LA HABANA, Cuba. – Clemente es un criador de cerdos de la provincia de Mayabeque. Su negocio es pequeño, pero desde hace tiempo mantiene un acuerdo con el Estado en el que este último prometiera proveer una parte del pienso que consumen los animales para luego comprarle más del 80 por ciento de la producción de carne, aunque a un precio que no ha sobrepasado ni en sus mejores momentos los 0.40 dólares la libra.
Clemente apenas se queda con unos 2500 dólares anuales, de los cuales debe invertir una parte en el pago a los demás campesinos que lo ayudan en las faenas de cría y sustentación, así como en otros menesteres de la finca donde buena parte de la producción de viandas se utiliza en ampliar el escaso suministro de alimentos que, desde hace unos dos años, se ha visto afectado pero aun así el Estado continúa pagando el mismo precio por la carne, algo imposible de comprender pero que a Clemente no le queda más remedio que aceptar, pues debe cumplir el acuerdo si desea conservar la finca, aunque su contraparte estatal no respete los compromisos, convirtiendo lo pautado en una especie de “chantaje legal”.
En consecuencia, Clemente no solo debe adquirir alimento animal en el mercado negro (dominado por las propias empresas estatales) a precios que pudieran elevar el precio de la carne de 0.40 a casi 1.10 dólares por libra sino que, en contubernio con los funcionarios del propio Ministerio de la Agricultura, debe inflar los reportes de entrega para alcanzar cumplir con los planes, además de vender “por la izquierda” parte de la producción tanto de cerdos como de viandas, si desea proveer a su familia de un nivel de vida “aceptable”, de acuerdo con los altísimos precios de los productos que se venden en la red de comercio estatal.
Así, Clemente es uno de los tantos productores de carne de cerdo que, con el tope de los precios decretado por algunos gobiernos locales, se encuentran en la disyuntiva entre vender con un irrisorio margen de ganancia o renunciar a su finca y probar suerte con otro trabajo.
De modo que este campesino, representativo de un sector ganadero “independiente” impedido de prosperar por una normativa que lo obliga a ser tan irrentable como lo han sido históricamente las empresas estatales, es una de las tantas víctimas de la cruzada del gobierno y de sus instituciones contra la iniciativa privada.
Bajo el pretexto del “injustificado incremento de los precios y la necesidad de toparlos” se ha echado mano a una medida populista que, como otras anteriores, tendrían como objetivo principal, primero, desviar la atención sobre las verdaderas causas de la crisis que atraviesa el país creando falsos culpables; y segundo, continuar con el exterminio de esa iniciativa privada que no solo fue “autorizada” de modo circunstancial para ocultar los despidos masivos como terapia de choque para saldar deudas financieras con acreedores extranjeros sino que, posteriormente, sirvió para generar una imagen de cambio en un momento de disminución de las tensiones con los Estados Unidos.
Si bien, por una parte, la idea del tope de precios a los productos es un intento por convertir en solventes los salarios recién modificados en el sector estatal presupuestado ‒mientras el sector productivo permanece sin beneficios‒, por la otra, es similar a ese “tiro de remate” que constituyó el llamado “experimento” en la transportación pública, que ni consiguió una mejoría ni tampoco un descenso de los precios del pasaje, aunque sí una estampida de choferes que decidieron entregar sus licencias como trabajadores “por cuenta propia”.
La prueba más categórica es que, habiendo reconocido el fracaso, que incluso condujo a una crisis del combustible automotor en la capital, el Ministerio de Transporte aún no ha dado marcha atrás a tales regulaciones que consiguieron elevar de 1 a 2 dólares (incluso 5 dólares en horarios pico y nocturnos) el tramo de recorrido desde el Vedado hasta el otro lado del túnel de la calle Línea, en La Habana, así como diversificar el mercado negro de piezas, combustible y de vacantes como choferes de taxis ruteros, quienes han pasado a engrosar la lista de “nuevos ricos” al estilo “socialismo a la cubana”.
De modo que, desde la perspectiva de quienes lo concibieron, el experimento no fue tan errado como se ha dicho, en tanto cumplió el objetivo de desmontar las nóminas del mercado negro anterior, creando otra nueva quizás mucho más compleja y profunda, aún por desentrañar, así como reducir la cantidad de “almendrones” que le hacían la competencia a las cooperativas estatales de transporte (entidades empresariales disfrazadas de privadas), así como a los taxis de servicio al turismo.
Una estrategia maquiavélica bien desleal por parte del gobierno y que está produciendo malestar y descontento creciente, con las consecuencias políticas que esto traerá en los años venideros cuando hasta los más ingenuos descubran de qué se trata todo.
Pero no solo en lo que se refiere a las ventas de alimentos y en los servicios de transporte se advierte esa clara ofensiva oficialista contra el sector privado.
En algunas empresas estatales donde estuvo permitida la contratación de servicios a trabajadores por cuenta propia, en las modalidades de albañilería, plomería, climatización, pintura de edificios y jardinería, entre otras, se les está exigiendo a las personas que ejercen sus oficios de modo individual que se afilien a cooperativas como condición indispensable para establecer las contrataciones, un modo de estigmatizar esas individualidades que alguien “por allá arriba” ‒como decimos en Cuba para evitar nombrar a los innombrables‒, ha declarado como “ingrediente peligroso” para esa construcción del socialismo de la cual aún nadie ha visto ni el primer ladrillo.
La aniquilación se está realizando en el preciso momento en que va quedando más que demostrada la superioridad, estabilidad, rentabilidad y capacidad de generar empleos y buenos salarios del sector privado frente a una empresa estatal eternamente muerta y resucitada.
Un desempeño ejemplar el de los cuentapropistas ‒de acuerdo con el entorno en que les ha tocado sobrevivir‒ que ha revelado así la sospechosa “utilidad” de una economía socialista de planificación centralizada. ¿Útil para quiénes?
He ahí una de las causas de que el sector privado haya sido declarado tan enemigo como cualquier otro “foco” de “peligrosa” independencia, y nada mejor para extinguirlo que promover una campaña de desprestigio y represión solapada que tenga la anuencia de algunos sectores de la población, sobre todo de aquellos cuyos ingresos dependen del sector estatal y no logran comprender por qué los salarios, por más que los aumenten, no alcanzan para vivir o por qué la moneda en que los reciben no tiene ningún valor real.
Mientras a los “tarimeros” se los obliga a bajar los precios de la carne de cerdo desde los dos dólares a poco menos de uno, las tiendas estatales continúan vendiendo medio kilo de picadillo de pollo por ese mismo precio o un kilo de res en más de diez o veinte veces el mismo valor.
Mientras se aplauden las batidas policiales contra carniceros, vianderos, carretilleros y productores agropecuarios independientes se ignora no solo que las redes de comercio estatales exhiben las baratijas más multadas en la historia de la economía sino, además, las graves consecuencias de topar unos precios que solo reflejan el verdadero estado de la situación y que, por tanto, a mediano y largo plazos terminará por dispararlos aún más en tanto es seguro que, como ocurre de manera cíclica, disminuirán las producciones y la variedad de ofertas, mientras la especulación continuará operando en un segundo plano a espaldas de inspectores y policías, como está ocurriendo ahora mismo con la venta de cervezas nacionales en los establecimientos gastronómicos, donde el dependiente te dice que no hay, pero el almacenero te “resuelve” a 2 dólares esa lata de Cristal o Bucanero que debía estar a un dólar, por decreto.
Aunque a algunos pudiera parecer que el tema de los precios topados, los experimentos fallidos en el transporte y la cooperativización (como un modo disfrazado de estatalización) son asuntos inconexos, ajenos a otros como la ofensiva contra el arte o el periodismo independientes, la realidad es que todos tendrían su verdadera razón de ser en la voluntad de aniquilar cualquier expresión de individualidad o de iniciativa personal como estrategia de dominio por la fuerza del único partido político permitido que, por mucho que lo repitan, no es expresión de unidad nacional sino más bien de disenso y segregación, en tanto no admite la natural diversidad de pensamiento del ser humano.
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