El castrismo frente a la patria potestad
El gobierno cubano ha erosionado durante decenios los derechos que tienen los progenitores sobre la educación de sus hijos
LA HABANA, Cuba. – El pasado 19 de septiembre, el programa Este Día de la Televisión Cubana (consagrado a evocar de manera breve las principales efemérides de la fecha) abordó un tema polémico: la “falsa ley de la patria potestad” circulada en los comienzos de la Revolución. Debo reconocer que, al escuchar el interesado enfoque, sólo atiné a pensar: ¡Qué gran ocasión de quedarse callados han desperdiciado!
El suelto, rebosante de maniqueísmo, mencionaba el texto de un espurio proyecto legislativo firmado por Osvaldo Dorticós Torrado. Se trataba del flamante Presidente de la República al que los cubanos, tan dados al choteo, asignaron el sobrenombre de “Cucharita”, porque “ni pinchaba ni cortaba”. La malintencionada mixtificación anticomunista que representaba la falsa ley habría surgido (¡no faltaba más!) en la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (la CIA).
El problema no radicaba en que el documento fuese una invención (que es lo más probable). Lo realmente importante es que, a pesar de la febril actividad legislativa de aquellos años iniciales del “Proceso”, no todas las medidas importantes del Gobierno Revolucionario llevaban forma de ley. En ese contexto, el proyecto divulgado habrá podido ser falso, pero reflejaba una gran verdad.
De hecho, esto pudo comprobarlo mi familia poco tiempo después. Quien esto escribe (entonces un joven de 17 años) obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de la Amistad de los Pueblos “Patricio Lumumba”, en Moscú. Recuerdo el comentario que hizo entonces mi padre: “Nosotros hubiésemos firmado todos los permisos que hubiesen sido necesarios, pero nadie pidió nuestra opinión”. Fue así como, siendo menor de edad, inicié un viaje a las antípodas sin un permiso formal de mis progenitores.
Esa realidad ha sido una constante a lo largo de toda esta pesadilla que pronto cumplirá 62 años. ¿Qué, si no un ataque desembozado contra la patria potestad, han sido las medidas enfiladas contra la familia cubana que el régimen castrista ha adoptado durante decenios! Ellas han sido muchas y constantes.
Viene al caso recordar las instrucciones que unos tíos míos le daban a su nieto cuando en unión de su mamá se aprestaba a emigrar: “No llores en el aeropuerto, pero si lo haces y te preguntan, di que es porque te entristece alejarte de tus abuelitos, pero que tienes muchas ganas de volver a ver a tu papá en Miami”. Esto era porque, con todo y la patria potestad (que se suponía sacrosanta), si un menor expresaba sus deseos de no querer irse de Cuba, ello bastaba para que las autoridades castristas impidieran que abordase el vuelo.
Pero conviene que pasemos de los ejemplos puntuales a realidades más generales. ¿Qué decir de la “Escuela al Campo”? Se trató, durante decenios, de una política del castrismo, diseñada y ejecutada con el deliberado propósito de socavar la institución familiar y, por ende, la autoridad de los padres sobre su prole.
Los adolescentes (¡a veces simples niños!) permanecían lejos de sus seres queridos por períodos de hasta 45 días. Allí, so pretexto de completar “su formación”, eran forzados a realizar rudos trabajos del campo (¡hasta una cita martiana invocaron a modo de justificación!). La alimentación solía ser mala o pésima.
Para congraciarse con los educandos, los comunistas, cual nuevos aprendices de brujos, recurrían al hacinamiento, la promiscuidad y el libertinaje. Los varoncitos constituían visita habitual en los albergues de las hembras. Las fugaces relaciones se establecían no sólo entre compañeros; también entre estudiantes y “profesores”, pues no era raro que algunos de estos tuviesen sólo un par de años de edad más que sus alumnos.
Por sus terribles consecuencias, este funesto engendro de la “Escuela al Campo” fue mantenida a ultranza por el fundador de la dinastía castrista. Fue sólo bajo el mandato de su hermano menor y heredero que se suspendió el repudiable experimento.
Ahora padres e hijos no están obligados a vivir separados durante semanas. Pero el ansia absorbente de los “mayimbes”: la de controlar la educación de los muchachos, se mantiene incólume. Ahí están, para demostrarlo, el matrimonio compuesto por el pastor evangélico guantanamero Ramón Rigal y su esposa Ayda Expósito, sancionados por pretender educar a sus hijos en casa.
Se trata de un derecho solemnemente reconocido y plasmado en importantes documentos internacionales. Pero, según el régimen cubano y los fiscales y jueces que le sirven, esos actos constituyen un supuesto delito: otros actos contrarios al normal desarrollo del menor, previsto y sancionado en el artículo 315 del Código Penal, que castiga al que “no atienda o descuide la educación (…) de una persona menor de edad…”.
Y por supuesto que, en la farsa judicial escenificada en Guantánamo, no se trató de esclarecer el nivel de conocimientos alcanzado por el menor hijo del matrimonio Rigal-Expósito. De hecho, no se excluye que la educación por él recibida haya sido harto superior a la muy precaria que se imparte en las escuelas del régimen.
Lo importante para los mandantes es evitar que algún menor se sustraiga al adoctrinamiento político y ateo que constituye la regla en el sistema nacional de educación. El fin perseguido es que cada niño cubano aprenda a realizar los actos que les enseñan los pedagogos comunistas, sin que importe mucho si sienten lo que expresan o simplemente lo fingen.
¿Y la patria potestad! Bien, gracias. ¡Y todavía se animan a cuestionar a quienes, durante decenios, se han declarado opuestos a los ataques que el régimen castrista perpetra contra los derechos naturales que tienen los progenitores sobre sus hijos!
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(La Habana, 1943). Graduado en Derecho (Moscú y La Habana). Abogado de bufetes colectivos y del Tribunal Supremo. Presidente de la Corriente Agramontista. Coordinador de Concilio Cubano. Miembro del Grupo de los Cuatro. Preso de conciencia (1997-2000 y 2005-2007). Dirigente de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil. Ha recibido premios de la SIP, Concilio Cubano, la Fundación HispanoCubana y la Asociación de Abogados Norteamericanos (ABA), así como el Premio Ludovic Trarieux. Actualmente es miembro de la Mesa de Coordinación del Encuentro Nacional Cubano
