LA HABANA, Cuba. – El hotel de 1ra. y D, que algunos han comenzado a nombrar con ironía como “las torres gemelas” de La Habana, está a punto de ser terminado. Cada bloque cuenta con 27 pisos que en conjunto albergan poco más de 600 habitaciones, centros comerciales, restaurantes, gimnasios, salones de conferencias y piscinas, más una extensa área circular para parqueo de varios niveles.
De acuerdo con información reciente, ofrecida a CubaNet por funcionarios vinculados a la inmobiliaria Almest S.A., encargada de la obra, la megaestructura ha superado ampliamente los 80 millones de dólares planificados al inicio pero. Aun así, los camiones con obreros y materiales de construcción continuaron llegando sin interrupción a la zona, en medio de la pandemia de coronavirus.
El ruido, las vibraciones de las máquinas y el polvo levantado han convertido en un infierno la vida de los vecinos del lugar, muchos confinados en casas y cuarterías que, a la vista, revelan graves problemas estructurales. Incluso algunas que suman décadas de abandono se encuentran en peligro de derrumbe, debido a lo difícil y costoso que resulta en Cuba emprender de manera individual la más insignificante acción de reparación, aún más en una zona tan próxima al mar y donde las inundaciones son frecuentes.
Pero las empresas constructoras militares involucradas en la inversión no hacen caso a las quejas por molestias ni se comprometen a, después de concluido el hotel, ayudar con el mejoramiento del entorno y facilitar las reparaciones de viviendas. Y en cuanto a las amenazas de las inundaciones, estas no han sido un obstáculo para proseguir porque, al igual que con el Packard —el hotel 5 estrellas plus de la empresa española Iberostar— y el ultra lujoso Paseo del Prado, de la francesa Accor —ambos construidos en áreas de inundaciones—, el nuevo súper hotel, realizado totalmente con financiamiento del Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas (GAESA), contará con un moderno sistema de drenaje que lo pondrá a resguardo de las aguas, aunque el peligro continuará para las construcciones circundantes.
Según advierten varios de sus proyectistas, además de especialistas del Instituto de Planificación Física (IPF), de la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana, del Centro de Investigaciones Hidráulicas de la CUJAE, y de otros organismos estatales relacionados con el tema de las inundaciones en las áreas cercanas al Malecón habanero, con los que hemos podido conversar, la nueva estructura, al haber sido emplazada en una zona donde tradicionalmente se acumulan las aguas, provocará que los volúmenes que anteriormente anegaban el lugar se desplacen hacia otros sitios aledaños, causando mayores estragos en viviendas ya de por sí dañadas debido a la recurrencia del fenómeno.
“La ubicación de la estructura, en un área de inundaciones, ha complejizado las obras elevando el costo. El problema no se iba a solucionar con un sistema tradicional de drenaje y bombeo de aguas; la solución de un sistema de parqueo elevado y no soterrado. Además del desplazamiento hacia niveles superiores del área de calderas, almacenes y servicios, ha habido cambios en el proyecto original, también se han tenido que importar tecnologías más costosas para mantener el edificio a salvo de las inundaciones, sin que deje de estar operativo, además de proteger los equipos de los efectos del salitre. Ha sido una obra quizás tan compleja como la Torre K”, afirma uno de los inversionistas bajo condición de anonimato, ya que a todos los trabajadores y funcionarios les está prohibido hablar con la prensa, en especial con los medios independientes, una condición explícita en sus contratos de trabajo.
Detalles sobre el monto real y actualizado de la inversión, así como la fecha exacta de la inauguración no han trascendido de manera oficial, pero varios trabajadores de la obra han coincidido en señalar la conclusión de las labores constructivas para el verano de 2021, así como un gasto total que sobrepasa los 90 millones de dólares. Se trata de una suma que, aunque superior a la prevista, pudiera considerarse como “insignificante”, comparada con los más de 150 millones de dólares que costará a GAESA la construcción de la llamada “Torre K” o “Torre López-Calleja” —como le dicen irónicamente— el edificio más alto de Cuba, en plena Rampa habanera.
“No sé de una cifra exacta pero cuando concluya la obra sin dudas estará sobrepasando los 90 millones de dólares, sobre los 10 millones, quizás un poco más, de lo que se previó, y ese sobregiro está asociado al problema de las inundaciones pero también con la climatización. Es un edificio hermético, las máquinas que se han adquirido son mucho más costosas, consumirán menos energía pero la tecnología es más cara”, informa el mismo funcionario.
Además de lo anterior, de acuerdo con declaraciones de Manuel Rodríguez, director adjunto del proyecto, en la obra se están usando “tecnologías novedosas” que les han permitido ir subiendo la estructura del núcleo y los elementos horizontales “a un ritmo acelerado de un piso cada cinco días”, técnicas que los han ayudado a cumplir con el cronograma de entrega en solo dos años.
En la misma cuadra, a solo unos metros
A pocos metros de las obras, en la misma calle, la restauración del teatro Amadeo Roldán parece no avanzar, a pesar de que comenzó en 2016, dos años antes de que colocaran la primera piedra del hotel de 1ra. y D, en 2018.
En mayo de 2010, después de un concierto de Chucho Valdés, el auditorio cerró definitivamente sus puertas para quedar en total abandono durante más de cinco años, a la espera de los 20 millones de dólares necesarios para la reanimación del edificio, emblemático de la cultura nacional, pero que, en los ambiciosos planes inversionistas de los empresarios militares, calculados en más de 800 millones de dólares tan solo en 2019, no ocupa lugar alguno, tanto así que la fecha de su inauguración se ha previsto para algún momento de 2022, un año más tarde que las “torres gemelas” (aunque según la opinión de varios funcionarios del Instituto Cubano de la Música y del propio Ministerio de Cultura, las obras pudieran concluir más allá del 2023).
“No solo faltan materiales sino que muchos de los que hay son de mala calidad, no son los que se necesitan para una obra como esta, no se puede usar cualquier material, hay normas específicas; se trata de la restauración de un edificio de valor patrimonial. También está el problema con la mano de obra, que es inestable por los bajos salarios y muy poco especializada”, afirma Kenia Hernández, una de las ingenieras encargadas del proyecto desde 2016.
“Interrupciones, meses enteros sin avanzar ni un milímetro, por aquí han pasado 1.500 albañiles e igual todo el mundo termina yéndose porque ni se ve el trabajo y se cobra una miseria. Un obrero cualquiera allí mismo (en 1ra. y D) se va con 3.000 y hasta 4.000 pesos mensuales (sobre los 100 dólares al cambio actual) mientras que uno, que está al frente de una obra patrimonial, porque esto es histórico, no le pagan nada”, señala Jesús, albañil de la obra.
Aunque el Amadeo Roldán fue objeto de restauración general a finales de la década de los años 90 del siglo pasado, la mala calidad del trabajo unida a la posterior falta de mantenimiento sistemático, su cercanía al mar y el abandono institucional, contribuyeron a que en apenas 20 años el teatro fuese declarado en peligro de desplome.
“Es una zona de mucha humedad donde el mar cuando dice a entrar llega hasta la calle Línea, además del salitre constante. Por aquí no hay una sola casa que no tenga señales de humedad, las paredes abofadas, los techos explotados con las vigas a la vista. Con el teatro pasa igual, el salitre se lo ha ido comiendo poco a poco. Hay paredes que se desmoronan con la uña. Pueden entregarlo en el 2022 o cuando se les ocurra pero en un par de años tendrán que cerrarlo de nuevo”, advierte Luis A. Carrasco, especialista en restauración de la Oficina del Historiador de La Habana, también involucrada en el proyecto. Y agrega:
“Nosotros (se refiere a la Oficina del Historiador) estamos trabajando pero como asesores del proyecto. Los recursos son totalmente del Ministerio de Cultura y eso no es suficiente. Debería haber una ley que obligue a las empresas constructoras del turismo a aportar aunque sea un cinco, un diez por ciento, lo que sea, de sus presupuestos millonarios para las obras patrimoniales que tienen en el entorno, también a viviendas. Creo que es muy feo un hotel de lujo y, al lado, un montón de casas y edificios que se están cayendo y matando gente”.
Pero todo parece indicar que no existe ningún tipo de convenio entre las empresas constructoras del hotel de 1ra. y D y el gobierno local para emprender las reparaciones ni siquiera de las viviendas más próximas o al menos de instalaciones de salud como la farmacia que hace esquina en Línea y D, en estado deplorable, y que lleva meses esperando por ser rehabilitada.
Aunque en julio de 2012 se aprobó la Ley 113 del Sistema Tributario, que establece las pautas generales para la contribución territorial de las empresas estatales con la finalidad del desarrollo local, los negocios militares quedan exonerados de este tipo de impuestos.
Muy similar a lo que sucede en otros municipios céntricos de la capital, cuyas parcelas son de interés para el turismo, también en el Vedado, quienes habitan en edificaciones en mal estado, no dudan en sospechar que el abandono que sufren no es casual y que formaría parte de la misma estrategia de desplazamiento aplicada en La Habana Vieja, ya que la ayuda que constantemente han solicitado a las instituciones que atienden la vivienda o no es suficiente o jamás ha llegado.
“Aquí hay gente reclamando ayuda desde hace más de diez años, y lo que te dicen es albergue, albergue, albergue. Yo no quiero mudarme de aquí, yo quiero reparar, con mi esfuerzo, pero que me vendan los materiales, que mira como hay”, dice Dinorah, una vecina de un edificio multifamiliar de la calle D, a solo un par de metros de donde se alza el nuevo hotel.
“Es como si estuvieran esperando a que poco a poco esto vaya desapareciendo, que el mar vaya haciendo lo suyo, para después venir y construir otro hotel, porque casas ellos no hacen, solo hay dinero para hoteles y hoteles, como si aquí vinieran tantos turistas”, responde Celia, otra vecina del mismo lugar.
“Camiones de materiales, las 24 horas, y entonces cuando vas a comprar un cubito de cemento te dicen que no hay, que está en falta, y si te cogen comprando por ahí, te lo decomisan, te quieren meter preso. Oye, que se me va a caer el techo arriba, pero lo que quieren es eso, para quedarse con el terreno sin pagar un peso”, denuncia otro vecino.
Porque resulta muy barato construir en Cuba
De los millones de dólares empleados en el hotel de 1ra. y D, probablemente no lleguen ni a los 3 millones los gastos totales por concepto de pago de salario a los trabajadores.
No hay datos públicos, accesibles, sobre las contrataciones de las empresas militares pero de los pocos documentos a los que se puede acceder de manera indirecta, así como de las entrevistas realizadas a varios trabajadores, se puede intuir que en general los salarios son muy bajos. Más cuando no se efectúan en moneda fuerte sino en pesos cubanos, y aun cuando, según aflora de manera reiterada en las entrevistas realizadas para este reportaje, en los contratos y en las nóminas firmados por los trabajadores las cifras son expresadas en pesos convertibles (CUC) y no en pesos cubanos (CUP).
También de las notas de ofertas de empleo publicadas por Almest S.A. en el diario Tribuna de La Habana tanto en 2018 como en 2019, podemos hacernos una idea sobre las cuantías del resto de los pagos, que en ningún caso sobrepasan los 150 dólares mensuales (incluidos los pagos por resultados) y que son realizados exclusivamente en pesos cubanos no convertibles (CUP), tal como indica el documento regulatorio de las relaciones de las empresas de GAESA vinculadas con el proceso inversionista para el desarrollo turístico.
En la disposición, firmada en 2006 por el entonces viceministro de las FAR Julio Casas Regueiro, se establecía que todos los pagos internos entre las empresas se debían realizar en CUP y no en CUC o cualquier otro tipo de divisas, lo cual se hace extensivo a los salarios.
Tales regulaciones no solo involucran a empresas del Ejército como la Unidad de Construcciones Militares (UCM), Almest S.A. o Tecnotex, sino a otras como la francesa Bouygues Batiment International que, para tales fines, debió crear en 2016 una división especial en Cuba (Bouygues Construcciones Cuba S.A.) que se rige por las normas pactadas con GAESA, al igual que lo hacen las demás empresas constructoras y de montaje que operan en Cuba, además obligadas por el Decreto 327 del 2014, del Consejo de Ministros, donde se le otorga a los militares el dominio total del sector.
En el hotel de 1ra. y D laboran entre 200 y 300 personas diariamente, incluidos los fines de semana, en turnos que en ocasiones sobrepasan más de 12 horas de trabajo continuo, a pesar de que los contratos estipulan seis días laborables con jornadas de ocho horas, más una hora o media de almuerzo o merienda, en dependencia de los turnos.
“Cuando uno llega te dicen que se trabaja una semana en el turno de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y otra semana de 4:00 de la tarde a 1:00 de la madrugada pero en realidad nada de eso se cumple”, afirma una ingeniera que no desea revelar su identidad por temor a perder el empleo.
“Hay días que te pueden dar las 8:00 de la noche, las 9:00. Hay pago por resultados, no por horas extras, pero ahí está la trampa porque puedes estar 12 horas matándote y no hubo cumplimiento del plan porque algo pasó, se rompió una grúa, faltó el agua, algo que sucede con frecuencia, o está lloviendo y no se puede fundir, entonces son horas que no te van a pagar. Aquí la ventaja es que ganas un poco más que si trabajaras para otra empresa, que tienes transporte asegurado, que a veces te dan estímulos, un hotel, una jaba con aseo y comida, pero el salario es nada cuando lo comparas con lo que gana un ingeniero en Panamá, en Dominicana; es un abuso total”.
El salario de un ingeniero o de un inversionista de Almest S.A. raras veces sobrepasa los 3.000 pesos mensuales, el equivalente a unos 100 USD de acuerdo con la tasa actual en el mercado informal. El pago a un obrero simple es aún mucho más bajo, lo cual provoca inestabilidad en la masa laboral, por lo que a menudo la empresa debe acudir al uso de soldados, un recurso que resulta mucho más económico que contratar a un trabajador civil.
“Son soldados que están pasando el Servicio Militar. Se les paga pero menos que a un civil”, asegura una funcionaria de Recursos Humanos de la UCM consultada al respecto por CubaNet, y además agrega:
“Solo se contrata mano de obra calificada cuando son albañiles, electricistas, soldadores, operarios. Para las demás plazas se buscan soldados. La diferencia es inmensa. A un soldado se le paga como máximo entre 300 y 400 pesos (entre unos 12 y 16 dólares mensuales al cambio oficial actual); a un civil hay que pagarle como cuatro veces más, también en pesos. Por ejemplo, un ayudante de electricista cobra 1.000 pesos (mensuales), a veces 1.200, mientras que a un soldado se le pagan 200, 300 pesos. Nosotros siempre pagamos en pesos cubanos, en el caso de los trabajadores indios eso es de Bouygues, no lo paga Almest ni la UCM porque no se puede. Eso es un convenio aparte de Bouygues, aunque autorizado por el GAE (GAESA)”, explica la funcionaria.
De acuerdo con la información contrastada de diversas fuentes vinculadas a GAESA, todas las empresas subordinadas al Sistema Empresarial de las Fuerzas Armadas dependen de la propia empleadora, que les suministra la fuerza de trabajo, incluso a los empresarios extranjeros que operan en sus instalaciones bajo contrato de administración. A estos se los obliga a pagar los salarios en dólares, pero siempre a través del Banco Financiero Internacional —en manos de los militares— y de la empleadora, que funciona como intermediaria entre la empresa extranjera y los trabajadores, a los que se les termina pagando en moneda nacional, bajo una tasa de cambio artificial de 1 dólar por 1 peso cubano, además de la obligatoria retención de un 10 por ciento del total devengado, por concepto de comisión de servicio de Gaviota S.A.
Mientras en el mundo, construir y acondicionar una habitación de un hotel cinco estrellas pudiera costar a los inversionistas unos 300.000 dólares, de acuerdo con las cifras de gastos de inversión admitidas públicamente por el Ministerio de Turismo (MINTUR), en Cuba los gastos se reducen a menos de la mitad, probablemente, en gran medida, por los bajísimos salarios que pagan las empresas constructoras, todas en manos de los militares, pero, además, por la exoneración de todo tipo de impuestos, incluidos los de explotación y apropiación de parcelas para la construcción de instalaciones destinadas al turismo.
GAESA se propone construir 7.500 habitaciones tan solo en la capital cubana para el 2025, a pesar de que organismos internacionales como la CEPAL pronostican un notable decrecimiento para las economías de la región, en especial para las naciones que viven del turismo.
Según lo publicado en la prensa oficialista durante los años 2018 y 2019, así como en los informes elaborados por el MINTUR y presentados ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en ese mismo período de tiempo, el Grupo de Turismo Gaviota y la inmobiliaria Almest S.A. se involucrarán en más de 120 proyectos con un costo total declarado de unos 13.000 millones de dólares, de modo que cerca del 70 por ciento de las inversiones proyectadas en la Isla serán asumidas por GAESA, que para el 2030 pretende gestionar unas 92.000 habitaciones en toda Cuba.
En estos meses de pandemia, en que miles de empresas estatales y privadas fueron cerradas, en que los comercios, ya de por sí desabastecidos, se transformaron en meros puntos de venta de mercancías reguladas, la construcción de edificios como el del hotel de 1ra. y D no se detuvo ni por un segundo.
Como contraste, los planes de viviendas se estancaron o se incumplieron entre promesas y traspaso indirecto de culpas a las víctimas, al adjudicar los fracasos a malas gestiones de los gobiernos locales, cuando en la práctica es sabido que ninguno cuenta con poder de decisión, y los recursos de los cuales pudieran disponer son administrados desde el poder central, aunque en las disposiciones y leyes dictadas al respecto se afirme lo contrario.
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