MIAMI.- Muchos cubanos, en la isla y la diáspora, quizás no se hayan dado cuenta de un significativo asunto que forma parte del engendro que será sometido a consulta en el “referéndum constitucional” del 24 de febrero del 2019.
En la Constitución aprobada en 1976 y las modificaciones constitucionales posteriores planteaban: “El Estado reconoce la propiedad de las organizaciones políticas, sociales y de masas sobre bienes destinados al cumplimiento de sus fines”.
La actual propuesta se refiere a “la propiedad de organizaciones políticas, de masas, sociales y de otras entidades de la sociedad civil cubana”.
En la definición que esgrimen los apologistas de la “nueva” constitución, esta forma de propiedad, como queda definida ahora, sería “una forma específica de propiedad sobre determinados medios de producción que está representada por entidades que producen bienes y servicios cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la sociedad, cumpliendo con fines principalmente de interés público”.
Así, con unas palabras se le da carácter de “sociedad civil”, que por definición es algo completamente ajena a un gobierno, a todas las organizaciones subordinadas al Partido Comunista y que trabajan en función de los intereses de ese partido, para presentarlas ante el mundo y las instituciones extranjeras e internacionales no solamente como legítimas y respetables Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sino también como entidades independientes del tutelaje del Partido Comunista.
Sin embargo, los apologistas y “esclarecedores” del tema, entre los que se incluyen periodistas y profesores de escuelas del partido comunista, “olvidan” lo fundamental de este punto, que es la referencia a una “sociedad civil” cubana, naturalmente, oficialista y castrada, no la verdadera.
Así presentó el régimen esa “sociedad civil” oficialista en la Cumbre de Las Américas celebrada el pasado abril en Lima, Perú, y anteriormente en la de Panamá, donde se pretendía no solo legitimar intolerantes e ignorantes jenízaros, sino a la vez excluir a verdaderos representantes de la sociedad civil cubana ajenos a la dictadura, acusándolos de “mercenarios”, “vendepatrias” y de todas las lindezas que acostumbra utilizar el gobierno frente a sus adversarios, pues para La Habana son valores incompatibles la oposición a la dictadura y la decencia.
Los apologistas del neocastrismo decadente añaden que esa forma de propiedad “abarca los medios de producción patrimonio de instituciones y de formas asociativas legalmente reconocidas, como asociaciones, fundaciones, organizaciones sociales, instituciones religiosas y cualquier otra de similar naturaleza, que pueden recibir apoyo estatal u otros, en interés del avance y bienestar del país”.
En ese bulto caerían UJC, CDR, Federación de Mujeres, sindicatos, pioneros, FEU y FEEM, Agricultores Pequeños, Unión de Escritores y Artistas, de Periodistas, de Juristas, asociación de Combatientes, Asociación Hermanos Saíz, además de organizaciones religiosas y de tipo similar, pero simultáneamente quedarían excluidas todas aquellas no “legalmente reconocidas”. Y ya sabemos que el régimen no reconoce a ninguna organización no ya opositora, sino simplemente contestataria.
Por otra parte, según los propagandistas, este tipo de propiedad “abarca los medios de producción patrimonio de…” las ya mencionadas entidades “que producen bienes y servicios”. ¿Qué se entiende por “medios de producción” en este concepto? Una correcta definición “marxista” debería incluir maquinarias, equipos, medios de transporte (camiones, ómnibus, automóviles, camionetas, motos y bicicletas), medios de comunicaciones, talleres, plantas industriales, edificaciones, imprentas, herramientas, combustibles y lubricantes, plantas eléctricas, teatros y círculos sociales, casas de visita y muchas cosas más. ¿Se incluyen en este concepto?
¿Y que significa producir “bienes y servicios”? Manufacturar productos industriales o alimenticios, o tal vez se incluyan libros y folletos, periódicos y publicaciones propagandísticas, programas de radio y televisión, páginas de internet, documentales, “abanderamientos”, visitas de “control y ayuda”, donaciones de sangre, movilización para trabajos voluntarios, protestas o “reafirmación revolucionaria”, y otras de ese tipo.
Tampoco olvidar la multiplicación. Muchas entidades tienen representación nacional, provincial y municipal, y la CTC tiene además dieciocho sindicatos ramales en cada nivel. Entonces, ¿cuánto costará al país mantener a esta “sociedad civil” oficialista (que no genera ingresos suficientes ni para pagar salarios de “dirigentes”), mantener los locales donde funcionan esos inútiles funcionarios y el aparato administrativo que les rodea, y los gastos colaterales para que funcionen esos dinosaurios que no contribuyen para nada al “avance y bienestar del país”, como dicen los apapipios del neocastrismo?
Sin embargo, lo verdaderamente importante no es cómo definir o financiar esa supuesta “propiedad de organizaciones políticas, de masas, sociales y de otras entidades de la sociedad civil cubana”, sino que tal forma de propiedad, y el régimen que la impone, sobran, porque no se necesitan para el buen funcionamiento del país.
