LA HABANA, Cuba. – La flexibilización de las normas para importar alimentos anunciada por el Gobierno cubano este lunes, las restricciones eléctricas en La Habana y las nuevas condiciones laborales en los centros estatales denotan la carencia de opciones para afrontar el colapso de la economía mientras proliferan las protestas ciudadanas y no aparece nuevos mesías ni prestamistas, la deuda externa se acumula y los empresarios extranjeros establecidos en la Isla tienen retenidos sus dineros.
El titular de la nota sobre el inicio de los apagones como “gesto de solidaridad de La Habana para Cuba” fue el mayor error político en el período de “continuidad”. La capital había sido beneficiada fundamentalmente para no enfadar a sus dos millones de habitantes y mantenerse como una vitrina para el exterior.
Las enardecidas muestras de disgusto en todo el archipiélago ocasionaron el cambio del enunciado por otro: “actuar con mayor responsabilidad para contribuir a los esfuerzos del país”. Resultaron ultrajantes las cuatro horas cada tres días de apagón impuestas a los capitalinos, mientras que a los demás cubanos se imponían 10-12 horas diarias de cortes eléctricos.
En el último mes las protestas han proliferado, como la sucedida en el barrio de Altamira, en Santiago de Cuba, a donde la gobernadora Beatriz Johnson asistió a dialogar para calmar a los manifestantes. Los activistas de derechos humanos y periodistas independientes habían sido reprimidos antes y después del 11 de julio de 2022 para que no se conmemorara el primer aniversario del 11J, pero los dirigentes del Partido Comunista y el Gobierno han provocado unas consecuencias que no pueden achacar a la llamada “contrarrevolución” ni a Estados Unidos.
La flexibilización de las normas para las importaciones no comerciales de personas naturales fue publicada como parte de las 75 medidas anunciadas “para hacer avanzar la economía” por el vicepresidente Alejandro Gil, en la reunión de la Asamblea Nacional del pasado 21 de julio. Se trata de las nuevas tarifas arancelarias para quienes reciban envíos aéreos, marítimos, postales y de mensajería sin carácter comercial, así como de las importaciones no comerciales que realizan las personas naturales. Además de las modificaciones de peso y pago, se ampliaron los rubros y cantidades de artículos del hogar, equipos electrodomésticos, de informática, celulares, instrumentos musicales, mobiliarios, vehículos automotores y partes y piezas, ciclomotores, bicicletas, patinetas eléctricas o similares y otros.
La normalización de la generación eléctrica demorará por tiempo indefinido. La vida útil de las termoeléctricas es de 30-35 años de explotación, mientras las cubanas tienen 30-40 años y los mantenimientos capitales han sido pospuestos por más de 10 años. Esto significa que cuando se construían los hoteles que no serán ocupados por la caída del turismo no se hacían las inversiones en esa importante rama con incidencia en toda la economía, como tampoco se realizaron en las obsoletas industrias de producciones vitales o complementarias a otras ramas.
El gobernante Miguel Díaz-Canel explicó que se habían encontrado tipos de negocios que en poco tiempo garantizarían tecnología para la generación eléctrica, y había otras negociaciones para inversiones, como fuentes de energía renovable, pero “no hay soluciones inmediatas”, según reportó el diario estatal Granma el pasado 23 de julio.
Los cientos de medidas para incentivar la producción agrícola y las empresas estatales, con el fin de abastecer el mercado interno, sustituir importaciones y exportar han fracasado. Las donaciones se atenuaron pasado el impacto de la pandemia de COVID-19, y la venta de los servicios médicos y el turismo están al mínimo sin esperanzas de auge a corto plazo. Los intercambios de delegaciones de alto nivel entre Cuba y Venezuela procuran reverdecer los acuerdos bilaterales suscritos por Fidel Castro y Hugo Chávez a partir del año 2000, pero el canje de médicos por petróleo ya quedó atrás.
La absoluta crisis política, económica y social que padece Cuba impone la apertura y coloca a los militares nacidos después de 1959, muchos de ellos con experiencias como neo-empresarios capitalistas, en la disyuntiva de reprimir o facilitar los cambios.
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