.
El personal de la DIIE obedece a la Seguridad del Estado e intenta librarse de toda culpa justificando su proceder como una obligación. Hasta cierto punto, quienes estamos del lado de acá podemos entender que si no lo hacen pierden su trabajo y el sustento de sus familias. Sin embargo, es inevitable preguntarse dónde están la línea moral y el sentido de justicia de personas que también sufren los rigores de un sistema disfuncional; pero no tienen reparos en acatar como autómatas los imperativos de un grupo de abusadores que arremete contra periodistas pacíficos.
En cualquier país democrático un ciudadano es detenido por Inmigración bajo sospecha de haber cometido algún crimen. En Cuba acosan, detienen y confinan a personas que denuncian problemas reales, revelando los matices menos agradables de una sociedad cada vez más distante del bien -moral y material- prometido.
Tales atropellos ocurren sin causa ni protección legal. Cuando me prohibieron viajar a Canadá, intenté buscar asesoría con abogados cubanos y todos desconocen -o fingen desconocer- la existencia de algún recurso para obligar al Ministerio del Interior a responder por la violación de un derecho cívico inherente a cada ser humano desde su nacimiento. Me enviaron a la Fiscalía Provincial y de allí al Consejo de Estado, a ver si “el de la puerta” podía “elevar mi queja como parte del sistema de atención a la ciudadanía”.
De acuerdo a la Constitución cubana solo puede prohibirse la salida del país a quien tenga causa judicial pendiente -que no es mi caso-, y sin una acusación, los abogados pretextan que no hay elementos para trabajar. No les inspira el noble propósito de defender por humanidad y convicción; ni la posibilidad de sentar un precedente que pudiera allanar el camino hacia una democracia participativa, donde se hagan valer todos los derechos de los individuos más allá del acceso a sistemas de Salud y Educación, gratuitos únicamente en apariencia.
Ejercer como reportero freelancer en Cuba es peor que ser un delincuente. Asesinos, ladrones, violadores, pederastas, corruptos, maltratadores de mujeres, malversadores… tienen derecho a un abogado. Ningún leguleyo evade la defensa de tanta lacra, sin embargo rehúyen las causas de los independientes por miedo a verse amenazados y caer en el falso descrédito de ser un “asalariado de la contrarrevolución”.
La presión sobre los periodistas ha aumentado sin consecuencias para los verdugos que todavía se permiten hablar de reformas a la Constitución; un proceso que no puede tener validez cuando existe un organismo represivo que actúa al margen o por encima de la ley, contra el principio martiano de pensar y hablar sin hipocresía.
Mientras todos los ojos observan la crisis en Nicaragua y la opinión internacional se deja embelesar por la escaramuza constitucional en Cuba, la Seguridad del Estado opera con absoluta impunidad ante cualquier destello de oposición, movimientos independientes y periodismo alternativo.
