Cuba, el país donde se persigue al que trabaja

LA HABANA, Cuba.- Boris Luis tiene 23 años, es de Las Tunas y maneja un bicitaxi en La Habana. Sale a trabajar cada día cerca de las nueve de la noche y regresa a su casa sobre las dos o tres de la madrugada. Es un horario difícil y arriesgado, pero al joven no le queda de otra pues durante el día la policía no lo deja vivir. En cuatro meses le han impuesto dos multas de 700 pesos y una de 1500 por manejar sin licencia operativa, documento que no puede obtener por no residir en La Habana.

Su caso es similar al de Yamil Suárez, joven nacido en la capital que maneja su bici a expensas de ser detenido por la policía que circula en las llamadas “motorinas eléctricas”, financiadas por el Estado con el fin de controlar a los conductores de ciclomotores y bicitaxis que no poseen licencia.

El problema con esta variante del cuentapropismo ha sido muy mal atendido por las autoridades. Desde que el año pasado se extremaran las medidas de control estatal, un número considerable de bicitaxis han sido decomisados o descontinuados, pues no siempre coinciden el concepto de propietario y chofer, y el Estado ha decidido no renovar ni conceder nuevas licencias al sector privado.

Para jóvenes como Boris y Yamil la situación es harto delicada porque deben pagar el alquiler de la bici que manejan —hecho que los obliga a trabajar a diario— y no tienen amparo legal que los proteja del acoso policial. En cualquier entrecalle aparecen los odiados ciclomotores de la PNR para imponer multas abusivas o medidas de mayor severidad.

Cuando algún vehículo es detenido, un oficial lo escolta hasta la unidad policial más próxima donde se le aplica la multa, pues se ha estipulado que los policías no lleven el talonario consigo para evitar que acepten sobornos. En ese proceso los apercibidos pierden clientes, tiempo y dinero, sea pagando la penalidad o sobornando a cualquiera en la estación de policía; una variante menos dolorosa para los que pedalean La Habana bajo un sol asesino, urgidos por la obligación de pagar diariamente entre 3 y 5 CUC por concepto de alquiler del medio con que ganan su sustento.

El gobierno no halla solución a un problema agravado por la ineficacia del sistema y la corrupción de la Policía Nacional Revolucionaria, que opera dentro de un amplio margen de irregularidades, abusando de su autoridad. Mientras la ley establece que se debe imponer una sola penalidad —multa, arresto o decomiso del bicitaxi o ciclomotor— según la magnitud de la infracción, se han dado casos en que a un mismo sujeto se le ha impuesto multa, calabozo y ocupación del vehículo que meses después los propios policías venden o arrendan; incluso los envían a las provincias orientales para explotarlos con mayor seguridad.

Gracias a la parálisis infligida a los cuentapropistas, jóvenes como Yamil no pueden comprar su propia bici y solicitar la licencia operativa, ni obtener permiso de ayudante para trabajar la bici de otro. Continúan expuestos a una suerte de capitalismo callejero en el cual los medios de producción pertenecen a un individuo que no paga impuestos y pone en manos de sus arrendatarios cualquier responsabilidad relacionada con el vehículo, desde el pago de las multas hasta los gastos de mantenimiento.

En el caso de Boris Luis habría que agregar el riesgo de trabajar de madrugada, a merced de asaltantes dispuestos a complicarle la vida por unos centavos. “Cuando trabajas de noche no puedes escoger a los clientes porque entonces no da negocio, te tienes que arriesgar y llevar a cualquiera (…) dos veces se han negado a pagarme al final de la carrera y para evitar un problema lo he dejado así (…) ahora pido el dinero por adelantado…”

El hecho de que ambos jóvenes deban atravesar tantas tribulaciones para poder trabajar, es un indicador de hasta qué punto el Estado cubano es incapaz de promover un control eficiente. No hay razón para que ciudadanos que aspiran a ganar el sustento literalmente con el sudor de su frente, tengan que hacerlo a hurtadillas, con temor a ser detenidos como si fueran criminales.

Cuba se ha convertido en un país donde la gente es perseguida por trabajar. Irónicamente, en la misma esquina donde aguardan los policías se reúnen vagos y delincuentes de diversa calaña que observan cómo acosan al ciudadano laborioso mientras ellos viven del “invento” a la vista de todos. La lección que de este dilema se desprende es amoral, angustiante y cínica.

Con estas prácticas absurdas el gobierno convence a muchachos como Boris y Yamil de que el camino más seguro es el de la ilegalidad. Ese hábito maldito de decir siempre que no, de imponer regulaciones que nadie cumple y tomar decisiones radicales e injustas sin observar las posibles repercusiones, provoca que desde la mocedad buena parte de los cubanos conozca cómo funciona la corrupción, cuánto hay que pagar y a quién, para que no haya complicaciones.