GUANTÁNAMO, Cuba.- La historia de los países mal llamados socialistas es también la de la violación de elementales derechos humanos.
Quien haya leído algo sobre esos países y el desempeño de sus partidos comunistas sabe que el mayor daño al socialismo no lo hicieron los capitalistas sino quienes en nombre del pueblo instauraron feroces dictaduras donde todo giró alrededor de la voluntad de sus líderes.
Cuando los escenarios del montaje supuestamente socialista se desplomaron estrepitosamente, lejos de asimilar la experiencia y ahorrarle innumerables sufrimientos al pueblo, Fidel Castro dijo que era preferible que Cuba se hundiera en el mar antes que renunciar al socialismo. En su delirio ególatra nunca preguntó al pueblo su opinión, ni le interesó la suerte de los millones de cubanos que muy pronto sufrieron los efectos del hambre, o comenzaron a padecer y a morir de múltiples enfermedades, algunas de ellas jamás vistas. Igual suerte corrieron miles de presos confinados en el gulag cubano, quienes recibían como única comida diaria un compuesto de cereales llamado “chorote” o un cocimiento de vegetales a las 4 p.m. Caían como moscas pero sus muertes fueron certificadas como infartos.
Más de quince años después del comienzo del “período especial en tiempos de paz” —eufemismo usado para nombrar a la crisis más nefasta y prolongada que ha sufrido el pueblo cubano— el comandante en jefe del hundimiento nacional declararía a un periodista extranjero que el sistema implantado por él no funcionaba; ahora, veintiocho años después del inicio de aquélla década, los comunistas se nos aparecen proponiendo un proyecto de constitución con presuntos afeites democráticos.
Según lo publicado por la prensa oficialista sobre el proyecto de nueva Constitución en este aparece la novedad de calificar al Estado cubano como un estado socialista de derecho, pero… ¿cómo podrá serlo sin la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial?
Un suplemento informativo publicado por el periódico Granma el pasado lunes 23 de julio, asegura en su página 5 que esa definición “reafirma el principio de supremacía constitucional, el imperio de la ley y refuerza la institucionalidad socialista”, algo contradictorio si tenemos en cuenta que el proyecto también establece que el Partido Comunista se mantendrá como la fuerza superior de la sociedad y el Estado. Contradictorio porque si esta Constitución pretende ser democrática, ese ideal se constriñe al imponerse a toda la sociedad, por encima de otras corrientes de pensamiento, la ideología de una sola agrupación política que, además, ocupa ese lugar sin que el pueblo jamás haya votado por ella en unas elecciones libres y multipartidistas. Porque si el Partido comunista “es la fuerza rectora superior de la sociedad” –como afirman los mandantes castristas y repiten sus serviles-¿qué papel tiene la Constitución? No puede ser democrática una Carta Magna donde el pueblo —principal ejecutor de la soberanía nacional— no puede pronunciarse sobre la imposición de ese partido a toda la sociedad.
Sobre tal presupuesto descansa la negativa de los castristas a declarar que en Cuba está proscripta la discriminación política y a reconocerlo así en la nueva Carta Magna. Si lo hacen estarían obligados a hacer una apertura realmente democrática, porque en Cuba los derechos son para quienes se someten y apoyan, no para los que disienten, precisamente por la reiterada discriminación política ejecutada por el Partido, el Estado, el gobierno y la manipulable sociedad cubana.
Aún en los estrechos marcos de una Constitución como la que pretenden imponernos, una muestra de la voluntad política para hacer cumplir esos menguados derechos sería la creación de Tribunales de Garantías Constitucionales verdaderamente independientes del poder, formados por jueces elegidos de forma libre y secreta por el pueblo para ejercer su labor mientras vivan, y la introducción de la figura del defensor del pueblo en cada municipio, elegido mediante una votación semejante que pase por el tamiz de aceptar como postulantes a todos los que deseen presentarse para ocupar ese cargo sin más limitaciones que ser conocedores del Derecho y buenos ciudadanos. Incluso, podría establecerse un mecanismo para que fuese el pueblo el que pagase su salario. Pero de eso nada se ha dicho.
Llama mucho la atención que sólo ahora, después de que Fidel Castro y su hermano han ejercido un férreo control sobre el Partido, el Estado y el gobierno, se anuncie la novedad de que ya ese inmenso poder no va a ser ejercido por una sola persona, lo cual ofrece varias lecturas suspicaces.
Se eliminarán también las asambleas provinciales del poder popular y se establecerá un gobierno provincial presidido por un gobernador y un consejo, lo cual indica que deberá ser modificada la ley electoral, pero también deberán modificarse o promulgarse otras leyes de rango superior para garantizar el ejercicio de los derechos incorporados.
Habrá que verlo pues en los cuarenta y dos años de vigencia de la Constitución estalinista de 1976 los castristas jamás promulgaron las leyes complementarias que necesitó, por eso se convirtió en letra muerta. Justificaciones siempre tendrán para no abrir resquicios al ejercicio de las libertades civiles y políticas, algo que jamás alcanzará plenitud con la imposición de un partido sobre toda la sociedad.
Y mientras los mandantes y sus testaferros se emborrachan con la nueva cantaleta de que son demócratas y que nuestro país es un estado de derecho, continúan las detenciones ilegales y el robo de los bienes a los opositores pacíficos y periodistas independientes, así como la permanencia en prisión de decenas de cubanos que fueron sancionados por luchar por la aplicación de algunos de los derechos civiles y políticos presentes en el proyecto de nueva constitución y otros recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos refrendada por el gobierno cubano, el mismo que la viola con una impunidad despampanante.
Hay quienes están esperanzados y quisiera que sus esperanzas se cumplieran. Pero la historia del castrismo enseña que todo no es más que otra puesta en escena en busca de apoyo político internacional.